Las recomendaciones las respaldan con su firma 32 profesionales agrupados en el Laboratorio por la Igualdad y el Desarrollo Sostenible (Lides). Más allá de las acciones convencionales como la reducción de las tasas de interés y la inyección de mayor liquidez para el sector privado, el laboratorio insta al gobierno a dar un paso adelante para hacerle frente al golpe que se viene para la economía colombiana, "que avanza inexorablemente hacia una recesión más grave que la de 1999". Por ello, según la propuesta, se debería destinar por lo menos $ 50 billones para atender la emergencia económica, social y ambiental decretada desde el pasado 17 de marzo.
Lo primero que se debe hacer es proteger el ingreso de las personas. Para ello, el Lides propone ponerle vital atención a la población en situación de pobreza, incluidas las víctimas del conflicto y los desplazados. Para ello, es necesario entregarles, además de las ayudas a través de los programas estatales de subsidios, un ingreso de por lo menos un salario mínimo legal vigente por tres meses. Los trabajadores independientes e informales están en una particular vulnerabilidad porque en su mayoría viven del día y no tienen un ingreso fijo.
También es necesario respaldar a las empresas que inevitablemente tuvieron que parar sus actividades, afectando directamente a sus trabajadores. Subsidiar las nóminas y la salud es apenas una propuesta necesaria, según Lides. Pero para proteger las empresas también es fundamental incentivar la producción nacional y el mercado interno.
Pero como la plata se necesita ya, también se propuso flexibilizar la regla fiscal e incrementar la deuda pública. Esto garantizaría la sostenibilidad de los subsidios pero también de los proyectos que son vitales en el país y no se pueden desatender. Los créditos en las entidades privadas también son un opción, lo mismo que el respaldo del Banco de la República.
Sin embargo, como todas son medidas urgentes y de alto impacto inmediato, el Laboratorio por la Igualdad y el Desarrollo Sostenible le propuso al presidente volver a tramitar una "reforma tributaria estructural de verdad" que elimine beneficios y exenciones inesesarios para estabilizar la economía colombiana en los próximos años, cuando la emergencia haya terminado.
