No quiero que llueva sobre lo mojado. Simplemente deseo realizar algunas observaciones sobre los problemas suscitados en la ciudad de Pasto, y hasta en el departamento de Nariño, a raíz del decreto nacional que viabilizó la venta de combustible subsidiado. En primer lugar, quiero preguntarme a quién benefició esta medida, y por más vueltas que le doy no encuentro razón alguna para afirmar que el pueblo, es decir, el que no tiene carro ni otro tipo de vehículos, sea uno de ellos. Segundo, no se rebajó el precio del transporte público, mucho menos de taxis. El pueblo soportó con el estoicismo de siempre el incremento del transporte público, a pesar de la rebaja del precio en el galón de gasolina, cuando lo correcto era el congelamiento de las tarifas. Se beneficiaron los empresarios del transporte que continuaron cobrando iguales o superiores tarifas porque para ellos sí fue benéfica la rebaja del combustible. Sus ingresos aumentaron considerablemente, pues rebajaron los costos de operación sin que ello se refleje en el costo pagado por sus usuarios. Bueno hubiese sido que la rebaja en el precio de los combustibles siguiera esa misma lógica económica.
Por otra parte, la ciudad ha sufrido considerablemente en lo referente a contaminación. Los propietarios de vehículos en Pasto lo utilizan más debido a los bajos costos del combustible, afectando --como es naturalmente-- el impacto ambiental ante la continua emisión de CO2. Esta medida va en contravía con lo pactado y acordado en otras ciudades del mundo, donde poseer o tener un vehículo se grava fuertemente con impuestos para evitar un uso desmedido y exagerado. El problema no es de un día sin vehículo como ingenuamente quieren hacernos creer, el asunto es más profundo y va ligado a los precios de los combustibles. Se disparó la venta de combustibles: los bajos precios nos permiten abusar de estos beneficios concedidos por la ley. Si en verdad se quiere controlar y evitar la contaminación en Colombia, se debe iniciar por desincentivar el uso del vehículo particular, cosa que no se logra con subsidios al transporte de combustibles.
Uno de los argumentos fue el contrabando en las regiones fronterizas. Sin embargo, me pregunto ¿Acaso no logramos el efecto contrario y ahora se lo hace en nuestras propias narices? No se entiende de otra forma el descaro de algunas estaciones de vender a precios nacionales, ante la pasividad y permisividad de las autoridades municipales. ¿Quién nos certifica que estos combustibles no ingresaron subsidiados, o quién nos garantiza que es el mismo combustible subsidiado pero vendido como si no lo fuera? Como quien dice, ahora nos roban en nuestra propia cara. Se debe comenzar por ahí, por prohibir de esta manera la venta de combustible a precio nacional en una región donde por ley el precio es diferencial.
No se crea que abogo para que nos incrementen el precio de la gasolina. Eso sería absurdo y descabellado. Simplemente me permito sugerir a las autoridades competentes la implementación de medidas complementarias que nos permitan una convivencia adecuada con nuestro medio ambiente. Los bajos precios de la gasolina deben redundar, como le expresé cuando se anunciaba la rebaja en el precio de los combustibles en nuestra región, para que se incentive el uso de transporte público trasladando sus beneficios a los usuarios. Con bajas tarifas en buses y taxis, los usuarios encontrarán mejores condiciones y los ciudadanos en general una forma para ahorrar y movilizarse.
De otra parte, se dice en los corrillos, que ese subsidio a los combustibles para Nariño, nos está saliendo demasiado caro, pues nos cobran por la derecha negándonos recursos para obras tan importantes como vías de cuarta generación o de obras de infraestructura. He ahí la razón de los constantes anuncios de la ausencia de esas vitales obras para nuestra región.
Y de todas maneras, si la gasolina comienza a escasearse a los pocos días de iniciado cada mes y nos toca comprarla a precio nacional, ¿De qué nos sirve un subsidio que no se sabe a dónde va a parar? Considero que los verdaderos beneficiados, es decir, los grandes transportistas, están en la obligación legal y moral de trasladar los beneficios de los bajos costos del combustible al maltratado pueblo que, aunque salga con banderitas y afiches a las calles a defender el subsidio de la gasolina, no se ha beneficiado absolutamente en nada y sí cuando ante la escasez de la gasolina se les cobra en exceso en taxis y otros medios de transporte.
Es hora de hablar en serio. Ya no bastan las lacónicas protestas de los 'abajo, abajo, abajo' o de los 'presente, presente, presente'. Nos llegó el momento de analizar las verdaderas incidencias para nuestra región y nuestra gente por unos subsidios a los combustibles que han enriquecido a muchos y han empobrecido a otros tantos. ¡El pueblo soberano tiene la palabra!
