La no extradición del narcomarxista Jesús Santrich, por obra de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), es la demostración palmaria de que los acuerdos de La Habana entre el gobierno de Santos y las Farc buscaban desmoralizar y acabar con lo que se conoce como la “justicia burguesa”, que es la que actúa en los países civilizados y democráticos, pero que es antagónica a la “justicia revolucionaria” comunista que han practicado las dictaduras sanguinarias de Pol Pot en Camboya, Mao Tse Tung en China, Stalin y Lenin en la URSS, Fidel Castro en Cuba, Ho Chi Minh en Vietnam y la monarquía de los Kim en Norcorea, entre otras, que le han regalado a la humanidad en el último siglo 140 millones de asesinatos, convirtiendo al comunismo totalitario en la organización que más ha cometido genocidios en toda la historia de la humanidad.
Las bandas armadas comunistas del ELN y las Farc también han hecho gala de esa “justicia revolucionaria” y generaron un conflicto político militar hace más de 5 décadas, que ha llevado a 250 mil muertos y cerca de 9 millones de víctimas, siendo el único responsable de la tragedia el marxismo-leninismo, que en su aplicación práctica para la toma del poder con sus grupos terroristas ha conducido a Colombia a semejante catástrofe, pero de paso busca que cabecillas responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad permanezcan en la impunidad, buscando pasar de agache ante el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional.
El marxismo históricamente ha actuado como una mafia, así que su “justicia revolucionaria” está basada en el odio, la mentira, el crimen y la venganza en donde se prioriza las conveniencias políticas y burocráticas para satisfacer los apetitos de la élite comunista, luego la verdadera justicia con sus luces y sombras es la que conocemos en los países democráticos que actúa conforme a la independencia de poderes; mientras que el genocida comunista ruso de Lenin simplificaba el asunto a la democracia burguesa y a la dictadura del proletariado, en donde había que acabar con la “ justicia burguesa” para darle paso a la “justicia revolucionaria”, subrayando que a la auténtica justicia no se le pueden colocar apelativos y simplemente es justicia para que el Estado y la sociedad vivan en armonía.
Las organizaciones comunistas en Colombia desde hace décadas han infiltrado a sectores de la justicia para impulsar sus objetivos políticos, así como lo han realizado con otros estamentos de la vida nacional, ya que la toma del Estado es el fin principal del comunismo, y para ello no se detiene en nada, recordando que cuando los bolcheviques tomaron por asalto el poder en Rusia, una de sus proclamas fue: “La dictadura revolucionaria del proletariado es un poder conquistado y mantenido mediante la violencia ejercida por el proletariado sobre la burguesía, un poder no sujeto a ley alguna”.
Llama poderosamente la atención la última parte que dice "un poder no sujeto a ley alguna”, lo que demuestra que para los seguidores del marxismo-leninismo la ley y las instituciones no interesan para nada, pues lo que importa es tener el poder a cualquier precio, sin tener en cuenta la razón, en donde la “justicia revolucionaria” se practica mediante la tortura, la prisión por razones políticas, la manipulación de la población, el asesinato con juicios sumarios y otras formas de violencia, siendo la crueldad el común denominador.
Dentro de esquematismo marxista, la burguesía es una clase social del régimen capitalista, por lo que “justicia burguesa” según ese sofismo defiende determinados intereses económicos, lo cual es un exabrupto, pues la justicia en los países democráticos puede tener muchas falencias e imperfecciones, pero es un símbolo persistente para que la ciudadanía viva en concordancia con la ley, diferente a la tal “justicia revolucionaria” que mediante el crimen busca amilanar y someter a las personas a los designios crueles y perversos del comunismo totalitario.
Aunque fue recapturado y vuelto a prisión el cabecilla de las Farc Jesús Santrich, ha quedado demostrado que hay una conspiración en contra del Estado de derecho, especialmente en la rama judicial, por lo que se hace necesario ver la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en donde los ciudadanos se conviertan en demandantes, para fortalecer la democracia, ante las acechanzas totalitarias que quieren convertir a Colombia en un narcoestado, bajo la férula marxista, acabando con la justicia.
