El señor Luis Pérez Gutiérrez se siente con Epm como algunas mujeres u hombres que tienen una pareja infiel, traicionado; pero no hay tal, lo que pasa es que el gobernador es un irresponsable y un descuidado.
La decisión tomada en torno a la hidroeléctrica de Ituango por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es de una gravedad inusitada, habida cuenta de que puede considerarse como el principio del fin del ambicioso proyecto hidroeléctrico situado en el norte de Antioquia, y de paso podemos decir que le puso fin al recreo en que se ha mantenido el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, el presidente de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., y su junta directiva, con la expedición de la resolución número 00820 del 1 de junio de 2018, por medio de la cual se suspenden, de manera inmediata, todas las actividades relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse.
El gobernador de Antioquia, en lo que hace y tiene que ver con el proyecto Hidroituango, ha venido actuando como un espectador o un árbitro frente a la crisis y la emergencia ocasionada por el taponamiento con unas moles de concreto de unos 30 metros de espesor, de los dos túneles construidos inicialmente, con tres propósitos que pueden resultar temerarios y de mala fe: uno, para borrar las huellas de los derrumbes en el interior de los túneles que al parecer no se construyeron técnicamente y porque no fueron recubiertos internamente; dos, para conseguir que Cementos Argos vendiera muchos sacos de cemento; y tres, para llenar el embalse antes de tiempo y sin que las obras estuvieran terminadas, y de esta manera cobrar 70 mil millones de pesos de una prima por la entrega anticipada del proyecto.
La primera hipótesis puede tener alguna lógica, si se tiene en la cuenta que lo usual en estos casos es poner en la bocas del túnel una compuerta, pero como tenían que borrar toda huella, resolvieron sepultarlas con concreto y de paso darle una manito a Cementos Argos. Los ciudadanos le debemos solicitar a la Fiscalía que investigue a fondo estas tres hipótesis, y de inmediato, para hallar todos los responsables e implicados en tan abominables y censurables determinaciones. También consideramos oportuno indagar si con el tercer túnel, que improvisaron y que fue el que ocasionó la emergencia, se pretendida resguardar esta treta.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tomó el toro por los cuernos, como tenía que ser, al poner en cabeza de la empresa matriz, la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., toda la responsabilidad del cumplimiento de requisitos, tales como la contratación de peritos expertos, nacionales o extranjeros, para que emitan un dictamen claro, preciso, detallado y objetivo sobre las condiciones actuales de estabilidad, y no en cabeza del contratista Epm, que funge como tal en el proyecto Hidroituango, y a la vez como contratante.
Esto es lo que dice la ANLA: “La Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., a su costa deberá contratar un perito (s) experto (s) a fin que emita un dictamen claro, preciso, detallado y objetivo, sobre las condiciones actuales de estabilidad (bajo el escenario de contingencia) y futura (bajo el escenario de operación) de la infraestructura asociada a las obras principales del proyecto Central Hidroeléctrica Ituango, que suministre información suficiente a la ANLA que le permita tener certeza científica sobre la existencia o no condiciones de riesgo que pueda derivar en impactos sobre el ambiente, por posibles efectos sobre la integralidad de la infraestructura existente en el proyecto ocasionando graves inundaciones aguas abajo, con ocasión de la contingencia iniciada el día 28 de abril de 2018”.
El cumplimiento de lo ordenado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) recae sobre los siguientes funcionarios: el gerente de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P, José Gustavo Jiménez Arango; Luis Pérez Gutiérrez como presidente de la junta directiva; y Mauricio Tobón Franco, Wilson Chinchilla Herrera, Jesús Arturo Aristizábal Guevara y Alejandro Giraldo Cadavid, como miembros de la misma. Estos personajes han estado agazapados en medio de la crisis, nadie los ha llamado a rendir cuentas dejando toda la responsabilidad en cabeza Epm, cuyos directivos y su junta directiva, por pasarse de listos o por la ambición de dinero y el deseo del enriquecimiento fácil, adjudicaron la licitación y le echaron encima este pesado muerto a Epm. ¿Cómo lo hicieron? Muy sencillo, comprándole al IDEA y al departamento de Antioquia la participación que tenían en la empresa de papel denominada EPM Ituango S.A E.S.P.
No sobra recordar que a los antioqueños y a muchos colombianos les hicieron creer que EPM había comprado la participación del Instituto para el Desarrollo de Antioquia “IDEA” y el departamento de Antioquia en la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. Lo que compró EPM en una oscura maniobra fue la posibilidad de adjudicar la licitación a dedo del proyecto hidroeléctrico más importante del país.
Cuando decimos que adjudicaron la licitación a dedo es porque faltando 5 días para que se cerrara modificaron las condiciones para que dos de los cuatro consorcios finalistas no pudieran participar y solo quedaran las honestas, eficientes y pulquérrimas Odebrecht y Camargo Correa, como en efecto sucedió. Lo que se conoce es que estas dos honradas, insobornables y no sobornadoras empresas, llegaron a un acuerdo para que una, con su consorcio, estuviera en la sombra y la otra de cuerpo presente. Esto es que la que se ganara la licitación, partía los beneficios con la otra.
¡Que hubo pago de sobornos se conocía desde el año 2012! Pero como en este escándalo de corrupción estaba y está comprometida la élite económica y política de Antioquia, lo taparon con el gobernador de esa época. Hoy esta misma élite económica está ocultando el escándalo, con su alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga. El mandatario medellinense tuvo conocimiento de los hechos de corrupción en Hidroituango desde los primeros días de 2017. No se nos puede olvidar que en el mes de octubre del mismo año, la Fiscalía allanó la sede de Epm en busca de documentos comprometedores. Este hecho tan grave también lo cubrieron las élites económicas y políticas que están comprometidas hasta los tuétanos con la corrupción en Medellín y en Antioquia. El alcalde sigue apagando el incendio de Hidroituango que es lo único que puede hacer después de la decisión que tomó la ANLA, mientras conjuntamente con el gobernador, protegen a los responsables de este indiscutible desastre.
