La problemática del agua en La Guajira ha sido un tema crítico desde tiempos inmemoriales, que hoy es tan complejo como urgente, afectando a las comunidades indígenas y rurales que dependen del vital recurso para su supervivencia. Este reto es especialmente grave en una región donde el desierto ocupa una cuarta parte del departamento.
Sin embargo, más allá de los esfuerzos reales para mejorar la infraestructura hídrica que permita atender a las comunidades, la reciente discusión entre los senadores guajiros Martha Peralta y Alfredo Deluque parece desviar la atención de soluciones verdaderamente efectivas. En lugar de centrarse en medidas concretas para la crisis del agua, los dos parecen estar más interesados en posicionarse políticamente de cara a las próximas elecciones, dejando de lado las necesidades urgentes de la población guajira.
En el contexto del trámite del proyecto de ley 197/23, que busca crear el Instituto PROAGUAS, Peralta defiende firmemente la creación de esta nueva entidad, mientras que Deluque prefiere que se mantenga operativa la actual empresa departamental, ESEPGUA. El decir general es que la postura de Deluque está más vinculada a sus intereses por mantener el control político que a darle una solución estructural al acceso al agua, ya que ESEPGUA se ha convertido en su fortín.
La creación de PROAGUAS, como propone Peralta, podría representar un avance significativo en la gestión del agua en La Guajira, especialmente si se articula con políticas de largo plazo y cooperación interinstitucional. Sin embargo, también enfrenta el desafío de no convertirse en otro organismo burocrático sin impacto en las comunidades que más lo necesitan.
La realidad es que, mientras los líderes políticos de La Guajira se enfrascan en discusiones politiqueras sobre cuál entidad debería gestionar el agua, las comunidades siguen sufriendo la escasez de este recurso esencial. Para la población guajira, el agua no es solo un recurso natural, sino un derecho vital cuya garantía debe estar por encima de cualquier interés político.
Por su parte, Andreina García, gerente de ESEPGUA, tiene una responsabilidad crucial en este momento. Su rol no debe limitarse únicamente a la gestión operativa de la empresa; también debe construir confianza en la comunidad. Es imperativo que exprese públicamente, de manera clara y firme, que su compromiso será durante todo el gobierno de Jairo Aguilar, alineado con los objetivos de desarrollo y abastecimiento de agua para La Guajira. Además, debería dejar de lado cualquier ambición política durante su gestión para evitar la percepción de que ESEPGUA es una plataforma para una posible candidatura.
En el reciente acto de inauguración de una planta de ósmosis en Manaure, Andreina García afirmó que “inicia la era del agua en La Guajira” y que la empresa tiene 50 proyectos en marcha para llevar agua potable a todo el departamento. Este tipo de iniciativas son esperanzadoras, pero requieren un seguimiento transparente para que la comunidad vea resultados tangibles. La construcción de infraestructura sostenible debe ir acompañada de una estrategia comunicativa y de auditoría social que refuercen el compromiso de ESEPGUA con los guajiros, eliminando cualquier suspicacia de intenciones políticas.
El agua no puede ser un botín político, sino un derecho fundamental para todos los habitantes de La Guajira. En este sentido, Peralta y Deluque deben poner fin a sus intereses politiqueros y trabajar juntos en un plan que asegure el acceso al agua a sus comunidades. Al mismo tiempo, insisto, la transparencia y la dedicación de Andreina García en su cargo serán determinantes para recuperar la confianza de la ciudadanía en ESEPGUA.
Está claro que la solución a esta crisis no será inmediata, pero sí requiere de un enfoque coherente y honesto por parte de todos los actores involucrados; no más discusiones politiqueras ni más burocracia, sino una estrategia efectiva que permita llevar agua de manera justa y sostenible a todos los rincones del departamento, ya sea a través de PROAGUAS o fortaleciendo a ESEPGUA, pero que operan con transparencia y eficiencia, alejadas de los intereses politiqueros que solo buscan mantener cuotas de poder en una región sedienta y empobrecida que no puede esperar más.
