Conocido es el caso de Oscar Wilde contra el Marqués de Queenberry, padre de su novio. Se trató de la acusación y divulgación de este último contra el escritor por su condición de homosexual, la cual fue respondida con una demanda por injuria. En esa época esa condición era considerada criminal (en algo hemos mejorado) pero Wilde, convencido por su amante que deseaba 'castigar' a su progenitor, decidió llevar el caso a los tribunales. El juicio resultó ser un boomerang y al confirmarse que la acusación era cierta Wilde fue enviado a la cárcel.
Algo similar puede sucederle al expresidente Álvaro Uribe con el reciente fallo en su contra en la demanda que había instaurado contra Yidis Medina por injuria. En principio ese pronunciamiento implica que lo dicho por la exsenadora resultó cierto.
No se sabe si la motivación para el Dr. Uribe fue lo humillante que fue para su machismo la descripción de él arrodillado ante ella -después de haberla sentado en el ‘bizcocho’ de un excusado- para pedirle que cambiara su voto para permitir la reelección, y si entonces su cálculo fue que eso era lo injurioso y que una situación tan caricaturesca se caería por inverosímil; o si no se dio cuenta que no sería la forma en que fue presentada sino la esencia de la acusación lo que se resolvería en el proceso. El hecho es que el caso judicial terminó en una ‘tacada de burro’.
Lo importante en el fallo no es si semejante situación sí se dio, sino que el Dr. Uribe quedaría directamente vinculado con las maniobras que ya habían enviado a la cárcel a dos de sus ministros. Es decir puede ser el primer paso para que el expresidente a su turno llegue a ser juzgado.
No es seguro sin embargo que esa lógica se aplique. Si algo ha colmado la paciencia de la ciudadanía –incluso más que la corrupción, aunque ella sea parte de lo mismo- es la bajísima moralidad de quienes acceden a los altos puestos de liderazgo.
Tanto es así que la reciente sentencia del Consejo de Estado declarando que, actuando deshonestamente y de mala fe, en contra de la Ley, de la Constitución, del interés colectivo y de los principios democráticos, un partido político y el Concejo Nacional Electoral violaron la Moralidad Administrativa, ha podido no solo ser invisibilizada, sino, cometiendo fraude a resolución judicial, ha sido desatendida por parte de quienes debían no solo respetarla sino hacerla cumplir.
Porque se han establecido los precedentes de que la moralidad administrativa o la ética en el sector público no es una regla que obligue cuando uno está convencido de que el fin buscado es un fin superior.
Basta recordar cuando Belisario decía que ‘para ser buen gobernante hay que ser buen carnicero’; o el caso cuando bajo el Gobierno Gaviria el Ministro Rudolph Hommes explicó que se sabía que la norma que expedían para el cobro de impuestos se caería por inconstitucional, pero que por la presunción de legalidad lo que se hubiera logrado recaudar hasta antes de la respectiva sentencia no tendría que devolverse; o cuando el mismo Presidente Uribe le decía a su bancada que antes de que los enviaran a la cárcel votaran las leyes que estaba presentando; o cuando el Alcalde Petro desatendiendo todas las advertencias en relación a la ilegalidad del sistema de basuras que deseaba implantar decidió ‘coger por la calle del medio’ y crear el hecho para saltar el obstáculo que se le presentaba a sus convicciones.
Tan manoseado está el principio de la moralidad administrativa que solo por la tipificación de delitos penales se escandaliza la ciudadanía. O por lo menos solo en esos casos hacen escándalo los medios.
Por eso esta última sentencia del Consejo de Estado es vista como un problema o tema de divisiones políticas y no se le da la dimensión que debería tener.
La caída de los estatutos del Partido Liberal –que ni siquiera merecieron mención en la mayoría de los medios- es solo consecuencia del sentido de la sentencia. Pero ésta lo que resuelve es ‘amparar los valores e intereses colectivos relacionados con la moral administrativa vulnerados por el Partido Liberal Colombiano y el Consejo Nacional Electoral…’.
Esa reivindicación de cómo debe ser el comportamiento de los actores de la política -ya no solo aquellos que ocupan los cargos públicos- es lo que toda la población anhela; sin embargo, cuando se produce, es tal el poder de quienes así actúan que logran que pase desapercibida (y esperan que sin consecuencias) mientras siguen repitiendo los mismos comportamientos…
Es lamentable pero la ética o moralidad administrativa no es guía de comportamiento para nuestros dirigentes… parece que solo el riesgo de caer en el campo penal (… y eso…) detiene esos abusos de poder…
Ojalá se logrará que el caso de Álvaro Uribe sea un mensaje para otros…
