La orden la dio el presidente Petro una semana después de su posesión en un Consejo de seguridad en el municipio de San Pablo en el Magdalena medio: draga ilegal que se encuentre, draga que se dinamita de manera inmediata, lo cual implica una política minera diferente a la que tenemos, que será materia de un proyecto de ley.
Con esta drástica medida se busca proteger no solo el medio ambiente sino el trabajo de los pequeños mineros que barquean oro en los ríos y de paso combatir el lavado de activos del narcotráfico.
Una de las siete dragas destruidas en el sector del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca
La orden se cumplió y ya cayeron las primeras siete dragas en el sector del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, que el presidente expuso como un trofeo en su cuenta de Twitter. Incluso fijó este trino sustituyendo el de su juramento como presidente el pasado 7 de agosto, lo que demuestra el significado que para él tiene esta intervención.
La operación-dinamita de maquinaria extractora de oro en los ríos de las zonas auríferas del país es una actuación conjunta entre la Armada de Colombia, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana y coordinada con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
La Fuerza Aérea tomó las imágenes que fueron la guía para identificar las dragas y con base a estas se desplegaron dos pelotones de Ejército y Policía, y una Patrulla Logística de Combate de la Armada de Colombia, acompañados por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
Se cumplió lo ordenado por el presidente que lo anunció una semana después de su posesión: draga ilegal que se encuentre, draga que se dinamita de manera inmediata
Además de las siete dragas se destruyeron doce motobombas, tres unidades de producción minera y herramientas para la extracción de oro, con las que terminan provocando la deforestación del bosque, el desplazamiento de la fauna, la contaminación con elementos tóxicos como el mercurio, que son desechados de forma indiscriminada cerca a fuentes de agua o comunidades.
La maquinaria destruida tenía un valor aproximado de $250 mil millones, las cuales mensualmente generaban hasta $ 73 mil millones. La información de inteligencia señala que estos complejos de minería ilegal pertenecían a la disidencia de las Farc Jaime Martínez y que las rentas ilegales que eran captadas por la Subestructura Baudó del Grupo Armado Organizado “Clan del Golfo”.
Finalmente, puntualizó que, en esta nueva política minera, “el pequeño minero tradicional puede obtener concesiones otorgadas por el Estado para una explotación de largo plazo, que le permita inversiones para la sostenibilidad de su actividad, en relación a no afectar el medioambiente”.
