Señor presidente, hoy por hoy, no sirven más leyes -cuando no se controla ni si se cumplen -, pero son necesarias reducciones mucho más drásticas de los gastos (público) inútiles o excesivos del Estado y los privilegios abusivos con miras a reducir el déficit presupuestario, el control de las instancias de poder y reformar y desburocratizar el funcionamiento de la administración, inclusive tomar medidas para evitar interferencias políticas indebidas en el funcionamiento de la administración pública, estando permanentemente a la escucha del pueblo, así como responder a las expectativas y necesidades de los ciudadanos. Reducir los impuestos y la burocracia en un momento en que el pueblo aboga por la austeridad presupuestaria y de la exigencia de una administración ética y pide que el gasto público se racione constituirá un punto de partida estupendo. El problema está tan latente que sencillamente sería inmoral no prestarle la suficiente atención. Un viejo proverbio dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver; la realidad colombiana, debería ser por sí misma, suficiente testimonio como para rechazar las alzas de impuestos con las sustanciales alzas de precios.
Señor presidente, escuche a los ciudadanos y represente sus puntos de vista, no sólo a los tecnócratas y los burócratas del gobierno. En el país hay desencanto social y desorientación con respecto a las políticas tradicionales y los políticos, y una fuerte frustración y desánimo que producen la realización de la reforma tributaria, anunciada con gran alarde, con vistas a aumentar los impuestos y tasas, la recaudación impositiva y otros gravámenes. Actualmente, el número de ciudadanos insatisfechos con las instituciones supera al de satisfechos y la opinión se halla dividida. No es el momento adecuado para nuevos impuestos o imponer nuevas tasas municipales y nacionales al pueblo ni a las empresas ya sometidas a una gran sobrecarga fiscal relativamente alta. Sería un golpe casi fatal para muchas empresas que corren el riesgo de cerrar o terminar en manos de prestamistas comerciales o los usureros o empresas chinas en sus proyectos de expansión internacional que hacen caso omiso de sus obligaciones en materia de derechos humanos, medio ambiente y libertades civiles básicas. Esto produciría un mayor sufrimiento humano, un mayor malestar social, una modificación de los estándares de vida, un retiro del apoyo de algunos sectores sindicales, sociales y económicos, y dar lugar a nuevas oleadas de protestas populares y saqueos (desde abajo) contra la mala administración de los ingresos públicos y el debilitamiento de la democracia.
No se confíe mucho, porque es como "jugar con fuego". Es un incendio muy serio y puede ser muy arriesgado, y s0lo porque sepan responder a él no significa que puedan jugar con fuego. El refrán bien podría decir "unidos pereceremos", Debe quedar claro –hay que decirlo en voz muy alta– que en Colombia se está gestando un futuro de generaciones de pobres, y es así porque no hay voluntad, o no se encuentra la fuerza o la valentía, para acabar de una vez con los privilegios y los ingresos excesivos, las instituciones inútiles y costosas cuya carga la soportarán otros. De cara al futuro deberíamos reflexionar sobre ello. Preocupa la falta de previsión de cara a las generaciones futuras y el hecho de que nadie esté dispuesto a asumir responsabilidades, sino que se tienda más bien a culpar a los demás. Nada es más fácil que culpar a otros de nuestros problemas y absolvernos de la responsabilidad de nuestras elecciones y nuestras medidas.
Los ciudadanos necesitan de una presidencia que se sacuda de la carga de la burocracia y la tecnocracia clasista del gobierno, que es la principal culpable del alejamiento entre el pueblo de Colombia y las instituciones. Las elecciones presidenciales del 17 de junio de 2018, que deberían haber desembocado en la formación de un nuevo gobierno político de coalición de centro derecha para contrarrestar y atacar frontalmente la corrupción, el mal gobierno, la impunidad, recuperar la confianza del pueblo y una profunda ruptura con el pasado, están paralizadas por la formación de un gobierno con características peculiares. No es sólo el resultado de un vasto acuerdo entre los dos principales partidos políticos y otras fuerzas políticas históricamente divididas y en conflicto, sino que de hecho está formado fundamentalmente por especialistas técnicos elegidos por su prestigio y de acuerdo con sus habilidades técnicas o expertos burócratas, y no debemos ignorar los peligros y las implicaciones que esto conlleva en la práctica para la democracia de base ciudadana.
El hecho de que una tecnocracia se ejerza con el acuerdo tácito de una asamblea parlamentaria no cambia la naturaleza de dicha tecnocracia. Del mismo modo que no existe ninguna dictadura buena, tampoco existe ninguna buena tecnocracia. Un gobierno “técnico” como el actual es insuficiente para hacer frente a los desafíos sociales que debe afrontar el país, por ejemplo, entender la complejidad de la situación política imperante y cuál será la acción correcta para seguir; enfrentar importantes plazos económicos o situaciones de emergencia o llevar a cabo algunas reformas impopulares pero indispensables. Por su naturaleza, presenta grandes límites y deficiencias a la hora de tomar las grandes decisiones políticas. Es incapaz de ofrecer directrices e instrucciones, adoptar y ofrecer respuestas adecuadas.
