Como un líder indígena que solo quiere la paz para sus territorios se describe Feliciano Valencia, quien ha dedicado gran parte de su vida a defender los derechos de los pueblos nativos del norte del Cauca; su ejercicio social le ha costado múltiples atentados, enemigos de ambos bandos del conflicto armado colombiano: legal e ilegal, y hasta problemas con la justicia, que lo condenó a 18 años de privación de la libertad por la retención de un soldado del Ejército Nacional durante una Minga de su comunidad en el año 2008.
Este comunero, que fue candidato presidencial, ha estado recluido en un resguardo indígena pagando su condena; ahora, espera un fallo a favor por parte de la Corte Suprema de Justicia, que le devuelva su libertad, para participar junto con su pueblo en la refrendación de los acuerdos de las negociaciones de paz de la Habana.
Sobre las circunstancias en las que fue condenado por el presunto secuestro del soldado Jairo Chaparral, Valencia explicó que “el contexto de la presencia del soldado fue algo muy complicado, la opinión pública era consciente de que la Minga del 2008 estaba muy señalada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, de que estaba infiltrada por las Farc. Teníamos alrededor de 72 comuneros heridos, un compañero muerto con disparos de arma de fuego, estaba muy tensa la situación, los mandos militares alegaban que allí había guerrilla y en ese contexto se presenta la situación del soldado”.
El militar, de origen indígena, fue procesado en un juicio comunitario y condenado a 20 latigazos y un ‘ritual de plantas’, para armonizarlo. Después, fue liberado y demandó a varios comuneros ante la justicia ordinaria. Valencia fue condenado por el Tribunal Superior de Popayán.
Pero Feliciano y sus abogados sostienen que al soldado se le aplicó la justicia indígena dentro del resguardo. “A él le encontraron: radio de comunicación, uniformes del Ejército, un cuaderno con instructivo de fabricación de explosivos y varios celulares, nosotros indagamos jurídicamente si un soldado, cuando está en licencia, podía portar este tipo de instrumentos. La misma fuerza pública nos aclaró que el militar que está en licencia no puede andar con ese tipo de implementos. Por eso lo procesó la justicia indígena alegando que la intención del soldado era colocar estos elementos para corroborar que sí había presencia de guerrilleros al interior de la Minga; las autoridades coinciden afirmando que nos iban a hacer una especie de falso positivo”.
Para él, todo lo sucedido es violatorio de la justicia de los indígenas, “yo le quisiera explicar a la ciudadanía que lo que han hecho conmigo es una injusticia, es un absurdo por donde lo miremos, la Constitución Política de 1991 nos abrió la posibilidad -y así está establecido-, de que debe existir el pluralismo jurídico, tratando de interpretar lo que allí se promulgó: Colombia es un país diverso multiétnico y pluricultural. La misma Constitución, que es la norma de normas, reconoció que la justicia indígena es vigente y está legalmente constituida”.
Y aunque la Fiscalía cuando estaba presidida por Eduardo Montealegre, lo encontró culpable; hoy, después de varios meses de privación de la libertad, ese mismo ente acusador pide que se absuelva su condena y le retornen la libertad.
La Procuraduría también se ha sumado al llamado para que la condena de Feliciano sea absuelta, y sus derechos sean restablecidos, más aún cuando este líder indígena, privado de la libertad ha recibido tres atentados contra su vida.
“En el primer atentado, dos sujetos desconocidos, vestidos de negro y armados, fueron repelidos por la guardia e inmediatamente la reacción de ellos fue disparar; el segundo, nuevamente intentaron ingresar por otra ruta pero se encontraron otra vez con la guardia indígena, y el último, se le presentó a los compañeros de la guardia que hacen control en la parte de abajo con disparos de armas de fuego. Estas situaciones ya están denunciadas ante la Fiscalía de Santander de Quilichao y en proceso de investigación por expertos de Bogotá”.
Estos atentados se presentaron luego de que se comprobara la existencia de panfletos de la Águilas Negras, en los cuales ofrecen una recompensa por la muerte de varios líderes indígenas.
El panfleto que fue publicado por el portal Verdad Abierta, en uno de sus párrafos expresa: “recompensa de $20.000.000 a nuestros militantes o particulares que les den muerte. Es la única manera de consolidar nuestro país y así aportar al crecimiento del desarrollo (…) lamentamos la pérdida de éstos a sus familias. Sabemos que guardarán rencor, pero es mejor uno que a todos. Hasta nunca ratas inmundas”.
Pese a todas las amenazas, las comunidades indígenas del Cauca han tomado partido por la reconciliación y el fin del conflicto. Según Valencia, apenas se dio cuenta del Proceso de Paz entre el Gobierno y las Farc, “el movimiento indígena entró a apoyarlo para que llegara a feliz término. Después de casi tres años, como están las cosas, creemos que la única manera de que Colombia encuentre la posibilidad de construir la paz para acabar con los problemas sociales es superando el tema del conflicto armado. Y para construir esa paz que tanto hemos buscado vamos a participar en el proceso de refrendación”.
Les gustaría más una constituyente que el plebiscito, “porque seguramente hay acuerdos que van a necesitar de reformas constitucionales, de mecanismos legales para que se puedan implementar. Claro, nosotros tendríamos un riesgo: que en una Constituyente se puedan acabar los derechos que como pueblos indígenas tenemos establecidos; de hecho, nosotros le mandamos una carta a los negociadores del Gobierno Nacional, que si el mecanismo fuera ese, los derechos de nosotros fueran progresivos, que no se quitaran ni se desplazaran, sino que se aumentaran”.
En pocos días, Feliciano Valencia sabrá si su condena continúa en curso o por el contrario, la Corte Suprema le concede la libertad, para participar en el proceso de implementación de los acuerdos de paz que involucren sus territorios ancestrales.
@Jamir_Mina
