El proyecto de ley que busca igualar el castigo físico con la corrección que ejercen los padres en su rol como responsables de la formación y educación de los menores será debatido este jueves 4 de mayo en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Dicha propuesta supone un riesgo relevante en la autonomía de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones y una clara intromisión del Estado en la familia.
Esta engañosa ley pretende que el estado influya de manera directa en la crianza de los niños y adolescentes, interfiriendo de la jurisdicción familiar y en los roles de autoridad que los padres y/o cuidadores tienen sobre los menores. Es nula la intención de proteger los derechos de los menores por parte de los congresistas, más claro es: el excesivo protagonismo dentro de los amantes de lo “políticamente correcto”. El partido Colombia Justa Libres anunció su voto negativo para dicho proyecto en la plenaria de Cámara de Representantes.
El trámite legislativo se viene adelantando desde agosto del año pasado. Se acumularon dos iniciativas:
1. El proyecto de ley 179, “por medio del cual se prohíbe el uso del castigo físico o cualquier tipo de violencia como método de corrección, contra los niños, niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones”. Este fue radicado por el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Harry Giovanny González.
2. El proyecto de ley 212, “por el cual se prohíbe toda forma de castigo físico y tratos crueles, humillantes o degradantes contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones”. Este fue radicado ocho días y es iniciativa del ICBF. Cuenta con el apoyo de más de 45 congresistas de todas las orillas políticas, entre los que se destacan Álvaro Uribe, Paloma Valencia y otros más del Centro Democrático, al igual que Angélica Lozano y John Milton Rodríguez.
Pues bien, el 16 de octubre se realizó audiencia pública, el 12 de diciembre se debatió en la Comisión Primera de la Cámara y fue aprobado por unanimidad de votos de los representantes. Varias organizaciones defensoras de la autonomía familiar venían advirtiendo los peligros de dicha propuesta, pero solo hace un par de semanas, cuando entró en el orden del día de la plenaria de Cámara, las voces en contra despertaron con fuerza.
La mayor amenaza a la autonomía familiar se hace evidente en la redefinición de conceptos que promueve esta ley. Estos ya han sido ratificados por el mismo Código de Infancia y Adolescencia. Es evidente la postura ideológica de este proyecto, donde el poder del Estado sobrepasa los límites de las libertades de los padres para educar a sus hijos y cada vez más busca hacerse dueño de las formas y conductas sociales.
En ese camino, pretende modificar el artículo 262 del Código Civil y adicionar de manera innecesaria un artículo a la Ley 1098 de 2006. Asimismo, de manera inocente presenta la implementación de estrategias de pedagogía y prevención, donde se promueven prácticas de crianza positiva, limitando la decisión de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.
El pasado mes de mayo, la Corte Suprema de Justicia absolvió a un hombre condenado por pegarle a su hija afirmando que “no todo golpe a los hijos es un delito de violencia intrafamiliar”. Del mismo modo, advirtió que la violencia intrafamiliar está matizada por un fuerte acento valorativo que se debe ponderar en cada caso, concepto que comparado con la definición de castigo físico que se propone en esta iniciativa deja ver con preocupación una vez más la imposición ideológica detrás de esta.
Algunas confusiones se presentaban para los seguidores del partido Colombia Justa Libres, ya que uno de sus senadores aparecía como coautor de la iniciativa, pese a los peligros que se advierten desde hace meses. Luego de conocerse una carta que fue enviada por Carlos Eduardo Acosta (representante a la Cámara) a John Milton Rodríguez (senador) y del pronunciamiento del senador Edgar Palacios (ambos anunciaron su voto negativo al proyecto de ley por la evidente afectación a la familia y las libertades individuales de los padres), se hizo pública la postura del senador Rodríguez mediante un comunicado, en el que se comprometió a solicitar los ajustes correspondientes, eliminando dichos riesgos y en el que señaló que en caso de no darse dichas modificaciones anunciaría su voto negativo y se retiraría como coautor del proyecto.
¡Enbuenahora, congresistas! Necesitamos más cristianos en política que defiendan nuestras convicciones con vehemencia.
