A diferencia de lo que sucede con otras naciones Colombia se ha visto forzada a pelear varias guerras de independencia. La primera fue la gesta emancipadora del poder español librada por los héroes de la Patria. Pero nunca imaginaron aquellos padres fundadores que siglos después habríamos de dar la batalla por la liberación frente a otros tiranos. Me refiero al narcotráfico y a la corrupción, unos fenómenos perversos y ubicuos, similares al cáncer, cuya malignidad silenciosa destruye al cuerpo y engaña al propio sistema inmune. Por eso, olvidando estos pendientes los colombianos llegamos a pensar que merecíamos una paz duradera, pasando por alto una realidad: sin haber derrotado aquellas dos desgracias el sueño de la concordia nacional no puede hacerse realidad.
Muchas fueron las dudas que albergamos algunos ciudadanos sobre la consulta anticorrupción. Reservas surgidas de la escasa eficacia que pudieran tener algunas de las iniciativas contempladas y del costo inmenso del procedimiento. Pero al considerar el resultado del pasado domingo, y más allá de que se haya cumplido con la formalidad del umbral, debe concluirse que se trata de un hecho político contundente; un golpe de opinión que expresa la voluntad de volver a hacer viable un país cuyo destino ha estado comprometido por cuenta de las maturrangas que día a día absorben recursos públicos.
El presidente Duque tuvo el acierto de adherir a la consulta ignorando de paso las indicaciones de su propio partido. Luego ha asumido el liderazgo del proceso convocando a los promotores para formular una estrategia que permita hacer realidad los necesarios desarrollos legislativos. Aunque aún hay quienes se lamentan y le buscan el pierde a la expresión de las urnas, el hecho es que el Congreso ha recibido un ineludible mandato moral para adoptar normas eficaces que permitan contener a los corruptos que pululan en la administración pública y en el poder legislativo.
Ahora bien, al concertar la agenda legislativa sería conveniente saber con claridad cuáles son esos temas ineludibles que demandan un abordaje legislativo inmediato. El asunto es importante porque mucha bulla se ha hecho con relación a asuntos tales como la disminución de los salarios de los congresistas, o la limitación al número de períodos servidos en el Congreso. Pero hay otros aspectos focales que merecen atención prioritaria y es lo que sucede con la eliminación de la mermelada.
El Congreso ha recibido un ineludible mandato moral
para adoptar normas eficaces que permitan contener a los corruptos
que pululan en la administración pública y en el poder legislativo
Acabar con la mermelada sería tan simple como establecer que todos los parlamentarios o miembros de corporaciones públicas que intervengan en conseguir, propiciar o impulsar contratos de cualquier naturaleza y nombramientos, así sean temporales o de prestación de servicios, vayan a parar con sus huesos a la cárcel. Y es que en esto no puede haber equivocación: la mermelada, sobrenombre de los cupos malditos o auxilios podridos, es la madre de todos los desvaríos éticos y los saqueos perpetrados en el sector público. Ella no solo representa una manera expedita de evaporar inmensos recursos, si no que constituye un pésimo ejemplo para los ciudadanos en general.
Por eso tiene razón el presidente Duque cuando indica que preferiría dejar ahogar los proyectos de ley antes que entregar contratos y prebendas para obtener su aprobación. Él sabe que ganó las elecciones de manera indiscutibles, tiene un mandato contundente y no puede aceptar la gobernabilidad espuria que acostumbran vender ciertos calandracos incrustados en el Congreso.
En el propósito de derrotar la mermelada, la legislación podría ir más allá. ¿Qué tal si el Ejecutivo queda obligado por mandato legal a publicar los nombres de aquellos congresistas, diputados y concejales que directamente o por interpuesta persona piden contratos o cuotas burocráticas? ¿Qué tal si se exige que la votación de los proyectos de ley presentados por el ejecutivo se haga siempre de manera pública?
Dirán que se trata de una pretensión exagerada, pero no es así. Tenemos que detener el desangre del Estado a través de esa arteria rota que es la mermelada. Nos toca evitar que las obras inaplazables en materia de agua potable, alcantarillados, vías terciarias, se paguen una y otra vez mientras la gente sigue en la sequía, bebiendo un líquido contaminado de miserias, aislada en remotas veredas.
No podemos equivocarnos: desterrar la mermelada de la vida pública es condición necesaria para que el país pueda volver a ser honesto tanto en la esfera pública como privada; es requisito para vivir en verdadera democracia, sin actores torcidos que juegan sucio gracias a recursos infinitos mal habidos.
Existiendo un consenso entre el gobierno y la mayoría de las fuerzas políticas sobre el particular este debería ser el punto de arranque del anhelado pacto nacional. Un pacto que poco a poco, en la medida que crezca la confianza entre sus partícipes, podría extenderse a otros temas.
Eliminar la mermelada es avanzar de manera cierta en la derrota de la corrupción, y hacer realidad una de las dos emancipaciones que tenemos pendientes. El presidente Duque debe saber que en esta nueva gesta libertadora cuenta con el respaldo decidido del pueblo.
