La Fiscalía, Procuraduría y Contraloría anunciaron en rueda de prensa el paquete de decisiones como resultado del programa Transparencia para la emergencia, que busca golpear la corrupción en medio de la pandemia.
En la intervención, Fernando Carrillo, representante del ministerio público, anunció que producto de las investigaciones se ordenó la suspensión por 3 meses de Ariel Palacios, gobernador del Chocó, y se solicitó la suspensión del contrato 0198 de 2020, por más de $2.000 millones de pesos. También señaló que fue citado a audiencia de juzgamiento disciplinario el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones.
Los entes de control anunciaron que se han identificado un total de 53 procesos contractuales que suman una cuantía de 135.000 millones de pesos y las nuevas investigaciones a los gobernadores.
“Se han abierto 27 indagaciones preliminares, dentro de ellas están la Gobernación del Valle del Cauca, Cesar, Casanare, Tolima, Nariño, Guaviare y Vichada”, dijo el contralor, Carlos Felipe Córdoba.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación anunció que ha priorizado 1.286 casos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a las ayudas humanitarias, para atender la emergencia derivada del COVID-19, o para alzar la voz y llamar la atención sobre temas de salud, como la deuda con la red pública hospitalaria, que supera los 5,4 billones de pesos, o la necesidad de proveer equipos de bioseguridad que protejan a los hombres y mujeres que hacen frente en la primera línea a esta pandemia.
De esos 1.286 casos priorizados, la Procuraduría inició 990 procesos preventivos, que incluyeron, entre otras acciones, vigilancia a la contratación.
Simultáneamente, abrió 296 registros, de los cuales en 123 se inició proceso disciplinario y en cada uno de ellos ya se ha tomado alguna decisión. Otros 132 se encuentran en etapa preliminar y 41 fueron archivados.
Se iniciaron 24 expedientes por contratación en 14 gobernaciones y 70 procesos en 55 alcaldías. También se revisan contratos que vinculan 24 entidades del orden nacional y territorial.
“Estamos hablando de 24 procesos disciplinarios en 14 gobernaciones, de más de 70 procesos disciplinarios en 56 municipios y más de 24 procesos disciplinarios en entidades del orden nacional y territorial”, aseveró Fernando Carrillo, procurador general.
Para este trabajo conjunto, la Fiscalía General dispuso de 9 fiscales especializados y locales que, con apoyo de 16 asistentes de fiscal y 80 investigadores del CTI, han recopilado material probatorio y solicitado información a 1.005municipios del país, 5 distritos especiales y 6 entidades de orden nacional, con el propósito de verificar 31.938 contratos suscritos durante la emergencia sanitaria.
