El país se conmocionó cuando se hizo público el caso de la Dra. Catalina Gutiérrez Zuluaga, Q. E. P. D., la estudiante de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana que un domingo por la tarde, hace poco, cansada de sufrir, afectada de gravedad al parecer y agotada por la constante degradación a la que tenía que someter su dignidad, lamentablemente, decidió terminar con su vida.
Según muchos relatos que han empezado a conocerse por doquier, según la supuesta carta de despedida publicada en algunos medios de comunicación y en la que, la querida Dra. Catalina con sus últimos instantes sobre la faz de la tierra, invitaba a los demás médicos residentes a aguantar, en mi criterio, permite observar un móvil, un motivo fundado para investigar y encontrar una probable evidencia sobre la insoportable coacción, el desprecio por la dignidad del estudiante y qué paradójico, el irrespeto por su vida.
Según las sentidas palabras ahogadas en el lamento que produce la impunidad, los angustiosos recuerdos que valerosamente compartió el Dr. Carlos Jaramillo en YouTube, este asunto de humillar para enseñar, de menospreciar atacando la moral para formar, de minimizar la templanza y la dignidad de los estudiantes de medicina como método para meter en sus cabezas lecciones rigurosas, es algo que no es de ahora y que no debe dejarse solamente en las maleables investigaciones internas de cada institución, o en las visiones solubles y pasajeras de las autoridades políticas.
Alguien tiene que decirlo con todas las letras y sin temor, pero es que, humillar y degradar de forma sistemática a un estudiante, agredirlo atropellándolo con estereotipos machistas o censurarlo para ridiculizarlo públicamente y anularlo del cruel estándar de “excelencia” que se pavonea entre las aulas y salas de cirugía, claramente se adecuan a diferentes clases de conducta punible o delito, según las circunstancias, los hechos, la consecuencia o el daño que se genere en la victima.
Por ahora, solo me encargaré brevísimamente de hablar de dos delitos que es probable, se estén normalizando en algunas facultades de medicina. Por ejemplo, las lesiones personales, pues ellas no son solo las que se causan en una riña o en un accidente de tránsito, tampoco son solo las que producen deterioros físicos, pues los daños y agravios emocionales pueden ser considerados como una perturbación psíquica transitoria, una afectación temporal en la salud mental.
Si un profesor, un monitor o cualquier miembro de la comunidad educativa humilla, causa grave ofensa o agravio a un estudiante, por el hecho de confundirse la violencia con la exigencia o desconocer al estudiante su derecho a la dignidad o al proyecto de vida; ese agresor podría enfrentar una pena de prisión de treinta y dos a ciento veintiséis meses y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis a sesenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el código penal colombiano, Art 115.
Ahora bien, si el daño causado a la víctima fuere permanente, la pena será de cuarenta y ocho a ciento sesenta y dos meses de prisión y una multa de treinta y seis a setenta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por otro lado, si las lesiones personales que causan perturbación psíquica son de tal magnitud que conllevan “eficazmente o inducen” al estudiante al suicidio, se incurrirá en prisión de treinta y dos a ciento ocho meses de prisión.
Los estudiantes quieren que se investigue a profundidad si en el caso de Catalina y en sucesos similares, se han causado lesiones personales con perturbación psíquica o de inducción al suicidio
Los estudiantes de medicina no necesitan explicaciones exculpatorias que los victimicen, como aquellas que se escuchan cuando se habla del rigor y la grandeza que se requiere para estudiar medicina, o, las que a veces se oyen con sarcasmo en las rotaciones, cuando los maestros abusivos llaman a los alumnos que reclaman sus derechos y su dignidad, como miembros de una “generación de cristal”.
Los estudiantes de medicina del país tampoco requieren promesas vacías sobre “los cambios que harían temblar los cimientos pedagógicos y educativos”, lo que los estudiantes de medicina quieren respetada Dra. Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, es que se investigue a profundidad si en el caso de Catalina y en sucesos similares, se han causado lesiones personales con perturbación psíquica o de inducción al suicidio, entre otras.
Es urgente desterrar esa silente afirmación sembrada por el temor reverencial y que le hace creer a la víctima, que está prohibido denunciar o que se debe soportar porque está prohibido fallar. Por esto, dirijo esta columna a la señora fiscal, porque solo Usted, Dra. Luz Adriana, puede brindar las garantías a los que se encuentran humillados, para que se entienda de una vez por todas que en las facultades de medicina y en los hospitales, lo primero es no hacer daño a los estudiantes, médicos y enfermeras, Primum non nocere, si es que se quiere cumplir con estos compromisos milenarios del juramento hipocrático: los principios éticos y morales, el respeto por la vida y la integridad profesional.
@HombreJurista
