Como es de público conocimiento, hace pocas semanas el Grupo Prodeco anunció la terminación de sus actividades de extracción minera en el departamento del Cesar. Fue un anuncio que dicha empresa oficializó al notificarle a la Agencia Nacional de Minería (ANM) que renunciaba a los títulos mineros otorgados hace cerca de 30 años por el Estado colombiano, soportando su renuncia en la crisis por la que atraviesa el sector minero-energético, crisis que al venir produciendo una caída en los precios internacionales del carbón térmico, conllevó a la empresa a determinar que “el reinicio de las operaciones mineras no resulta económicamente viable” (Grupo Prodeco: 2021), por lo que ha suspendido su presencia en las minas Calenturitas y La Jagua, a la vez que ha iniciado todo un proceso jurídico conducente a devolverle al país los mencionados títulos mineros.
Frente a este anuncio, algunas voces y sectores críticos no dudan en vislumbrar en el anuncio del Grupo Prodeco una decisión estrictamente económica, basada en cálculos de costo-beneficio, y no una decisión ética y moral resultante, por ejemplo, de una adopción de las recomendaciones del Acuerdo de París, lo que explicaría su decisión no como una simple reacción ante una situación de inviabilidad financiera, sino como una apuesta por combatir el cambio climático al que contribuyen en gran medida la mega-minería y otras industrias.
Sin embargo, empresas como Prodeco están muy lejos de tomar ese tipo de determinaciones, y en lugar de ello, siempre buscarán nuevas oportunidades de mercado y de lucro, a lo que hay que sumarle el hecho de que su eventual salida del país tendrá un carácter parcial, teniendo en cuenta que Prodeco es filial y subsidiaria de Glencore, una empresa transnacional con sede en Suiza que, junto a las también transnacionales BHP Billiton y Anglo American, explota actualmente los yacimientos carboníferos situados en el sur de La Guajira, en las minas de El Cerrejón, lo cual quiere decir que el Grupo Prodeco se irá del país pero su casa matriz no, la cual seguirá reproduciendo el nefasto modelo de desarrollo extractivista que impera en Colombia desde hace varias décadas.
Por su parte, el Estado colombiano, en cabeza del actual gobierno y de la Agencia Nacional de Minería, también continuará reproduciendo dicho modelo de desarrollo, siendo así como en respuesta al anuncio del Grupo Prodeco, el presidente de la ANM señaló que se evaluará la viabilidad técnica y jurídica de tal renuncia, que a su juicio, en caso de prosperar, se constituye en una oportunidad para la llegada de nuevos inversionistas y de jalonamiento del sector minero, todo bajo el manto legal de la Ley 685 de 2021, la cual, como se sabe, es una figura legislativa esencialmente neoliberal, que concibe el extractivismo y la gran minería como estrategias de desarrollo sin que de ellas participe directamente la institucionalidad nacional, sino grandes empresas transnacionales que se instalan en el país en virtud de la atracción de grandes capitales financieros internacionales.
En el marco de tal atracción y gracias a la citada Ley y al Código de Minas de 1988 que la antecede, Colombia ha institucionalizado y naturalizado los llamados contratos de concesión, aquellos que les otorgan a las grandes empresas extractivas títulos mineros a ejercer por décadas y que asimismo se prorrogan por muchos años. Como el ejercido por Grupo Prodeco, estos títulos han estado acompañados de discursos y promesas de desarrollo que con el pasar del tiempo han quedado totalmente desvirtuados.
Para el caso, la evidencia indica que tras 30 años de minería de carbón a cielo abierto en el Cesar, los municipios que conforman el denominado corredor minero del departamento (El Paso, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico y Becerril), sobre el que también tiene influencia la empresa estadounidense Drummond, han sido receptores de millonarias sumas de dinero por concepto de regalías, sin que éstas se hayan reflejado aún en un mejoramiento de la calidad de vida de las gentes y comunidades que habitan en esos municipios.
En el mundo es un común denominador observar que los poblados que se encuentran en cercanías de minas de carbón a cielo abierto presenten altos índices de pobreza, desempleo y de necesidades básicas insatisfechas, entre otros males, lo cual es indicativo de que empresas como Prodeco y Drummond en el Cesar, y como el complejo minero El Cerrejón en La Guajira, concentran las riquezas derivadas de la extracción minera sin compartirlas con las que esas empresas llaman “zonas de influencia” y “comunidades vecinas”.
Al respecto, Robert Vides, un poblador de La Jagua de Ibirico consultado por el periódico El Heraldo, ha manifestado ante la salida de Prodeco que “la empresa se lleva la riqueza del carbón, se va y nos deja sólo los socavones” (El Heraldo: 2021), a lo que habría que agregar que tras su salida, Prodeco no estará a paz y salvo con el país y particularmente con el departamento del Cesar, cuyas gentes, sobre todo aquellas que habitan en el corredor minero, pueden dar cuenta de que la empresa minera dejaría un pasivo social, económico, ambiental y humanitario sin resolver.
