Recientemente noticieros televisivos difundieron imágenes del presidente de Fedegán, Felix Lafaurie, dirigiéndose a campesinos costeños afirmando que el programa de Restitución de Tierras, emprendido por el Gobierno, es fruto de acuerdos alcanzados por negociadores en Cuba, para entregarles el campo a las FARC. Días después, en otro encuentro de campesinos que “adquirieron tierras de buena fe”, el Procurador Ordóñez, le exigió al presidente Santos ‘apretarse los pantalones’, al referirse al mismo tema.
En el caso de Lafaurie, su incendiaria proclama en un rincón olvidado del país, contrasta con el aire que muestra en Bogotá, de uno de los pocos moderados de la derecha colombiana, -en contraste con su explosiva esposa, la representante Cabal-, que por lo menos dejan hablar a sus interlocutores, en debates periodísticos como Hora 20, de Caracol Radio, o Semana en vivo de Cablenoticias, a los que con frecuencia lo invitan. Sin embargo, esto evidencia la doble faz y las verdaderas intenciones de boicotear como sea el Proceso de Paz, en las que están unidos los defensores del ‘orden establecido en el campo colombiano’: las Autodefensas Unidas de Colombia’ y otros grupos paramilitares, quienes, a sangre y fuego en medio de masacres, despojaron y desplazaron de sus tierras a miles de familias campesinas y con la complicidad de notarios, registradores de instrumentos públicos y autoridades municipales, departamentales y nacionales, legalizaron los robos de vastos territorios, para rápidamente ‘venderlos’ a testaferros y particulares que los ‘adquirieron de buena fe’, como en el caso del ‘aplicado agricultor’ uribista y ‘honorable’ magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, quien por intermedio de su esposa compró a precio de ganga dos predios despojados por paramilitares y por los cuales también está siendo investigado.
No hay que olvidar que la gran ofensiva paramilitar fue iniciada a mediados de los noventas, en Antioquia, cuando Álvaro Uribe era gobernador y promovió la formación de las Convivir, transmutadas en Autodefensas Unidas de Colombia amplándose a Córdoba, César, Magdalena, Bolívar, Llanos orientales, Valle, Cauca y Nariño, entre otros departamentos del país. Obedeció a un proyecto político, militar y económico, para apoderarse de las mejores tierras del país, basados en la excusa de ‘limpiarlas de guerrilleros y sus auxiliadores’, con el fin de ponerlas al servicio de grandes capitales invertidos en la ganadería y agroindustrias, alrededor de cultivos como la palma africana, caña de azúcar, arroz y otros, mantener y extender el modelo de lujosas haciendas dedicadas a la cría de caballos, toros de lidia y esparcimiento, siguiendo el ejemplo de las mansiones construidas por los mafiosos, que también generosamente financiaron, albergaron y entrenaron a paramilitares y se colaron en el dudosos proceso de ‘desmovilización’ del Ralito, para beneficiarse de penas generosas de la Justicia Transicional, ofrecida por el presidente Uribe, al darse cuenta que ya era hora de ponerle freno a las tropelías de sus desbocados muchachos, cuando actuaban con la colaboración de altos oficiales, mandos medios y soldados rasos de la Policía y Ejército, que los acompañaban de civil, facilitaban armas, medios de transporte y se hacían los de vista gorda cuando impunemente transitaban por sus jurisdicciones, sembrando la muerte y apropiándose de territorios.
Esta ‘combinación de todas las formas de lucha’ que la ultraderecha colombiana le aprendió a las Farc, superando a sus maestros, se manifiesta no solo en el asesinato de varios dirigentes campesinos e indígenas en el Cauca, donde reaparecieron panfletos firmados por las ‘Águilas Negras’, amenazando de muerte a dirigentes populares, defensores de Derechos Humanos, periodistas y hasta a la secretaria de Gobierno Departamental, Alejandra Miller. Coincidencialmente en reciente debate realizado en el Senado sobre los falsos testigos, fue mencionado por el exdiputado del Valle, Sigifredo López, el excandidato del Centro Democrático a la Gobernación del Cauca, general(r) Barrero, como la mano oculta que promovió la acusación del actual presidente del Senado Luis Fernando Velasco, sindicándolo de ser miembro activo de las FARC y colaborador de las Autodefensas, por las que estuvo detenido hace pocos años.
La generosidad con la que algunos medios de comunicación-- propiedad de poderosos grupos económicos con intereses en la banca-- industria y agroindustria, tratan a los voceros de la ultraderecha obsesionada contra el proceso de paz, hace parte de esta “combinación de todas las formas de lucha”, que tan bien aprendieron a aplicar, acudiendo a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando consideran que son perseguidos por ‘la justicia parcializada’ en los casos de Santiago Uribe y su vinculación con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y el excandidato presidencial Zuluaga con el hacker Sepúlveda. Mientras tanto en el Cauca y otros departamentos resucitan los paramilitares con nombres variados.
