Presidente Duque, ¡lo público es para el pueblo!

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Ahora más que nunca, necesitamos líderes a la altura de las situaciones. Sin embargo, en este preciso momento, el gobierno colombiano se encuentra rifando los recursos públicos entre banqueros, multinacionales y políticos corruptos, como de costumbre. El país requiere medidas de fondo, rápidas y drásticas para evitar que el pueblo se hunda. Necesitamos urgentemente lo público, pero no en forma de los usuales subsidios, para los mal llamados “vulnerables”, necesitamos que lo público finalmente sea para el pueblo, para todos, o de lo contrario caeremos en una crisis económica de la cual será imposible salir.

¿Qué es lo público?

Por definición, es lo inherente al pueblo. Publicar es hacer que algo sea visible para el pueblo y es la traducción de República, el modelo de gobierno donde se supone que vivimos, uno sin monarquía, pero con una lamentable oligarquía. Lo público tiene muchos nombres, popular, universal, común y por lo general se relaciona a lo que es libre y gratuito.

Ya en términos de una nación, lo público es aquello a lo que todo el pueblo puede acceder y que está administrado por el estado. Usualmente, el estado como ente organizador, utiliza lo público para ejercer su función básica, ofrecer garantías mínimas al pueblo como salud, educación, seguridad, etc.

Ahora bien, si lo público es lo del pueblo ¿Quién es el pueblo?

Esta definición es más abstracta, pero una versión sencilla sería un grupo de personas que comparten algo en común, como un territorio, cultura, religión, etc. En nuestro caso, somos todos los ciudadanos colombianos, los que habitamos aquí, los del exterior y los residentes, todos somos el pueblo de Colombia. Se supone que redactamos la constitución de 1991, o por lo menos la firmaron a nuestro nombre. Aquí estamos encerrados todos lo que diariamente hacemos ese acto de fe, que significa ser y vivir como colombianos. Todos los departamentos, los de la costa, los de la montaña, los de la selva, del estrato 0 al 6, los trabajadores, los informales, los empresarios, las madres, las víctimas, los que estudian, los que madrugan, la fuerza pública, los uribistas, los tibios, los petristas, los cristianos, los ateos, los mestizos, los indígenas y los negros. La definición de pueblo no discrimina.

Pero si podemos definir claramente quienes no son el pueblo, los que no deberían gozar de lo público, pero viven de su constante saqueo. En Colombia lo público se lo llevan los bancos, las multinacionales, los multimillonarios industriales, los políticos y funcionarios corruptos.

¿Por qué en Colombia lo público no es de todos?

Aunque la corrupción de nuestros dirigentes y el sometimiento a potencias extranjeras es algo que nos acompaña como nación desde su fundación, la situación actual, donde lo público ya no es de todos se puede remontar a la década de los 90. Si, la misma en la cual redactamos la “mejor constitución del mundo”, la más moderna, después de un proceso de paz y posterior exterminio de los recién reinsertados. El entonces fortuito presidente, César Gaviria, decretó el CONPES de 1990 en el cual se incluyó la conocida “apertura económica” mediante la cual, Colombia abrió sus puertas al comercio internacional, para apalancar la economía compitiendo con los demás países.

Todos sabemos cómo terminó esta historia, y sin una política productiva efectiva, Colombia firmó varios tratados de libre comercio en los que sigue siendo el “bobo” del negocio, al que lo inundan de productos importados, que terminaron quemando la incipiente industria nacional, mientras que el gobierno se ufana de exportar “Café y Petróleo”. Un café que ya no es nuestro, porque también se vendió la marca “Café de Colombia” a estadounidenses, un café que se vende por bultos y que luego es procesado en el extranjero para ser vendido a precios exorbitantes. Y un petróleo que no tenemos, porque ni siquiera estamos en el top 30 de países con reservas de petróleo, pero después de la destrucción de la industria, y la indiferencia intencionada sobre el campo colombiano, nos convencieron de que no teníamos nada más que ofrecer.

Otra cosa que cambió en el gobierno Gaviria fue el sistema de seguridad social pública, que funcionaba a través del Instituto de Seguros Sociales, mejor conocido por todos como el seguro social. Bajo la premisa de que el manejo estatal de los recursos de la seguridad social siempre iba a conducir a un desastre como el del “seguro social”, nace la Ley 100 de 1993 en la cual el sistema de salud, las pensiones y los riesgos profesionales son delegadas a empresas privadas. Aunque la promesa de esta ley fue llegar a una cobertura total y mejorar el sistema de salud, hoy conocemos los resultados: un sistema de salud colapsado, donde el paciente es cliente y para recibir un trato decente tiene que desocupar el bolsillo. Un sistema pensional lleno de privilegios para funcionarios, donde los privados se enriquecen con un negocio en el cual ya es imposible pensionarse.

