Hace cuatro años Santos fue recibido con movilizaciones que desde Nariño hasta Boyacá protagonizaron cientos de miles de familias lecheras en defensa de la producción nacional y su derecho al trabajo ante el intento del Gobierno de prohibir la comercialización de leche cruda, medida derrotada gracias a la movilización.
Así comenzó el Gobierno de Santos y así ha continuado. El paro estudiantil más grande de la historia del país, movilizaciones mineras, cafeteras, camioneras, el enorme paro agrario que “no existió” y las batas blancas engavetando la reforma a la salud, tienen en común, en primer lugar, que cada una de las medidas que causaron la molestia ciudadana constituyen un eslabón para profundizar el libre comercio, un modelo económico caduco que impone entre potencias imperialistas y neocolonias relaciones de vasallaje y que se hace trizas en el mundo entero. En segundo lugar, se prueba una ley social: no existen derechos, libertades o conquistas democráticas que sean producto de dádivas piadosas de los gobernantes, no. A cada derecho, a cada garantía, a cada victoria le anteceden enormes procesos de movilización. Dicha tendencia es la principal preocupación de Santos, quien aspira a reelegirse para continuar profundizando medidas antinacionales que irremediablemente conducirán a mayores levantamientos.
Es en ese contexto en el que el Gobierno ha adelantado una campaña de persecución contra el Polo por ser el único partido que, no solo promueve la protesta social, sino que se funde en ella. Esa es también la razón de cada señalamiento rabioso contra el senador Jorge Enrique Robledo, quien sin ambages ha hecho de su curul una tribuna para los indignados del país. Y es esa también la razón por la cual el Gobierno tramita el Proyecto de Ley 091 de la Cámara de Representantes, por medio del cual se modifican algunas disposiciones del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley del Procedimiento Sancionatorio Ambiental, el Código Nacional de Tránsito, el Código de Infancia y Adolescencia y la Ley de Seguridad Ciudadana, un proyecto mediante el cual se intenta constreñir el derecho a la protesta.
La medida promovida por Santos y su ministro de Defensa pretende imponer serias trabas al derecho a la protesta, yendo más allá tanto de los límites constitucionales como de los que impuso en su momento la ley de seguridad ciudadana. Así, se establece que “quien obstruya vías de manera temporal o permanente tendrá prisión de 36 a 60 meses y multas de veinte a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes”. El artículo 44 de la ley de seguridad ciudadana establece que se judicializará a quien por medios ilícitos obstruya la vía pública, mientras el Proyecto de Ley 091 elimina el concepto “ilícito” y convierte en criminal a quien “participe” en manifestaciones pacíficas. Es decir, se borra una barrera que permite dar trato criminal a quien proteste de manera pacífica. Dicha medida pretende castigar el legítimo derecho a la protesta social y en especial la participación de los jóvenes en estas, pues han sido ellos el eje de las movilizaciones que ha vivido el país durante los últimos años. El afán por perseguir a los jóvenes queda en evidencia con medidas como la de imponer aumentos hasta de una tercera parte de la condena si en las movilizaciones participan menores de edad.
El proyecto es promovido por la aplanadora santista y cuenta con ponencia favorable de German Barón, de Cambio Radical; Pedrito Tomás Pereira, del Partido Conservador, Berner Zambrano, del Partido de la U; Alfonso Prada, de la Alianza Verde; José Rodolfo Pérez y Fernando de la Peña, ambos del PIN, dejando claro que a la hora de legislar contra los colombianos, los partidos de la Unidad Santista funcionan como uno solo.
La antidemocracia económica viene de la mano de la antidemocracia política. A la profundización del libre comercio, a la pérdida de soberanía, la quiebra de la industria y el agro y la privatización de los servicios públicos, la educación y la salud, la acompañarán ineluctablemente enormes procesos de movilización y protesta. Ese es el temor de Santos, pues un Gobierno que a duras penas ha soportado cuatro años, difícilmente podrá afrontar cuatro más con un país convertido en una olla a presión.
Que el país sepa que los malos gobiernos no se irán solos, hay que empujarlos, y el camino probado para conseguirlo está en las calles. Todo indica que vendrán cada vez más ríos incontenibles de gente a empapar las calles en dignidad y a lavar la suciedad que los juanmanueles han dejado.
