El reto no solo del gobierno Duque sino de toda la clase política es cómo reducir el problema de la proliferación del delito, el aumento de la sensación de seguridad de los ciudadanos y, en consecuencia, la lucha contra la criminalidad cotidiana en las ciudades, no solo para salvaguardar el desarrollo socioeconómico sostenible del país, sino también para propiciar la seguridad interior, el mantenimiento del orden y la aplicación de la ley, lo que contribuirá a crear una sociedad estable y próspera, segura, armónica, pacífica y justa. En nuestra opinión la eficacia y objetividad del mandato del gobierno Duque se vincula con el respeto de dos principios esenciales, a saber, que el respeto de los derechos fundamentales de las víctimas debe ser la consideración principal en la lucha contra la criminalidad organizada, el delito y la corrupción, y que las medidas que se adopten para luchar contra estos flagelos no deben comprometer los derechos humanos de los interesados. Por tanto, la lucha contra la criminalidad común y económica y contra la criminalidad del tráfico de drogas debe asegurar no solo la ejecución de las condenas, sino también que se cumplen de manera que protejan los derechos individuales. Esas normas suelen incluir elementos de prevención, rehabilitación social y reparación del daño.
El reto al que se enfrenta el gobierno no es baladí, ya que se trata de hacerlo todo de una vez con toda la celeridad posible, de la forma más barata posible y con la mayor participación posible. Las limitaciones presupuestarias y dificultades financieras, las persistentes violaciones de los derechos humanos, la actividad delictiva y la inseguridad con que se enfrentan actualmente el país, junto con la impresión cada vez más difundida de que no se castiga a los culpables de los delitos, compromete los esfuerzos por lograr este noble objetivo de luchar contra las amenazas comunes, como la criminalidad organizada, el delito y la corrupción
El reto para Duque pasa por encontrar la combinación correcta entre el desarrollo, la delincuencia y promover una cultura de paz, como también el candente tema de la relación entre democracia y seguridad. El objetivo debería ser una simbiosis entre estabilidad, constitucionalismo y desarrollo social sostenible. “A este respecto, se ha empezado a reconocer la doctrina de la buena gobernanza, basada en el imperio de la ley y en las instituciones democráticas, que es condición previa para el funcionamiento de sistemas eficaces de prevención del delito”.
Eso dependerá de su capacidad para generar coaliciones nacionales firmes en pro de una acción colectiva con vistas a racionalizar las estructuras para una administración de justicia eficaz y el mantenimiento de un sólido sistema de justicia penal, reforzar la capacidad de las fuerzas del orden y mantener el orden social, así como promover alianzas eficaces entre la sociedad civil y el sector público, incluidos el sector privado y los medios de comunicación, al tiempo que no enerve la fractura social o hiera las sensibilidades culturales de grupos ideológicos.
Desde un punto de vista político, aún más delicado podría ser llegar a un arreglo justo y duradero, "amistoso" y razonable con la oposición que sea tanto incluyente como integral, y que no repita las limitaciones del gobierno anterior, sin que la solución implique represalias contra Duque, asegurando a la vez la posibilidad de que el gobierno conserve un estricto marco normativo en relación con la prevención del delito y justicia penal, la amnistía u otras medidas que no estén ligadas al comportamiento de la persona condenada con el fin de disuadir al delincuente de repetir el delito y disuadir a otros de cometer actos similares; pero es fundamental la incorporación de las convenciones y los protocolos internacionales a la legislación nacional. Sin embargo, un planteamiento que quisiera reducir realmente de manera eficaz y a largo plazo la prevención y la lucha contra la criminalidad debería generar un cambio de actitud o de conducta entre las partes, con objeto de elevar los niveles de confianza.
Otra cuestión que puede tener que abordarse es la rehabilitación y la reintegración social de los delincuentes y el coste del encarcelamiento, incluidos los derechos humanos, el comercio de armas y el abrumador número de sospechosos en espera de juicio. Además de fomentar la capacidad administrativa del personal de los sistemas de justicia penal en materia de promoción de sistemas estables y viables, es necesario considerar la creación de programas de prevención del delito y abordar los problemas de delincuencia internacional. Esta acción debería comprender una revisión de los sistemas jurídicos y penales y los procedimientos, los relativos al derecho humanitario y los administrativos del sistema de justicia penal de menores para garantizar una cultura de la equidad.
También podemos volver la mirada a las sanciones sustitutivas no "clásicas", como la obligación de prestar un servicio a la comunidad o a hacer algo en beneficio de la víctima o víctimas del delito, incluidas las inhabilitaciones para desempeñar un cargo o ejercer una profesión, por ejemplo, para contratar con la administración pública o a la que se le prohíba ejercer actividades que impliquen contacto con niños o se le prive de cualquier otro derecho y desempeñar dicha función, como participar en una contratación pública o recibir una subvención del Estado.
Indudablemente, a Duque le esperan innumerables retos para hacer respetar el orden constitucional y el imperio de la ley, la igualdad, la justicia y la preocupación por las víctimas. Ello supone la adopción de un enfoque pragmático de política criminal, impulsar la promoción de un diálogo más profundo y eficaz, en el que participen todas las fuerzas políticas y la creación de redes, cooperación estadística, justicia y asuntos de interior y la constitución de una red regional. Gracias.
