En el Quindío y Armenia hay conmoción general por la captura de la exalcaldesa de la capital Luz Piedad Valencia, su marido Pacho Valencia y otro reguero de personajes del municipio, quienes junto a varias empresas constructoras de Medellín se robaron casi 25 mil millones de pesos del anticipo del programa de valorización, que tiene un costo cercano a los 200 mil millones de pesos para adelantar diversas obras de modernización urbana.
La orden la dio la Fiscalía, incluyendo la detención intramural de los acusados, los cuales han complicado más las cosas, pues han amenazado de muerte al actual alcalde, el docente Carlos Mario Álvarez, quien ha recibido la solidaridad cívica de todos los habitantes de Armenia. Pacho Valencia, con los bolsillos llenos de tanto robar a la ciudad, dice tener un grupo de paramilitares para eliminar a CMA. Grave la cosa. Hay que pararle bolas a tales amenazas.
Sin embargo, en el Quindío, sus casi 800 mil habitantes están muy pendientes sobre las decisiones que tome la Fiscalía frente a otro caso muy delicado de reciente ocurrencia. Se trata del proceso a la exgobernadora Sandra Paola Hurtado y su no menos inescrupuloso consorte, el muy conocido Toto, antiguo lavador de carros y sobrino del representante a la Cámara Atilano Giraldo
El caso de la exgobernadora SPH está en manos de la Fiscalía 14 y la Dirección especializada de lavado de activos.
Los presuntos delitos caracterizados son lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Desde septiembre del 2017 se radicó en la Fiscalía el documento de denuncia firmado por un ciudadano de Armenia, donde pone en conocimiento del Fiscal General de la Nación una serie de bienes que según el denunciante fueron adquiridos por la pareja investigada.
La denuncia que investiga la Fiscalía dice que los bienes están, en su mayoría, en cabeza de terceras personas y fueron adquiridos con dineros públicos por Toto y su compañera.
El total de bienes referidos suman $23.500 millones y a lista que el denunciante entregó a la Fiscalía es la siguiente:
- Chalet en la urbanización San Jorge, avaluado en $3.000 millones.
- Una finca a 500 metros del restaurante Donde Alfredo, en el corregimiento de Barcelona, jurisdicción de Calarcá, avaluada en $4.000 millones.
- Una finca en Pueblo Tapao, con siembra de aguacate, avaluada en $3.000 millones.
- Un lago de pesca en Roldanillo, Valle del Cauca, avaluado en $5.000 millones.
- Un chalet en el sector del parque de Recreación en el Quindío, a nombre de la excompañera sentimental, avaluado en $2.500 millones.
- Una finca en la vereda El Laurel, municipio de Quimbaya, avaluada en $3.000 millones.
Lo curioso es que uno de estos bienes aparece a nombre de un alto funcionario de la Defensoría del Pueblo.
La denuncia dice textualmente en uno de sus párrafos: “…bienes presuntamente adquiridos con el desfalco de las arcas de la gobernación del Quindío, así mismo, señor fiscal, no se puede dejar de señalar los vehículos de alta gama con que cuenta esta familia a nombre de terceros entre ellos hermanos de ‘Toto’ y de Sandra Paola Hurtado…”.
La investigación que empezó la Fiscalía también relaciona hechos sucedidos en la Corporación Autónoma Regional del Quindío, durante el mismo periodo cuando la señora Hurtado Palacio ejerció la Gobernación y, por tanto, la presidencia del consejo directivo de la entidad CRQ.
Especialmente se denuncia un convenio por $4.000 millones para la instalación de cocinas ecológicas en varios municipios del departamento. Sobre este tema, sostiene el documento: “Es así como se realizó un convenio por $4.000 millones para construir unas cocinas ecológicas, las cuales, los mismos técnicos de la Corporación, señalaron no estar de acuerdo y estar dispuestos a declarar porque esto era un atentado contra los dineros públicos”.
También en la Corporación Autónoma Regional se denunciaron convenios para reforestación de zonas de protección, “los cuales más del 50% fue saqueado toda vez que la actividad no se realizó”.
Por último, la denuncia que acogió la Fiscalía 14 y la dirección de lavado de activos de la entidad, pide verificar la contratación de equipos de cómputo, equipos de oficina y papelería, para probar si se contrató con la misma empresa en el gobierno de la señora Hurtado y en 10 municipios quindianos, en forma simultánea.
Esta empresa está en cabeza de un tercero que labora al servicio de estos personajes oscuros y del señor Víctor Hurtado, hermano de Sandra Paola Hurtado.
Ni más, ni menos.
El fiscal NHM tiene la palabra y en Armenia crece la expectativa para que estos delitos no queden en la impunidad como consecuencia de oscuras maniobras políticas en Bogotá.
