El 10 de agosto se radicó ante la Comisión Quinta del Senado un proyecto de ley que busca prohibir la explotación de Yacimientos No Convencionales (YNC), el fracking, y además, ordena la reformulación de la política de transición energética en el país. Este proyecto, que cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional, es producto del trabajo conjunto entre las organizaciones que hacen parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking y el renovado Congreso de la República. En el proyecto de ley, firmado por 74 congresistas de diferentes tendencias políticas, se evidencia un propósito valioso: tomar acción de manera efectiva frente a la crisis climática a partir de la defensa de la naturaleza, el agua y la vida, que tiene repercusiones tanto a nivel local, como regional y global. Valdría la pena detenerse en este punto específico para entender la discusión que propone el presente proyecto de ley, que de manera general ha girado en torno al fracking, pero que con su articulado actual se inscribe en términos amplios en lo que sería la “lucha climática global” en camino de la disminución planeada de la dependencia de las energías fósiles como única manera responsable de afrontar la presente situación de crisis.
El fracking, en términos más precisos, se trata de la combinación de la perforación de pozos para la extracción de petróleo o gas con una larga sección horizontal, que posteriormente se fractura en múltiples etapas (20, en el caso del piloto Kalé de Ecopetrol), es un método específico de extracción de hidrocarburos de un solo tipo de YNC. De allí un asunto fundamental que propone el proyecto radicado: no solo la prohibición de una técnica, que podría variar en el futuro, sino de la explotación misma de este tipo de reservorios. Vale la pena recordar dos de los múltiples impactos ambientales de los que nos protegería esta posible Ley de la República: el uso excesivo de agua y su contaminación (48 millones de litros por pozo para el fracturamiento como propone el plan del piloto Kalé) hasta la ocupación intensiva de territorios, puesto que cada pozo pierde casi la totalidad de su “producción” en 3 años, lo que implica que deba ser remplazado. Según Ecopetrol, citado en el informe de la llamada “Comisión de Expertos”, en un área potencial de 2.093 k.m.2 estimaría perforar 12.930 pozos para dicha explotación. Para dimensionar esta cifra, en 104 años de extracción de hidrocarburos en Colombia se han perforado alrededor de 25.000 pozos en 2.070.408 k.m.² de territorio nacional.
Otro YNC presente en Colombia con posibilidades concretas de explotación (según la ANH, alrededor de 16.000 millones de barriles prospectivos), son las arenas bituminosas. Su forma de explotación es aún más peligrosa que la de los que usan el fracking: la extracción de los hidrocarburos que impregnan las arenas bituminosas se realiza mediante minería a cielo abierto (como la que se hace en el Cerrejón), lo que implica deforestar completamente las grandes extensiones a intervenir, excavar la superficie y procesar las arenas con enormes cantidades de energía, agua y químicos. Estas acumulaciones tendrían su mayor potencial de explotación en zonas densamente pobladas sin tradición de explotación petrolera como Boyacá y Cundinamarca, y en ecosistemas estratégicos como los del piedemonte amazónico del Putumayo (macizo de Garzón), la Serranía de la Macarena en el Meta y municipios del Casanare. Se necesitan alrededor de tres barriles de agua para extraer un barril de petróleo de estas arenas, y más del 90% de esta agua, alrededor de 1500 millones de litros al día en el Caso de la explotación de Canadá, termina como desechos tóxicos vertidos en piscinas masivas que contienen sustancias cancerígenas como el cianuro. Además, las emisiones generadas por barril de petróleo de arenas bituminosas pueden ser un 30 % mayores que las de petróleo convencional.
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Otro YNC presente en Colombia con posibilidades concretas de explotación son las arenas bituminosas, cuya explotación es aún más peligrosa que la del ´fracking´
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La ciencia ha demostrado ampliamente que la única manera de aumentar las posibilidades de no superar los 1,5 oC, límite del Acuerdo de París, es dejando la mayor parte de las reservas probadas conocidas enterradas en el subsuelo (ver artículo). Bombas de carbono como las presentes en los YNC del país, con el potencial de afectar tanto nuestros ecosistemas a nivel local como el clima global, deben evitar ser explotadas a toda costa. Además de la argumentación presentada, la prohibición de la explotación de los YNC busca proteger las finanzas de la nación y su principal empresa: Ecopetrol, en un escenario de mediano plazo donde la restricción del mercado para los combustibles fósiles, en espacial para aquellos más intensivos en carbono, generaría efectos económicos adversos (los llamados “activos varados”). El jueves 15 de septiembre tuvo lugar la Audiencia Pública del proyecto de ley referido, en el recinto del Congreso, con una amplia participación de la academia nacional e internacional, los gremios petroleros y las organizaciones sociales, y la guía de la senadora Esmeralda Hernández, coordinadora ponente en la Comisión. El proyecto de ley presentado lleva la discusión del fracking a límites mucho más ambiciosos con una clara intención: avanzar en el camino de hacer de Colombia una verdadera potencia mundial de la vida.