También podemos agradecer al gobierno Gaviria por la Ley de servicios públicos 142 de 1994, en la cual se permitió la entrada de privados a operar la prestación de estos servicios.

Pero no podemos hablar de la muerte de lo público en Colombia, sin hablar del hombre más influyente en la historia política reciente, Álvaro Uribe Vélez. Como senador, fue ponente y defensor de la Ley 100 de 1993. Luego, en sus 8 años de gobierno se ejecutaron grandes reformas del sistema de seguridad social, garantías laborales, tratados de libre comercio, privatizaciones, concesiones mineras y petroleras que fueron la estocada más profunda que ha recibido el país en cuestiones de lo público.

En la historia de Colombia se han privatizado 18 empresas, entre las que destacan El Cerrejón (la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica), el Banco Granahorrar (Ahora BBVA), Telecom (hoy Movistar), Ecogas e Isagen.

Otro derecho fundamental privatizado en Colombia es la educación, que siempre fue administrado en su mayoría por la iglesia católica y que viene en picada desde la formulación de la Ley 30 de 1992, que mantiene la educación pública desfinanciada y permite a instituciones inescrupulosas traficar títulos sin una calidad educativa que los respalde.

Después de esa breve revisión histórica, llegamos al día de hoy.

Colombia atraviesa una emergencia sanitaria, producto de la pandemia del Coronavirus, que está azotando a cientos de países, y colapsando las sociedades europeas del primer mundo. Frente a esta situación, el presidente Duque ha tomado decisiones tardías, la más reciente, el decreto 457 de 2020 que dicta las instrucciones para manejar la emergencia sanitaria.

Lamentablemente, nos encontramos de nuevo ante los insulsos e insuficientes esfuerzos de este gobierno, en un decreto que no incluye soluciones reales para toda la población, porque si bien contempla las normas de la cuarentena, no ofrece ninguna garantía para la protección contra la tremenda crisis económica que viviremos los colombianos, como consecuencia de la emergencia sanitaria.

Adicionalmente, el gobierno expidió en estos días, el Decreto 444 de 2020, con mucho silencio y discreción. Tal vez por que dicta las disposiciones para quitarle recursos a departamentos y municipios, con los que podrían combatir la emergencia, y los destina a los bancos y entidades financieras mediante un fondo que será administrado por el polémico Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, conocido por éxitos como “El salario mínimo en Colombia es ridículamente alto", “Chocó es una carga para el país”, “Necesitamos un Sisbén para los ricos” y sus pequeñas ganancias de 8000 millones de pesos por los nefastos Bonos de agua que empeñaron los recursos de varios municipios hasta 2025. Con estos antecedentes, podemos pronosticar, que esta será otra ocasión en la cual lo público será repartido entre los bancos y los corruptos como ya es costumbre.

Porque precisamente eso es, una costumbre. Una que los ciudadanos hemos asumido, con conformismo e impotencia siempre que vemos que los recursos del estado terminan en manos de los grandes capitales y los políticos corruptos. Nos han acostumbrado a migajas, a soluciones para los “más vulnerables”, que terminan llenas de colados, como el caso de Ser pilo paga o el escándalo de Agro Ingreso Seguro, gracias a los cuales, familias multimillonarias terminaron beneficiadas y los “más vulnerables” sin nada.

Por eso tenemos que acabar con estas soluciones a medias y exigir al gobierno soluciones para todos, para el pueblo. No caigamos en la falsa dicotomía de los ricos y pobres que siempre nos han vendido nuestros dirigentes para mantenernos divididos. Según el DANE, todos los colombianos que ganan más de $450.000 mensuales somos de clase media, así que si no lo sabía ¡Bienvenido! Y cuidado porque si gana más de $2.250.000 ya está del lado de los millonarios de la nación.

En Colombia la clase media no existe, y los estratos socioeconómicos ya son solo un sistema obsoleto que se parece más a un sistema de castas, que a un modelo para determinar obligaciones y beneficios. Las carencias en cada uno de los estratos socioeconómicos son tan grandes y variadas que solamente el estrato más alto (6), podría comparar su la calidad de vida con la de un ciudadano de clase media en sociedades desarrolladas. Por este mismo motivo, los alivios que considera el gobierno en su decreto de emergencia sanitaria, son insuficientes para enfrentar la crisis, ya que insiste en los programas “En Acción” que supuestamente cubren a la mayoría de los ciudadanos, cuando la realidad es que impactan a menos del 20% de la población y al final, son solo instrumentos que condicionan votos para el gobierno de turno.