Los gobiernos técnicos implican un debilitamiento de la representación democrática. Por su debilidad, su escasa representatividad y la relación —generalmente de dependencia— que les une a los partidos políticos, el gobierno técnico no está capacitado para desempeñar de pleno derecho un papel de interlocutor social en las negociaciones con las organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y sindicatos. En general, los gobiernos técnicos se caracterizan por una relación ambigua con los partidos políticos que forman la mayoría parlamentaria que los apoya. En la práctica, los partidos tienden a marcar cada vez más su distancia de los gobiernos técnicos durante la acción del gobierno, en un intento de rechazar la responsabilidad política de la acción del gobierno ante los ojos del público. Al hacerlo, en las elecciones políticas posteriores (2022), los partidos políticos que apoyaron el nacimiento del gobierno técnico podrán presentarse ante los votantes sin sentirse responsables de la acción del gobierno o incluso en una oposición abierta al gobierno saliente.
Estamos convencidos de que los desafíos sociales y la complejidad de la situación política que enfrenta Colombia son de carácter político antes que técnico. La política noble arte y ciencia altamente creativa al servicio del bien común de todos los ciudadanos no puede someterse de manera suprema a las leyes y la frialdad numérica de los especialistas y técnicos prestados a la política. Colombia no puede quedar únicamente en manos de tecnócratas, burócratas y otros pretendientes a yuppies controladores puntillosos de la ortodoxia burocrática. Es una forma de poner los intereses generales en manos de los intereses particulares de unos pocos, y es algo que hay que recordar. Los tecnócratas y los burócratas atenderán ellos solo a los detalles de funcionamiento. “Los plutócratas y autócratas intentarán hacerse con el timón, acuciados por intereses y querencia de poder”. Serán solo los demócratas, no lo olvidemos, --es decir, todos los que han sido elegidos, porque la democracia, como los derechos humanos, no pertenece a ninguna institución, ni a ningún partido, ni a ninguna nación, ni a ningún pueblo- serán los demócratas los que atenderán en primer lugar, mirando al horizonte, a la trayectoria apropiada de cambio en el plano ético-político.
En mi opinión, hemos desplegado demasiada burocracia y tecnocracia como fórmula de gestión y no la suficiente hacia la política. No es posible reconstruir la Colombia en un vacío político, donde el verdadero poder incumbe a un puñado de funcionarios sujetos a influencias políticas y factores de riesgo, que no tiene razones políticas sino necesidades, no partidista o teóricamente neutral, pero muy atenta a los miles de grupos de presión y completamente sorda a las expectativas legítimas de la comunidad nacional. Creo que el mayor peligro en este momento para la democracia es la tecnocracia asociada a los intereses económicos. Me temo que la participación de la ciudadanía quizás esté menos de moda que la tecnocracia como fórmula de gestión; se está acelerando hacia la construcción de un país gobernado por una tecnocracia apátrida cuyo rumbo será el que le dicte la finanza internacional.
El concepto de calidad de vida de los ciudadanos estará cada vez más vinculado a la austeridad y la responsabilidad política, no en percepciones o para satisfacer intereses económicos inmediatos y torpes ambiciones de poder. La mejor gobernanza sería una mejor transparencia, una mejor consulta, una mejor comunicación, una mejor participación, un método de coordinación más abierto, tender puentes de unión entre el gobierno y su electorado, etcétera Restablecer la confianza entre gobierno y sus ciudadanos significa dar a los ciudadanos una idea clara de los objetivos y de los poderes de las distintas instituciones: explicar las políticas en términos claros y sencillos y tratar de que puedan ser debatidas públicamente y de que todos los ciudadanos puedan participar, es decir, contar en los asuntos públicos y no sólo ser contados en las encuestas de opinión y en las elecciones.
En una palabra, señor presidente, se trata de modificaciones de comportamiento de las instituciones públicas, que, ciertamente, son deseables, pero que su efecto seguirá siendo marginal si no se inscriben en un cambio profundo de las relaciones de fuerzas en el seno del equilibrio institucional. La reconstrucción del edificio de este hermoso país debe ser obra de un gran estadista, no de políticos que actúan con la vista fija en el horizonte de las próximas elecciones, sometidos al corto plazo y a la tiranía de las encuestas. Yo deseo una Colombia europea y democrática, donde los que tengan verdaderamente la palabra sean los ciudadanos, y no los burócratas avejentados y no elegidos, y que hay que incrementar la responsabilidad democrática. Leonardo da Vinci escribió con enorme lucidez que cuando un navío está en peligro de zozobrar, lo único que importa es lograr permanecer a flote; y no hay a bordo ni ricos ni pobres, ni mujeres ni hombres, ni jóvenes o viejos, ni blancos o negros. Sólo hay pasajeros que hacen frente a un destino común donde compartimos un mismo riesgo e idéntica esperanza en el que todos viajamos. Amen
