La Constitución contempla en su artículo 2 que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Desconociendo este mandato y, acorde con sus decisiones contradictorias, convoca a sus seguidores a salir a las calles a defender las reformas que usted y su gabinete están obligados a defender en el Congreso de la República, consciente de que en tales manifestaciones se atizan la violencia, el caos, la muerte de civiles y policías y los destrozos a bienes públicos y privados.
El convocar manifestaciones en defensa de aquellas reformas que su gobierno debe sustentar con argumentos en el Congreso de la República, el mismo día que se iban a efectuar las manifestaciones de aquellos que tienen el derecho de disentir de sus decisiones, no solo es un acto retador sino, que es impropio de quien dice ser un demócrata respetuoso de las instituciones y la democracia.
El tratar de coartar los derechos que le asisten a la oposición y, por qué no, a aquellos votantes suyos que en tan poco tiempo se hallan arrepentidos de su voto, es desconocer lo establecido en el Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018), como instrumento normativo garante de la participación democrática de la oposición al gobierno de turno. Según este estatuto, “el derecho fundamental a la oposición e independencia política es una condición esencial de la democracia participativa y debe realizarse reconociendo los valores de la convivencia, la tolerancia, la deliberación pública, la no estigmatización y el respeto a las diferencias.”
Presionar las decisiones del Congreso de la República, poder establecido para la creación de las leyes, mediante la convocatoria de manifestaciones de sus seguidores en las calles buscando inclinar la balanza en su favor, es desconocer la existencia del sistema de pesos y contrapesos indispensable en el mantenimiento de una democracia real. Este sistema garantiza que no exista un poder con facultades ilimitadas, que cada uno de los tres poderes que gobiernan nuestro país sean sujetos de su respectivo control y que exista una verdadera separación de poderes: el que hace las leyes (poder legislativo), el que las aplica (poder ejecutivo) y el que dirime las diferencias sobre su aplicación (poder judicial). Estos tres poderes se justifican por cuestiones funcionales y de mutuo control.
Port último, presidente Petro, es por demás contradictorio que mientras adelanta la política pública de la “paz total” con grupos al margen de la ley, esté convocando manifestaciones de sus seguidores, polarizando aún más los ánimos de sus compatriotas.
