Presidente Duque, su responsabilidad con la paz es constitucional

Como colombianas y colombianos que por diversas razones nos encontramos fuera del país, vemos con gran preocupación la sucesión de hechos de violencia que vienen en aumento en lo que va corrido del 2019 en Colombia y la inefectiva acción por parte de la actual administración frente a estos y otros nuevos. Por esta razón, vemos necesario recordar al gobierno nacional, a la cabeza del presidente Iván Duque, que su responsabilidad en el cumplimiento del acuerdo de paz es de carácter constitucional, según establece el Acto Legislativo 02 de 2017.

En esta medida, rechazamos los hechos de violencia de los que han sido objet  grupos indígenas, afrocolombianos, campesinos, excombatientes y otros líderes que se encuentran trabajando por la paz en el país, por parte de diversos actores armados. Un atentado contra cualquiera de ellos representa un atentado contra la construcción de paz y la democracia.

Solicitamos al gobierno nacional:

 1. Avance en las acciones institucionales necesarias para garantizar la protección de estas comunidades declaradas en alto riesgo, y evitar nuevos ataques. Reconocemos como fundamental que: priorice las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, avance en la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) establecido en el acuerdo, y articule los escenarios del posacuerdo con lo establecido en la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

 2. Escuche de manera prioritaria a todas las comunidades que han sufrido diversos hechos victimizantes durante los tres años del posacuerdo y dé respuesta oportuna, integral y sostenida en el tiempo. Estas comunidades demandan atención humanitaria y soluciones de protección integral acorde con sus dinámicas geográficas y socioculturales, que de toda manera exceden el alcance de una respuesta militar, que, por el contrario, ha demostrado ser contraproducente para ellas. En todo caso las acciones militares contra grupos armados deberán siempre estar enmarcadas en el derecho internacional humanitario.

3. Avance en la implementación del acuerdo de paz, particularmente en la Reforma Rural Integral y en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, pues estamos seguros de que es la estrategia más eficaz para superar la desigualdad en el campo y enfrentar la guerra. Organizaciones criminales transnacionales y otros grupos ilegales han aprovechado el abandono estatal territorial que el acuerdo pretendía enfrentar.

4. Asuma responsabilidades políticas ante los hechos sucedidos. En línea con ello, pedimos que en cumplimiento del Artículo 44 de la Constitución que ampara los derechos de la población infantil, se dicten las medidas necesarias para llevar el debido proceso judicial a las personas que ordenaron el bombardeo de los 18 niños y niñas campesinos.

5. Transforme su lenguaje estigmatizante frente a actores y sectores sociales que trabajan por la paz, independientemente de su corriente política. Es deber del gobierno velar por la diversidad de voces del espectro político en el debate público, pues de esta manera se asegura un entorno deliberativo y democrático.

Invitamos a otros actores sociales  a que se unan a este llamado para abrazar la paz y el diálogo plural.

Finalmente, nos declaramos ciudadanía activa vigilante del cumplimiento del acuerdo y de nuestro derecho a la paz consagrado en el artículo 22 de nuestra Constitución Política.

*Esta carta fue elaborada y respaldada por 87 personas colombianas de diferente espectro político, entre estudiantes y trabajadores, que residen en: México, España, Canadá, Reino Unido, Argentina, Estados Unidos, Perú y Brasil.

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