El Presupuesto General de la Nación (PGN) refleja las políticas macroeconómicas y su desglosamiento en los distintos componentes, las prioridades del gasto y la inversión y las fuentes de recursos. Se trata de uno de los principales instrumentos de política pública del gobierno, que debe ser aprobado por el Congreso de la República antes de octubre de este año para que entre a regir el primero de enero de 2019.
Invariablemente, los presupuestos de los últimos años han tenido como rubro principal el servicio de la deuda pública. En el del 2018 se le apropió la suma de 47.93 billones de pesos, rubro que para el 2019 tiene asignado en el anteproyecto de presupuesto la suma de 66.43 billones de pesos, un aumento del 38.6 por ciento respecto al presente año y que equivale al 25,65% del total. Es decir, solo el pago de la deuda pública se lleva más de la cuarta parte de todo el Presupuesto General de la Nación para el año 2019, aforado inicialmente en 258.99 billones de pesos.
En contraste, el anteproyecto de PGN-2019 presentado por el anterior ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, contempla para educación $38.7 billones, Defensa y Policía $33.6 billones, salud $28.48 billones y mesadas pensionales 39 billones. Para colmo de males, se tiene presupuestada una caída de la inversión pública desde 39 billones en 2018 a 35,4 billones para el 2019, un bajón de 9,2 por ciento. La conclusión es obvia. La mayor parte de la riqueza social producida por los colombianos se va hacia los tiburones del capital financiero internacional que tienen endeudado el país, con el agravante de que la deuda pública sigue creciendo exponencialmente bajo la lógica perversa de prestar para pagar y seguir debiendo más. Manes de las políticas neoliberales al mando.
El otro aspecto grave es que para que siga la guachafita con los recursos públicos, el gobierno del presidente Duque se apresta a descargar sobre el ciudadano del común una drástica reforma tributaria. El martillo es el flamante ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, bien conocido por haber ocupado el mismo cargo en el gobierno del ahora senador Álvaro Uribe Vélez, en el cual eliminó la mesada catorce para los nuevos pensionados y preparó el terreno para hacer negocios millonarios en contratos relacionados con acueductos de centenares de municipios de Colombia. Su reforma tributaria está enfocada a disminuir el impuesto de renta a los potentados nacionales y extranjeros, aumentar la base de declarantes de impuesto de renta e imponer el impuesto regresivo del IVA a toda la canasta familiar. Es evidente el sesgo tributario contra la clase media y la población en general, con lo cual los sufrimientos que padecen se incrementarán hasta lo indecible.
Estamos pues alertados: un presupuesto para el 2019 a favor de los acreedores del país, con gravosos aumentos de la deuda pública, condicionada a aplicar las recetas que nos tienen anclados al atraso, que no contempla buena parte de los subsidios para los usuarios de servicios públicos domiciliarios de los estratos 1, 2 y 3, y una reforma tributaria contraria a la mayoría de los colombianos, para lo cual los Uribe, los César Gaviria, los Andrés Pastrana y demás están ensamblando un nuevo “Frente Nacional” que entronice en el poder a las minorías que tanto mal le han causado a Colombia. Pero también las fuerzas alternativas y de oposición están en crecimiento con sus propuestas de cambio y de replanteamiento del modelo en crisis y se aprestan a una gran victoria el domingo 26 de agosto en la consulta contra la corrupción.
