A raíz de unas denuncias periodísticas realizadas en días recientes sobre abusos bancarios y supuestos alivios y beneficios a sus usuarios, he tenido la oportunidad de conocer de cerca la situación dolorosa y angustiosa por la que atraviesa la generalidad de nuestro pueblo. Nuestras entidades y autoridades guardan sepulcral silencio, ignorando el clamor del pueblo.
Pero entre todas estas denuncias y reclamos me ha llamado poderosamente la atención la realizada por uno de nuestros contactos que, por razones que el lector entenderá, solicita mantener su anonimato. Nuestras primeras indagaciones nos han permitido corroborar lo expresado por este ciudadano. Me permito compartir su denuncia e inquietud en espera del pronunciamiento de las autoridades competentes, de los entes de control, de la Contraloría Departamental de Nariño y de los demás presuntos implicados.
Su caso es puntual y claro, obliga a nuestros gobernantes a brindarnos una oportuna respuesta a sus inquietudes. Comienza así: “Buenos días. Quería comentarle que en efecto conozco de primera mano un caso de abuso del Banco Popular y que tiene que ver con la Secretaría de TIC y Recursos Humanos de la Gobernación de Nariño”. A continuación nos expresa que: “En resumen hay una doble nómina de pensionados, es curioso que los casos se denuncian y los entierran como error del sistema de datos de nómina en la gobernación. Lleva varios años, y en mi caso, un proceso disciplinario que llegó hasta la procuraduría delegada, pero también lo archivaron, obvio por la rosca del sector público…”.
Y es claro y contundente en su denuncia cuando nos relata que: “Un beneficiario de pensión sustitutiva por razón a discapacidad mental y ser de la tercera edad le duplicaron la pensión en el sistema y aparecía con el mismo código, nombre, curador y todo... pero, con un crédito por más de 50 millones desde 2015 en el Banco Popular, lo más raro dada la discapacidad el pensionado tiene curador designado por juzgado de familia, es decir es un interdicto por razón de esa discapacidad… No podía por él mismo y el curador con autorización del juzgado, sacar un crédito o similar…”.
Delicado que se presenten este tipo de actuaciones en las que claramente se miran presuntas irregularidades y complicidades. Abusos, atropellos y silencios inexplicables de autoridades, corporaciones y funcionarios. Amerita una investigación con sus consecuentes sanciones disciplinarias y penales. Por supuesto que deben responder los gobernadores y funcionarios en los cuales han ocurrido estos presuntos hechos anómalos e irregulares que desangran el presupuesto departamental.
Más adelante denuncia nuestro colaborador: “Se presentaron 2 derechos de petición que nunca fueron contestados por el Banco Popular… y se averiguó por otras fuentes de la gobernación que es una costumbre duplicar la nómina…”. Grave y delicado sin duda alguna. Un verdadero concierto para delinquir que, de acuerdo a sus denuncias, se repite sistemáticamente en diferentes administraciones departamentales. Nos preguntamos qué tipo de actuaciones ha realizado en este respecto la actual administración departamental. Y nos relata que estos inexplicables y comprometedores silencios se hacen “para tapar casos de corrupción…”.
Igualmente, nos confirma que el susodicho y controvertido crédito lo sacaron de la gobernación y actualmente se sigue pagando por un desconocido, "pero está a nombre de un interdicto”. ¿Quién es ese desconocido que paga el crédito financiero? ¿Cómo se tramitó en el Banco Popular? ¿Por qué ocultan nombres y cuantías…? Preguntas que deben responder funcionarios y autoridades competentes.
Nos aclara nuestra fuente que: “Tengo un par de nombres, pero están aún en el proceso disciplinario. O sea, reserva del sumario”. Y es explícito al aseverar que: “Y por comentarios de contratistas de la gobernación, que hay muchos casos de anteriores administraciones, no solo en cuanto a los que llegaron con Rojas”. Y aclara puntualmente: “Que son siempre casos de pensionados de la gobernación o del magisterio, que tienen pensión sustitutiva, pensión de sobrevivientes o por razón de una discapacidad”. Para dejar por sentado la veracidad de lo afirmado nos comenta que: “En el caso que le cuento, el del crédito es tío mío y la curadora es mi mamá…”. Y en un tono lastimero y agobiado por la impunidad nos relata: “Pablo, tengo el derecho de petición al Banco Popular que resume el caso y no contestaron. Y algunos documentos de la gobernación, pero estos últimos no los puedo revelar aún porque el proceso está en etapa de investigación…”.
Por lo delicado de estas denuncias nos permitimos formular un respetuoso llamado a nuestras autoridades para que se manifiesten al respecto, aclaren los hechos y permitan el cese de este tipo de atropellos y delitos que desangran y comprometen el presupuesto departamental. No más dilaciones en casos como este y muchos más donde se puede observar confabulaciones internas y silencios comprometedores. En próximo informe periodístico daremos a conocer nuevos detalles y pronunciamientos de nuestras autoridades y gobernantes.
