Sin lugar a dudas uno de los temas más discutidos en Colombia durante los últimos años ha sido la educación, en especial, su “calidad”. Políticos, empresarios, académicos, padres de familia y demás miembros de la comunidad, han dado diversas opiniones sobre el tema, muchas de las cuales, se encuentran descontextualizadas y alejadas de la realidad que se vive dentro del aula. Sin embargo, mi propósito, en esta ocasión, no es profundizar en tan polémico asunto, al menos no de manera directa.
Ahora bien, diversas experiencias dentro de los entornos escolares, académicos, sindicales y políticos me han permitido observar algunas temáticas poco abordadas dentro del Magisterio colombiano, incluso, dentro de sus líderes y dirigentes.
Un considerable número de docentes desconoce de manera parcial o total las leyes que fundamentan y rigen su profesión, lo cual deja en evidencia serios problemas estructurales dentro de su formación profesional. Evidentemente, lo anterior no es justificación, más aún si tomamos como referencia el artículo 9 de nuestro código civil: “La ignorancia de las leyes no sirve de excusa.” No obstante, pese a que uno de los propósitos de una alma mater es, precisamente, contribuir de la mejor manera en la formación de un profesional, es evidente, como mostraré a continuación, que se están cometiendo algunas fallas.
Después de revisar algunos planes de estudio de universidades que ofrecen programas de licenciatura, entre ellas la del conservatorio del Tolima, del cual soy egresado, la evidencia es aún más clara. Dentro del currículo poco se tiene en cuenta la cátedra sobre legislación educativa y laboral de los docentes: a lo sumo un semestre, convirtiéndose en generalidad la no inclusión de esta importante área en el proceso de aprendizaje.
Al llegar a este punto, muchos colegas estarán pensando que el propósito de nuestra profesión no es la legislación y que nuestras discusiones deben darse en torno a temas de carácter pedagógico, académico y educativo. Difícilmente podría contrariar esas opiniones; sin embargo, y aunque a pocos interese, la educación tiene una relación directa con la ley, por ende, con la política. El Movimiento Pedagógico de los años 80 puede ser un buen ejemplo de ello: académicos, sindicalistas, juristas, incluso políticos, lograron bajo una misma perspectiva revolucionar la educación pública de nuestro país. Su influencia llegó a tal punto que pocos años después se expediría la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación (por cierto, no muy conocida y estudiada por un gran número de docentes).
Considerando así el asunto y después de que el Movimiento Pedagógico perdiera fuerza por diferentes circunstancias, entre ellas el mamertismo, el Magisterio empezó a distanciarse del entorno político nacional, lo cual a su vez determinaría las legislación que regiría las futuras generaciones de docentes de nuestro país. Con esto no quiero decir que la lucha del Magisterio ha perdido el sentido; por el contrario, si algo nos caracteriza es precisamente eso, la lucha, algo que nos acompañará hasta el fin de nuestros días. Empero, el poco interés y conocimiento de un sin número de docentes, en especial, del Decreto-ley 1278 sobre la política y las leyes que rigen nuestra labor, ha llevado a que no solo continuemos siendo dirigidos por “los mismos de siempre”, sino que también a que la posibilidad de generar verdaderos cambios para nuestro quehacer actual, se vea frecuentemente como un imposible.
Difícilmente marcaremos un precedente en la historia educativa de nuestro país si dejamos la política y las leyes de lado, debemos mirar más allá de nuestras aulas, de la escuela, de nuestro colegio. La educación cambia conciencias, pero la política y las leyes rigen la educación. Es una realidad: el quehacer de los docentes está directamente relacionado con las políticas y la legislación que los regula. Cómo hacer resistencia a las políticas educativas impuestas por la OCDE, el Banco Mundial o el Gobierno Nacional cuando a duras penas sabemos las diferencias que existen entre un Docente y un Maestro (por cierto, consecuencia negativa del Decreto-ley 1278 de 2002, batalla perdida por el Magisterio). Si no nos formamos desde nuestros claustros y fortalecemos esto con congresos, encuentros, socializaciones, debates y demás espacios pertinentes para ello, continuaremos simplemente soportando nuestras “angustias lloradas” y sin lograr la terminación de ellas.
En conclusión, es más que necesario incorporar al debate educativo entre docentes, de manera relevante, el tema sobre política y legislación educativa. El docente debe entender y manejar las políticas y leyes que lo regulan. No podemos seguir permitiendo que la única hermenéutica aplicada sobre estos temas sean realizados por agentes externos a nuestro contexto o por el mismo establecimiento. Es decir querido “compa”, a ponerse el overol y a entrar al ruedo.
