Fue una pelea nacional. Decían que Alejandro Ordóñez había dejado amarrados casi 700 puestos, y que esto había maniatado al Procurador Fernando Carrillo. Pero en realidad ninguno de los procuradores tiene nada que ver, pues fue decisión de la Corte Constitucional que en la Sentencia C-101/13 del 28 de febrero del 2013 ordenó a la Procuraduría realizar un concurso de méritos para que todos los Procuradores Judiciales nivel 1 y 2 pasaran de ser cargos de libre nombramiento, a ser seleccionados por meritocracia para entrar a ser funcionarios de carrera administrativa con plena estabilidad laboral.
Con esta decisión se acabaría con el carrusel de ‘tu me nombras yo te pago’, una práctica bastante común en la Procuraduría, y que incluso le costó la destitución al Procurador Alejandro Ordòñez, quien la llevo al limite y cuyo origen está en la deuda con el Congreso con la que arrancan el Prcurador elegido por este. Los cargos de procurador judicial están bien remunerados, oscilando entre los $10 millones mensuales para el primer nivel y $20 millones para el de segundo nivel. Según relatos de algunos procuradores, una vez nombrados, deberían reconocerle $1, $2 y hasta $3 millones al padrino político.
Cuando se abrió la Convocatoria para evaluar a quienes ocupaban el cargo, el resultado fue bastante lamentable. Alrededor del 90% de los procuradores que habían sido apuntados a dedo, perdieron el examen. En Antioquia solo, eran 77 procuradores y solo aprobaron las pruebas, tres de ellos.
Esto generó un revolcón dentro de la Procuraduría. Muchos de los que perdieron el puesto, por perder el examen, intentaron demandar el proceso. Los nuevos que obtuvieron las calificaciones más altas comenzaron su proceso de formación, y entraron en dos tandas a un periodo de prueba para ocupar el cargo de Procuradores Judiciales en septiembre y octubre del 2016. El proceso, que terminó justo cuando comenzaba la era de Carrillo, tiene una nueva piedra en el zapato: la demanda interpuesta por uno de los perdedores del antiguo puesto, Héctor Alfonso Carvajal. El Consejo de Estado se demoró 2 años en pronunciarse, y cuando ordenó medidas cautelares mientras falla, esta papa le reventó precisamente al actual Procurador.
Fernando Carrillo llevaba dos meses en el cargo cuando el ConsejoDeEstado ordenó suspender temporalmente la calificación de nuevos procuradores (unos 45 que faltaban por aprobar el examen de méritos). La Procuraduría acató esta medida, pero fue un paso más allá y ordenó suspender el ingreso de nuevos funcionarios al Registro Único de Carrera, el último paso para ser empleado de carrera administrativa. Esta medida adicional no estaba ordenada por el Consejo de Estado, pero el equipo de Carrillo la tomó para blindarse frente a posibles indemnizaciones y reversazos que tuviera que dar cuando el Consejo de Estado emita el fallo.
Pero para los procuradores judiciales de nivel 1 y 2, que aprobaron el concurso esto es un despropósito. Ellos culminaron su examen antes de las medidas cautelares del Consejo, y culminaron su periodo de prueba de manera satisfactoria. Por eso, en febrero y marzo, ya durante la época de Carrillo, recibieron la notificación de la misma Procuraduría confirmándoles que habían aprobado todo el proceso de manera exitosa y que desde enero y febrero del 2017 eran funcionarios administrativos.
Cuando los más de 700 procuradores judiciales se enteraron que no los ingresarían al Registro Único de Carrera, se unieron y crearon el Colegio Nacional de Procuradores Nacionales para hacer un frente unido y lograr que la Procuraduría los registre como empleados de carrera administrativa. La disputa parece trabada sin una pronta solución. El Consejo de Estado tiene en sus manos la decisión sobre la validez del concurso de merito que le daria el derecho a ser nombrados en propiedad los 7O0 ganadores del concurso, solo asi se saldrá de un limbo que perjudica tanto a los funcionarios como al Procurador Fernando Carrillo para contar con un equipo estable. .
