“Resuelvan el problema de los estudiantes de once o en el colegio rodarán las cabezas del rector, director y orientadora” (El Espectador, 1.12.2017), fue la amenaza que recibieron en el Instituto Técnico Nacional de Barranquilla, colegio de secundaria, este fin de año. El informe de que 28 estudiantes de grado 11 debían repetir el curso de acuerdo con la legislación educativa vigente desencadenó la situación, según el diario. Los padres de familia alegan que la noticia les cayó de sorpresa y “los dejó inconformes porque, según ellos no les avisaron a tiempo sobre la situación de sus hijos”. La falta de acompañamiento efectivo (¿complicidad?) y posterior “perplejidad” de los padres de familia en estas situaciones, las he expuesto en anteriores artículos. Personalmente acumulé muchas anécdotas. De no ser un asunto tan deplorable, podría asegurar que todas son hilarantes. Lo más triste: la noticia se dio en un oscuro rincón y ahí permaneció hasta que se esfumó. Nadie la retomó. Y menos el poder judicial. Las amenazas de asesinatos de maestros no son noticia.
Este repudiable asunto me traslada al final del año escolar de 2010, cuando me encontraba como docente activo. Situémonos en el tiempo: Colombia venía de una promoción automática en educación primaria del gobierno de Ernesto Samper (1994-98) y su Mineducación J. Niño Díez, que empalmó con la promoción automática en secundaria (decreto 230/2002) del gobierno de A. Pastrana, Mineducación Kiko Lloreda. Pero quien –quizá por imposiciones del FMI— había “craneado” y aplicado como piloto esta última –en la capital del país— antes de llevarla como decreto nacional, había sido la entonces Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá Cecilia Vélez, que desde agosto de 2002 pasó a ser Mineducación de Uribe en sus dos gobiernos (2002-2010). Como docente activo, mi columna Desde NOD repitió hasta el cansancio las situaciones de desmedro que se veían venir, de las ya malas condiciones de la calidad en nuestra educación. Hacia fines de 2008, las mediciones mundiales dieron un penúltimo lugar a Colombia en primaria y secundaria.
Y es que los resultados estaban a la vista, sin necesidad de mediciones. Fue por eso que, ya en 2009, Vélez comenzó una cruzada contra nuestra pésima educación, sin aceptar que ella había sido una de las más responsables. Manejando los medios de comunicación con sin igual sutileza, convenció al país, de que los maestros serían los agentes creadores y propiciadores de la anhelada mejoría. Ordenó a cada institución realizar jornadas -con actas- y por intermedio de sus rectores presentarlas a las secretarías de educación y éstas al ministerio con las propuestas. Yo lo viví. Cada institución educativa sería responsable de hacer lo que había propuesto. De una u otra manera, los maestros volveríamos a lo que a gritos se había pedido: eliminar la promoción automática (el 230/2002) y retornar a la honra del esfuerzo personal como otra de las herramientas básicas del aprendizaje. Vélez aceptó; ¿era lo que buscaba? Debería comenzar a aplicarse el siguiente año (2010), cuando finalizaba su mandato.
El 7.8.2010, el nuevo presidente Santos posesionó como mineducación a Ma. Fernanda Campo. Se olía su incompetencia. Se percibía que, de la problemática educativa, sólo tenía el que brindan las cadenas televisivas. “Se estrenó” con la “pérdida del año” de miles de estudiantes de primaria y secundaria, a causa del revulsivo de la nueva forma de promoción, que era la misma del sistema evaluativo de antes de la debacle del 230. Pero más de ocho años de promoción automática habían creado una secuela tanto en estudiantes como en sus padres de familia. Acosada por éstos hacia final de ese año lectivo, se lavó las manos echando la culpa a los docentes. En Colombia los ministros de educación compiten en incompetencia. Es difícil escoger el peor de los peores. Se presta a confusiones. Para muestra la actual. Pero sería para otro artículo.
Y en cuanto al tema con el que iniciamos esta columna, al final será lo de siempre: “defiéndase como pueda, profe” o “agache la cabeza, páselos y coma callado”. No espere ayuda de ninguna autoridad educativa ni menos judicial. Crucemos los dedos y roguemos a Dios para que no haya víctimas qué lamentar. ¿Y la prensa? ¡Nada! 7.12.2017
