Pretender replicar las sandeces de AMLO en México en relación con la elección popular de jueces, más que un error, es una tontería. La reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada hace unos días, convierte a México en el primer país que elegirá a todos sus jueces por voto popular. De manera equivocada la nueva presidente de México, obsecuente con AMLO, afirma que en 43 de los 50 estados de Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular, dejando al margen que en EE. UU. rige es un sistema federalista que le da amplio margen a los estados para elegir jueces con muy limitadas funciones. El analista del diario El País de España, Luis Pablo Beuaregard, resume de manera sucinta las diferencias: “Primero, algo que Sheinbaum dejó fuera. Estados Unidos tiene un sistema judicial dual. La elección de jueces solo se hace a nivel estatal. Ninguno de los juzgadores de los tribunales federales ha llegado al banquillo por el voto popular. Estos son los rostros más célebres del sistema estadounidense y quienes presiden los casos más sonados en los medios. Los jueces que derogaron el derecho al aborto en 2022, deciden si Google incurre en prácticas monopólicas, median en las disputas entre Washington y los Estados o deciden si Joaquín El Chapo Guzmán volverá o no a pisar la calle fueron todos elegidos por un presidente de Estados Unidos y confirmados en el cargo por Senado después de ser validados por un comité especial. Así funciona para los ocupantes de la Corte Suprema, los magistrados de los circuitos de apelaciones y los tribunales de distrito e inferiores, quienes sirven de por vida una vez que son avalados por el Congreso.”
El mayor inconveniente es supeditar el poder judicial al mandato de las “mayorías”, abriendo de par en par las puertas a un populismo judicial y punitivo
Diversos analistas han señalado los enormes inconvenientes que puede tener la elección popular de jueces, siendo tal vez el principal el supeditar el poder judicial al mandato de las “mayorías”, abriendo de par en par las puertas a un populismo judicial y punitivo, en las cuales las sentencias se dictarían con base en la ley, sino con bas ene a las exigencias y preferencias de los electores. Por el contrario, los jueces profesionales que llegan a sus altos cargos por sus méritos y no por su capacidad de atraer votos, no dependen de presiones externas, sino de un juicio imparcial en que, según las palabras de un distinguido jurista mexicano, “la sentencia depende de las pruebas aportadas por las partes y de un análisis a conciencia de la legislación.”
Jueces elegidos por el electorado pueden verse arrinconados a tomar son decisiones populares, aún si estas decisiones son contrarias a la ley y a la Constitución. En Bolivia, la elección popular de los jueces derivó en la total politización de la justicia, con su consecuente descrédito.
La reforma propuesta por AMLO en México y aprobada por el Congreso pone en peligro la totalidad de la independencia judicial y por ende crea un altísimo nivel de desconfianza en los mercados. Al presidente de la nación le estará dando la mayor concentración de poderes en la historia de México, quebrando de paso el Estado de Derecho que actualmente rige en el país azteca. El querer implementar esta peregrina reforma en Colombia, como lo han señalado diversos juristas, es de una inconcebible estupidez.