El día 7 de este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, que revela los principales hechos que fueron constatados en el país en estas fechas. Algunos personajes del “uribismo” y el gobierno del presidente Iván Duque, como hordas violentas, le cayeron encima al organismo internacional con todo tipo de descalificaciones, por el solo hecho de confirmarle al mundo las violaciones de derechos humanos cometidos en Colombia durante las movilizaciones que se iniciaron el 28 del pasado mes de abril.
La CIDH destacó que “las observaciones y recomendaciones están basadas en los estándares del sistema interamericano de derechos humanos relacionados con el derecho a la protesta, el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia sexual y de género, el enfoque étnico-racial, el uso de la figura de traslado de protección y desaparición de personas, el uso de facultades disciplinarias, la asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar, la protección a periodistas, a la libertad de expresión y el acceso a internet, entre otros”. La CIDH anunció en el documento oficial “la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores”.
La CIDH le recuerda al gobierno de Duque la sentencia STC 7641-2020 de la Corte Suprema, que condenó al Escuadrón Antidisturbios (Esmad) por constituir “una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones”. Le expresó que ha podido constatar que “en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”. Así mismo, recomienda “separar a la Policía Nacional y su Esmad del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”.
También la CIDH le pide al Estado colombiano “abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta, o bloqueos, como modalidades de protesta y responder a eventuales restricciones a esta modalidad con base en consideraciones particulares”. Así mismo expone sus preocupaciones por la diversidad de cifras y pide investigar los asesinatos, las personas desaparecidas —que el gobierno califica como no ubicadas—, lesionados tanto civiles como militares, entre los cuales están a quienes les dispararon a los ojos, la violación sexual a manifestantes, incluyendo acceso carnal violento y tocamientos, y la de género contra personas LGBTI.
“Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”, respondió bravuconamente el presidente Iván Duque, el mismo inquisidor que hace los mandados cuando se trata de reclamarle a otros gobiernos —no alineados con la política norteamericana— que violan los derechos humanos, a los cuales tilda de dictadores, la misma categoría política que hoy se granjeó ante el mundo. ¡Duque señala la paja en el ojo ajeno y no la viga que lo dejó ciego!
