En un contundente discurso ante el Congreso de la república, con ocasión de su instalación para un nuevo periodo que ocurrió el 20 de julio, fecha que celebra la independencia nacional, el presidente de la republica Gustavo Petro, ha trazado un horizonte de acción política dinámica y cargada de iniciativas y propuestas acertadas para fortalecer la transición democrática hacia la paz, la unidad y el bienestar de los colombianos.
Mientras la ultraderecha reaccionaria ha querido paralizar y bloquear el gobierno con distintas estratagemas e intrigas políticas en todos los frentes, el presidente Petro ha mostrado imaginación y creatividad para desbloquear el proceso político de transformaciones progresistas en las que está empeñado desde su elección como presidente de la nación.
En su exposición ante las cámaras legislativas ha planteado nuevamente la tesis de la unidad nacional, pero para hacer realidad los derechos de millones de ciudadanos que padecen la pobreza y la exclusión más aberrante, pues la sociedad colombiana es una que registra los mayores niveles de concentración de la riqueza.
Petro ha dicho que quiere impulsar la movilización de la sociedad nacional alrededor de dos pilares: el de la justicia ambiental y el de la justicia social.
La justicia ambiental debe construirse alrededor de la transición energética y la protección de los recursos naturales.
La justicia social debe hacerse realidad mediante la reforma agraria (trancada por la oposición latifundista y el sabotaje burocrático de Ministerios, agencias de tierras y la SAE), la garantía del derecho a la salud, de las pensiones y de la reforma laboral que recupere las prestaciones para los trabajadores atrapados en la vorágine neoliberal del libre mercado que se niega a ceder en sus privilegios defendidos por los encumbrados gremios de la oligarquía empresarial y bancaria.
La unidad nacional planteada debe tener un fin supremo que consiste en alcanzar la paz. Petro ha dicho que Colombia está cerca de terminar (o está terminando) la guerra contrainsurgente del Estado contra las guerrillas revolucionarias de la resistencia campesina que se originaron en 1948, a raíz del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el caudillo liberal que lideraba el levantamiento social contra las castas oligárquicas herederas de la hegemonía conservadora del siglo XIX.
Coincido completamente con esta visión del presidente. La apoyo sin pero alguno.
Esta afirmación tiene una carga de profundidad que aún no se logra interpretar en sus alcances y sentidos. Con esta hipótesis Petro coloca los actuales procesos de paz con el Eln y las derivaciones de las Farc, en otro plano que es necesario interpretar en el Cese al fuego bilateral con el ELN (que empieza a rodar este 3 de agosto hasta enero del 2024, según lo dispone el decreto 1117 del 2023) y en el Dialogo acordado para caracterizar la naturaleza de nuestro conflicto social y armado y las propuestas para superarlo, que se inicia este 27 de julio; y en los avances determinados con el Estado Mayor Central de las FARC, ligados a la protección ambiental de la amazonia, la democracia territorial, la reforma agraria y la depuración de los aparatos militares y policiales del gobierno, infiltrados por la mafia de las drogas y el neoparamilitarismo.
El anuncio presidencial del fin del conflicto social y armado con las guerrillas revolucionarias colombianas da la medida de la lucidez del liderazgo de Petro. Lo hecho hasta hoy en materia de paz total, bajo la responsabilidad de Danilo Rueda, el Alto Comisionado de Paz, es claramente la acción más fértil en la historia de Colombia para darle un vuelco a la sociedad colombiana. Petro y Rueda están en la línea correcta, no obstante, la venenosa oposición de la ultraderecha fascista y las falacias de sus redes mediáticas y comunicacionales.
Lo que corresponde ahora es abordar la violencia originada en la criminalidad asociada con la pelea por las rentas ilegales como el tráfico de drogas, el tráfico con las mujeres, el despojo de los dineros públicos y la concentración de la tierra.
Así que la Unidad nacional debe construirse para lograr la igualdad social, para hacer efectivos los compromisos incluidos en los acuerdos de paz del 2016, para avanzar en la reforma agraria (atacada violentamente por la casta latifundista en departamentos como el Meta, Cauca, Cesar, Córdoba, Bolívar, Sucre y Magdalena). Reforma agraria que es esencial para apalancar el desarrollo industrial y de la economía productiva, -incluidas las economías populares-, para de esa manera otorgar los espacios a la juventud tanto en el trabajo como en su formación académica y científica.
