Con eventos como el Día E, la ministra pretende imponer el ISCE -- Índice Sintético para la Calidad de la Educación-- que apunta sustancialmente a certificar, descentralizar y, finalmente, “plantelizar” la educación para medirla como si fuera una empresa. Las razones del magisterio para oponerse al ISCE se pueden resumir en los siguientes puntos:
1. El Estado sanciona pero no atiende: sirve a la hoja de ruta del neoliberalismo, dirigida hacia la desatención del Estado de sus obligaciones para transferirlas a las esferas locales de cada institución. El deber estatal se reduce a chequear si las normas del ISCE se cumplen o, de lo contrario, proceder en la escala de sanciones, que pueden llegar hasta el cierre de los planteles. Este índice de calidad obliga a mostrar resultados en las pruebas estándares, nacionales e internacionales, como uno de los indicativos de la “calidad del servicio/producto”, para finalmente determinar cuál o cuáles instituciones educativas permanecen o desaparecen del “mercado” y cuál profesor merece o no bonificaciones salariales, porque de aumento, bajo este modelo, ni se habla.
2. Educación como empresa: este índice de calidad le imprime a la evaluación institucional criterios empresariales, con normas de calidad propias de la productividad industrial. Trata a los estudiantes como objetos, a las familias como clientes y a los profesores como operarios. De ahí que la relación costo-beneficio que evalúa el ISCE se mida desde la relación de número de alumnos por profesor, impeliendo a los colegios a aumentar el hacinamiento.
3. La familia y la sociedad “responsables” de la educación: El ISCE mide la promoción de estrategias financieras que alivien las carencias presupuestales estatales. Estrategias que van desde el pago de la matrícula por parte de los padres de familia, hasta el importe de tarifas especiales para que los estudiantes accedan a cursos de extensión en las áreas que han ido desapareciendo del currículo, como las artes y la educación física. La imposición de la mal llamada jornada única va en esta dirección.
4. Pérdida de la autonomía institucional y la libertad de cátedra: al promover un “mayor nivel de participación ciudadana” en el control y vigilancia de la actividad laboral de los docentes, se da poderes a padres y acudientes, que, como una suerte de “patrones”, atentan contra la autonomía escolar, pasando por encima de sus derechos, su dignidad y su quehacer docente, y establece entre unos y otros una relación en planos de confrontación, lejos de la armonía que debe coexistir entre ellos. Los hogares, para tener dicha injerencia, deben participar en la financiación de colegios.
5. Plantelización: Según el ISCE, el gobierno debe permitir que paulatinamente cada escuela administre sus propios asuntos y decida sobre la ejecución de los recursos para ir aumentando sus responsabilidades, adecuando así el principio constitucional que incluye a la familia, a la sociedad y al Estado como “responsables” de la educación.
¿Qué hacer?
Frente a tan grave amenaza, los docentes debemos anteponer la defensa de la educación pública estatal en la cual la calidad no sea sinónimo de la gestión empresarial sino de la formación integral de los estudiantes en conocimientos científicos y como seres humanos, con acceso a la más alta tecnología y la mejor infraestructura para el proceso de enseñanza y aprendizaje; con garantías laborales, de ingreso, capacitación y estabilidad para los docentes; donde las funciones estén delimitadas entre el Estado que financia y administra y los maestros y directivos que ejercen plena autonomía escolar en su labor pedagógica por el bienestar general de la sociedad.
@antonietacano