En tal dirección, se entiende que las regalías –ese mal necesario fruto de la extracción– dejarán de ser recibidas por el departamento cesarense y por sus municipios mineros, en los cuales la economía local, por muchos años dependiente de la actividad minera, sufrirá las consecuencias de perder a un socio estratégico, uno que si bien ha atraído hacia sus minas a parte de la mano de obra oriunda de la región, y que además ha contribuido a dinamizar la oferta y demanda de determinados bienes y servicios, también le ha impuesto al departamento toda suerte de problemáticas ambientales, padecidas por no pocos lugareños y trabajadores de mina que, además de ver afectada su salud por cuenta del polvillo de carbón que emanan los yacimientos, han visto asimismo cómo las paredes de sus casas se han agrietado, como resultado de las fuertes explosiones que por años han tenido lugar en las minas, en muchos casos amenazando con venirse al suelo sin que Prodeco se haya pronunciado sobre el tema, lo que seguramente no hará luego de que se efectúe su salida.
Por otra parte, Prodeco se irá de Colombia sin que aún haya respondido por los vínculos directos que sostuvo con grupos paramilitares de las AUC entre los años 1996 y 2006. Alrededor de este hecho, es bien conocido el informe El lado oscuro del carbón, de autoría de la organización humanitaria Pax Colombia, en el que se denuncia que tanto la empresa Drummond como Prodeco financiaron la violencia paramilitar en el departamento del Cesar durante los años en mención a fin de obtener tierras potencialmente explotables, con la particularidad de que dichas tierras eran propiedad de pobladores locales que, por cuenta de tal financiación, soportaron los rigores de verdaderas oleadas de despojo, desplazamiento forzado, desaparición, asesinatos selectivos y ventas obligadas de predios provocadas por el paramilitarismo.
A raíz de esta situación, la Fiscalía General de la Nación, en diciembre de 2020, acusó a dos altos directivos de la transnacional Drummond por haber respaldado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo que abre la posibilidad de que puedan comparecer ante la justicia transicional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como terceros involucrados en el conflicto (Pax en Colombia: 2021), siendo este el mismo camino que tendrían que tomar aquellos dirigentes del Grupo Prodeco que al apoyar al paramilitarismo, influyeron en la circunstancia de que el corredor minero del Cesar se convirtiera, junto a otras razones más, en una de las zonas más afectadas por el conflicto armado.
Es por ello que la salida de Prodeco no se puede surtir sin que antes la empresa minera responda por los crímenes que patrocinó y por las distintas afectaciones que deja atrás. En ello el gobierno debería ser proactivo, pero su falso y nulo compromiso con la paz del país, con las víctimas del conflicto armado, con el ambiente y con las comunidades rurales no le permitirá presionar a un actor que, al igual que Drummond y El Cerrejón, ha sido una ficha fundamental de su noción de desarrollo, una noción que por un lado, está anclada en fundamentos neoliberales y en un capitalismo salvaje, y que, por otro, ha hecho del extractivismo y de la minería de carbón a cielo abierto una política de Estado que en realidad no responde a los intereses de la nación y de sus territorios, sino a los intereses privados de grandes empresas transnacionales.
Bajo este panorama, es tarea de las gentes y comunidades afectadas por empresas como Prodeco, así como de todos aquellos sectores y movimientos sociales que se oponen al modelo de desarrollo extractivista que dichas empresas representan, crear las condiciones necesarias que permitan librar a los territorios de emprendimientos mineros, que en lugar de generar el prometido desarrollo, el cual no pasa del plano discursivo, tan solo producen para sí bastas ganancias que no son más que el telón de fondo de una serie de afectaciones socioambientales y socioterritoriales de gran magnitud.
En conjunto, tales afectaciones muy bien reflejan aquello que en economía se da en llamar “maldición de los recursos naturales”, cuyos efectos pueden evitarse recurriendo a instrumentos legales como la consulta popular, con el que ya se han defendido territorios campesinos como Cajamarca, en el Tolima, y santuarios de flora y fauna como el páramo de Santurbán, entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, aunque también es y será necesario ir más allá de los mecanismos ofrecidos por el Estado con el propósito histórico de transitar hacia una realidad política, social, económica y ambiental en la que los procesos productivos, basándose en un uso de energías limpias, dejen en el pasado prácticas nocivas como el extractivismo minero y también como el fracking que desde hace poco amenaza con implementarse en varias regiones de Colombia.
Referencias
El Heraldo (2021). Prodeco se va, y nos deja socavones de pobreza. Consultado el 23 de febrero de 2021.
Grupo Prodeco (2021). Prodeco renuncia a tus títulos mineros. Consultado el 23 de febrero de 2021.
Pax Colombia (2021). Comunicado público a directivos de Drummond para invitarlos a presentarse a la JEP. Consultado el 23 de febrero de 2021.
* Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, y Magíster en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional.
