Cuando académicamente es de sostener la concepción de Estado podemos acudir a las teorías clásicas de filosofía política y derecho, que a su vez muestran el carácter punitivo y de coerción del Estado es esencial para sostener el pacto social del cual Rousseau promulgaba en el siglo XVIII. Como supuesto, el Estado social de derecho se da desde el consenso social donde la ciudadanía entrega de forma voluntaria al poder del estado la autoridad para lograr comulgar en un solo espacio, donde el bien común debe imperar para los habitantes de esa geografía, de manera que los intereses individuales pueden congeniar. En este sentido, por lo menos como utopía el Estado representa los intereses que la ciudadanía y el pueblo ha otorgado a este, y que en un sistema democrático es la ciudadanía la que determina el rumbo de un país.
Sin embargo, en las últimas dos semanas Colombia ha empezado a despertar después de dos siglos desde que la independencia llego a nuestro territorio, desde que los actores en el poder que representaba opresión y represión cambiaron de nacionalidad, aquella clase mestiza con ínfulas españolas y de raíces originarias, pero con espíritu y ambición conquistadora se instauraron en el poder, aquella pequeña elite que no solo se encuentra en el poder político, sino que en distintas regiones del país tiene influencia, son terratenientes, grandes industriales, la gente de bien, que solo ignora la realidad socioeconómica de la gran mayoría de los habitantes colombianos, así, desde el año 2019 una insatisfacción generalizada o una conciencia colectiva ha despertado en el pueblo colombiano, que tal vez, gracias a la pandemia solo retomó fuerzas y recogió motivos suficientes para despertar con las primeras manifestaciones del 28A, que entre lamento, lágrimas, tristeza, desconsolación y enojo han desenmascarado el lado más oscuro, el rostro nunca antes visto que las élites que se sostienen en el poder político han empezado a desenmascarar ante el despertar ciudadano: la violencia, que escondida bajo las teorías clásicas de derecho se sostienen con aires de cinismo sobre el poder de coerción, que, en praxis solo muestra la violencia que con desfachatez nos habían infundido desde el 2016 como miedo colectivo de ser reprimidos al mejor estilo de las dictaduras, tal como lo han vivido nuestros hermanos venezolanos.
Hasta aquí, nos es importante decir que la violencia no puede ser justificada bajo el rótulo de quien la realiza, pero las imágenes que circulan en las redes sociales durante los últimos días, la realidad que la gran mayoría de los niños, jóvenes, adultos y ancianos colombianos han vivido en las calles de nuestra nación han sido desgarradoras, las palabras faltan para poder expresar las imágenes de las madres llorando a sus hijos muertos en manos de la fuerza pública, ante lo desproporcional de hechos aislados de “vandalismo” que no pueden ser esclarecidos con imparcialidad si fue por desadaptados o infiltraciones policiacas para deslegitimar la protesta, y aquí es claro afirmar que la fuerza que hasta los primeros días ejercía el Esmad sobre los manifestantes en ningún sentido era proporcional a la defensa que la ciudadanía podría presentar frente a estos actos violentos, y es que el disparo de gases lacrimógenos en el rostro del ciudadano que simplemente reclama que sus derechos son vulnerados, que se encuentra cansado de vivir en la pobreza, de la falta de educación, de falta de oportunidades, ante una elite política que malgasta los impuestos, el erario público y se encuentra infestado por la corrupción, simplemente busca un reencuentro con la dignidad del vivir y de poder decir que orgullosamente es colombiano, todo esto nos muestra lo detestable que puede llegar a ser una clase política que simplemente piensa por sus intereses y que ha empezado a utilizar a la fuerza pública para defenderse, al estilo mafioso cuando se siente encerrado y presionado: con violencia exacerbada y brutal.
Ante el último escenario que acabamos de narrar, sumamos los videos difundidos en redes sociales donde los perdigones y gases lacrimógenos parecieran no ser suficientes, el uso de armas de fuego entran en el escenario de ciudades que sin nada que perder, solo su vida, presentan resistencia a la violencia que las fuerzas del orden y el Estado plantean ante ellos, han circulado videos donde la policía motorizada persigue a jóvenes que salen de manifestaciones disparando sin discriminación, ante los ojos de quienes graban con la única arma que tienen: una cámara y de quienes atónitos observamos estos materiales que muy seguramente en países donde la justicia opera con eficacia y sin temor servirían como material probatorio, solo cabe una pregunta: ¿qué proceso psíquico está pasando por las mentes de los uniformados que disparan contra su propio pueblo?
Ante esto, más allá de los logros que ya han tenido las manifestaciones como es la renuncia del ministro Carrasquilla una alocución presidencial que anuncia el retiro de la reforma tributaria, detonante de las condiciones deplorables que la clase media y baja del país han venido sufriendo por mucho tiempo y que empeoraron por la pandemia, nos lleva a pensar que más allá de los logros que muy probablemente se puedan realizar como: la renuncia de Duque, el retiro de la reforma a la salud y laboral, aumento a presupuestos de educación, etc. ¿Será suficiente con simplemente llorar a nuestros muertos que ha dejado la represión policial? Lo que ha sucedido en las últimas dos semanas, nos lleva a pensar que en definitiva no son solo manzanas podridas dentro de la institución que afectan el buen funcionamiento de esta, sino que la represión, el abuso y las muertes llevadas a cabo a manos de la Policía Nacional de Colombia han sido sistemáticas que se encuentran al borde del cinismo, ya no importa las grabaciones, si fue identificado el sujeto responsable, pareciera que para los miembros de la fuerza pública existiera una cobertura invisible que les permite y ampara que estos hechos se lleven a cabo.
Con estos antecedentes, la reflexión y el diálogo social que en los próximos días se pueda llevar a cabo ya no solo deben pensar en los cambios socioeconómicos que debe vivir el país, es momento de reflexionar que está sucediendo a nivel institucional con la formación que están recibiendo los sujetos que portan el uniforme de la Policía Nacional de Colombia, existe un negacionismo ante la opinión pública de que existe una sistematización y responsabilidad frente a los hechos que atentan contra los derechos humanos y constitucionales como lo es la manifestación pública y derecho a la vida, esto lo confirma las declaraciones realizadas por el ministro de Defensa Diego Molano el 05 de mayo de 2021, en las que desconoce la desaparición de ciudadanos que se encontraban en las manifestaciones.
En este sentido, mientras no existan cambios institucionales y políticos profundos en el país, no seremos más que prisioneros de un “Estado social de derecho” que está secuestrado por las élites políticas que llevan más de 200 años rotándose en el poder y que cuando el pueblo se despierta ya han afilado y adoctrinado sus armas (hombres-máquina), que tras la figura de los mandos militares desean fijar un estado de prisión, donde la conciencia colectiva no se puede vitalizar ni manifestar, donde se desea prorrogar el estado de cohabitantes del territorio denominado Colombia y que en un sentido mucho más amplio no pueda surgir la concepción de ciudadanía.
Referencias
Joven herido en el rostro por abuso policial.
Infiltración policial en manifestaciones.
Ministro de Defensa dice que no conoce denuncia sobre 87 desaparecidos en manifestaciones.
