Actualmente, la población privada de la libertad en Colombia no solo se encuentra en graves problemas de hacinamiento y salubridad, sino que el aterrizaje de la pandemia a un país tercermundista evidentemente la ha obligado a transitar sobre los escenarios de mayores riesgos de contagio en el país.
Hoy el gobierno nacional replica en todos los medios de comunicación las medidas de bioseguridad necesarias para conservar la vida y la integridad personal de todos los compatriotas: evitar aglomeraciones, uso del tapabocas, lavado de manos constante, y un sinfín de “Medidas anticontagio”. Incluso, hasta los niños cantan: “Usa tapabocas", "lávate las manos", "descarga la aplicación CoronaApp" y "quédate en casa”.
Indudablemente, grandes esfuerzos del marketing político encontramos a las seis de la tarde en las transmisiones de los canales nacionales, ¿tanta politiquería logrará cuidar la vida de todos los ciudadanos? ¡Vendrán los nuevos amaneceres y veremos el resultado!
Ahora, el gobierno nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deben responder a los privados de la libertad —en riesgo o infectados—, a sus familias y a la ciudadanía en general no solo por todos los contagios exponenciales que se han venido presentando, sino por los reportes de fallecidos que cada día aumentan su cifra.
Además, también deben responder a las acusaciones relacionadas con la muerte de una interna en la Cárcel del Buen Pastor, que dicen que no falleció como tal por el contagio y sus condiciones particulares, sino por la presunta negligencia de la institución y sus irregularidades en la atención de esta privada de la libertad.
Encontré declaraciones que afirman que la mujer contagiada no fue aislada de sus demás compañeras, además que estaba diagnosticada con pulmonía severa, y que llegó a un hospital, tarde, muy tarde, y no por el activismo de los funcionarios sino por el ruego y las acciones de sus familiares.
¿Qué sucedió en ese caso? ¿Realmente fue aislada para proteger a las demás internas? ¿Cuántos contagios se han detectado? ¿Cuántas pruebas se han practicado e infectadas se han detectado? ¿Se cambió la nomenclatura de los patios para ocultar alguna información? Son muchas los interrogantes que giran en torno a este caso. El gobierno nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tienen la obligación legal, social y moral de rendir cuentas a la ciudadanía colombiana, especial a todas las víctimas intramurales y en libertad.
Finalmente, es preciso resaltar que la inobservancia de los protocolos expedidos por el gobierno nacional puede generar responsabilidades civiles, penales y administrativas por la infracción a los deberes de cuidado señalados. De comprobarse una negligencia por parte de las instituciones en este caso o en muchos otros, ¡beben responder!
Un agradecimiento especial para todos los ciudadanos y organizaciones creyentes en los derechos humanos, en especial en las segundas oportunidades para todas las personas privadas de la libertad, entre ellas: Fundación Acción Interna, Movimiento Cárceles al Desnudo, Caminos de Libertad, Transformado La Libertad, Abogados Sin Fronteras, la Red Jurídica Feminista Colombia y muchos más camaradas de esta causa humanitaria.
