Más de 300 docentes de la Universidad Nacional de Colombia, excolegas de algunos altos funcionarios del Gobierno como el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla o el presidente de la Cámara de Representantes David Racero, critican que el proyecto de reforma pensional, entre otras razones resumidas en siete puntos, preserva los regímenes excepcionales que les permiten al Presidente de la República, los congresistas, magistrados y las fuerzas militares pensionarse con montos diferentes a los establecidos para los ciudadanos comunes y corrientes.
En la carta radicada en el Senado y la Cámara de Representantes, los docentes de la Nacho piden archivar definitivamente el proyecto porque tampoco reducirá las desigualdades sociales, como lo prometió el presidente Gustavo Petro desde que era candidato del Pacto Histórico porque las pensiones de los altos funcionarios del Estado son los que se llevan la mayor proporción de los recursos públicos.
En estas condiciones, los académicos no creen que la reforma pensional propuesta reduzca las ‘cacareadas’ desigualdades, tampoco mejora las condiciones de vida de la población en situación de pobreza, no cierra brechas y, por el contrario, sí afectara gravemente los derechos pensionales de los jóvenes y de un segmento de los actuales cotizantes para alcanzar una pensión medianamente de acuerdo con su trabajo.
Los otros seis puntos de la carta de los docentes de la Universidad Nacional en contra de la reforma pensional y con los cuales insisten en retirar el proyecto, se refieren a que limita la cotización en Colpensiones, lo que a la postre reduce el monto de la pensión final y no reduce los polémicos subsidios a las pensiones altas como lo han querido los Fondos Privados de pensiones.
Además, cambia de manera súbita las reglas de juego e impone un solo camino para alcanzar la pensión; el régimen de transición es injusto para el profesorado porque la mayoría de ellos por ser catedráticos, no han superado las 1.000 semanas cotizadas; traslada la criticada fórmula de cálculo de la mesada que han utilizado los Fondos privados a Colpensiones, les permite a los empleadores terminar unilateralmente el contrato laboral cuando el trabajador cumple las condiciones para acceder a la pensión de vejez y se rompe la promesa de un retiro tranquilo.
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