El pasado 8 de agosto, el territorio de paz de Conejo, en La Guajira, tuvo la visita del director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, Dr. David Beasley, lo cual es un mensaje de esperanza para un departamento cuyos índices de pobreza y desnutrición son de los más altos del país.
La Guajira es un territorio amenazado por conflictos mineros y ambientales, también por elevados índices de pobreza multidimensional, afectaciones directas del conflicto armado y una evidente debilidad institucional.
Fue a partir de esos criterios que en la mesa de negociaciones de La Habana, Cuba, municipios como Fonseca, Dibulla y San Juan del Cesar, en La Guajira, fueron incluido entre los 170 municipios priorizados en el ámbito nacional para la implementación del acuerdo de paz, en particular la Reforma Rural Integral, buscando con esto la superación de la brecha de desigualdad e inequidad que afecta al campo colombiano, así como la reparación a un territorio que fuera escenario de una cruenta confrontación.
Inexplicablemente, próximos a cumplirse seis años de la firma del acuerdo de paz con las antiguas Farc-EP, el bienestar y el buen vivir prometido a los habitantes del campo no llegan; al día de hoy, ni una sola hectárea de tierra ha sido entregada de manera gratuita a nuestros campesinos por concepto del fondo de tierras definido en el acuerdo de paz; la escuela digna, la atención médica a tiempo y de calidad, el acceso al agua potable, la redes de energía y la conectividad, las semillas para el cultivo , la asistencia técnica, distritos de riego y centros de acopio y comercialización de los productos, brillan por su ausencia. No se trata únicamente de falta de recursos, sino también de falta de voluntad política gubernamental, de una inadecuada distribución de las riquezas y de un manejo corrupto del presupuesto público.
El gobierno cuyo periodo acaba de terminar prometió hacer trizas los acuerdos de paz firmados en La Habana Cuba y de alguna manera cumplió su promesa, al no incluir el Plan Marco de Implementación de los acuerdos, como capitulo especifico del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018-2022), lo que hubiese podido garantizar nuevas fuentes de recursos para la paz; al no ofrecer suficientes garantías de seguridad a los excombatientes, cuyo saldo de asesinatos es de 337, igualmente a las lideresas y líderes sociales; y finalmente por su complicidad en el desfalco de los recursos de los Ocad paz, que afecta directamente a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Tan escandalosa es la cifra de recursos malversados como el hecho de que la mayoría de estos provienen de fondos internacionales.
La Guajira no solo es uno de los departamentos de Colombia con mayor índice de pobreza multidimensional, es también uno de los territorios del país donde más niñas y niños mueren por falta de alimentos o padecen de desnutrición crónica. Contrasta esto con el impulso de proyectos mineros que sacrifican la vocación agrícola de nuestro suelo, por la explotación irresponsable de Carbón y otros minerales, que genera.
La propuesta alternativa del pueblo guajiro frente a la vorágine minera es la de convertir el sur del departamento de La Guajira en una gran despensa agrícola y una fuente de alimentos para sus habitantes y para Colombia. Es por lo anterior que sus comunidades proponen:
Uno: detener el avance de los proyectos mineros, como el de la Best Coal Company, que pretende la explotación de carbón en el corregimiento vecino de Cañaverales, lo cual sacrificaría el manantial de agua dulce más importante de La Guajira: el manantial de Cañaverales; se sacrificarían, igualmente, arroyos y riachuelos que nacen en la serranía del Perijá y son afluentes importantes del río Ranchería. Esa política económica basada en el extractivismo minero es contraria a la vocación agrícola y de convivencia con el medioambienten, de comunidades que han aprendido a priorizar el agua, la vida de las especies y la soberanía alimentaria; comunidades que prefieren un modelo de producción de alimentos a la luz de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Dos: de normalizarse las relaciones políticas y diplomáticas entre Colombia y Venezuela, tal como lo ha anunciado el nuevo gobierno de Colombia, en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez, impulsar proyectos binacionales de producción de alimentos que ayuden a mitigar la situación humanitaria de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan a lado y lado de la frontera.
Convertir al departamento de La Guajira en territorio priorizado para la producción de alimentos, mediante el impulso de proyectos integrales que cuenten con recursos del PDET y del Programa Mundial de Alimentos; proyectos que tengan garantizadas todas las fases de: producción, recolección y acopio, transporte, comercialización y consumo; proceso en el que deben jugar un papel protagónico las comunidades, sus organizaciones y liderazgos.
En definitiva, la alternativa de las comunidades guajiras para contrarrestar la vorágine que entraña el extractivismo minero es la producción de alimentos.