Es por este motivo que a continuación presento unas propuestas que pueden cubrir las condiciones mínimas para proteger a los colombianos de la desastrosa crisis económica que nos espera.

Congelación de Obligaciones financieras: Una de las principales problemáticas de los colombianos es la necesidad de adquirir créditos, legales e irregulares, para mantenerse a flote o para adquirir productos básicos. Las “soluciones” ofrecidas por los bancos y el sistema financiero son irrisorias, puesto que en estos momentos donde la gente ya no percibe ingresos, los periodos de gracia, renegociaciones o nuevos préstamos a tasas más bajas, no sirven para nada. Solamente una congelación total de las obligaciones financieras podría mitigar el impacto de estas en la vida de la gente, porque entre pagar al banco o comer, vamos a elegir comer, para posteriormente ser devorados por los intereses. Por supuesto que entre estas obligaciones congeladas deben estar los créditos educativos otorgados por ICETEX y otras instituciones financieras. De igual forma las Pymes que generan el 98% del empleo en Colombia, necesitan un salvavidas financiero que las aleje de la quiebra. El sistema bancario no debe olvidar que desde 1998, el pueblo colombiano paga el 4xmil, el impuesto temporal más largo de la historia, todo para “salvar” al sector bancario.

Congelación de pago de servicios públicos: Una propuesta que puso en la mesa la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López y que tocaría otro costo fijo que tienen todos los ciudadanos. La condonación de estas cuentas de servicios públicos son una solución muy eficiente para mitigar los daños de la crisis. De nuevo, no se puede dejar por fuera a las PYMES, especialmente a las que continúan en funcionamiento gracias a las excepciones del Decreto 457, industrias de alimentos y farmacéuticas. Esperemos que los miembros de ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios) no olviden los billones que han ganado manejando nuestros servicios públicos, seguros y tarjetas de crédito asociadas a los mismos.

Congelación de arrendamientos: Más de la mitad de los hogares en Colombia vive en arrendamiento, según cifras oficiales emitidas por el DANE en 2019. Una de las prioridades para el gobierno en la emergencia sanitaria es garantizar un techo, pero esto tiene que ir más allá de albergues temporales para los habitantes de calle. Una congelación en los pagos de arrendamientos para personas y PYMES puede hacer la diferencia, más allá del impacto que generará en los propietarios que dejarán de percibir renta.

Congelación de impuestos: Algo que depende directamente del estado, y que puede mitigar el impacto en los propietarios al congelar el impuesto predial. También es necesario aplazar y de ser posible condonar parcial o totalmente los pagos de Renta, IVA, ICA y retenciones a la PYMES, para que mantengan un flujo de caja que permita su funcionamiento y el pago de nóminas.

Auxilio al desempleo: Muchas industrias por su naturaleza deben detener parcial o totalmente sus actividades económicas durante y después de la cuarentena. Es muy probable que su cierre acabe con millones de empleos, y un decreto que prohíbe los despidos masivos no va a solucionar nada. Un auxilio al desempleo que garantice un mínimo vital a los empleados en paro, distribuido a través de las empresas, es una solución que se puede implementar en este momento y mantiene a flote a empresas y empleados.

Garantizar Seguridad alimentaria: un punto crítico de la emergencia económica es la seguridad alimentaria, que va más allá del hambre. El Decreto contempla algunas medidas, pero si no se controla su aplicación en actividades críticas como, apoyo a productores, cadena logística de abastecimiento y control de precios, se puede convertir en un problema más grande que la misma emergencia sanitaria. Otras medidas pueden incluir, centros de acopio municipales para distribución de alimentos o un bono alimentario de fácil intercambio.

¡Las medidas se requieren ahora! Pues cada día que pasa sin estas, solo agrava la situación social y económica. También es importante que estas medidas permanezcan durante la cuarentena y se extiendan durante algunos meses pasada la emergencia sanitaria. Otros países ya han tomado decisiones similares porque entienden la importancia de la situación a mediano y largo plazo.

Y no queremos excusas, porque si en algo es experto el estado colombiano es en sepultar propuestas bajo toneladas de impedimentos legales, burocracia y la clásica “no hay recursos”. Esperamos sean tan hábiles para implementar estar medidas, como cuando desvían 50 billones de los recursos públicos hacia sus bolsillos, cada año. Podemos nombrar un ejemplo conocido como el caso de Odebretch, donde como siempre, Banqueros, Multinacionales y Políticos (Candidatos presidenciales, congresistas y Fiscal General de la nación) salieron beneficiados.

¿Qué pasa si no se toman estas decisiones ahora?

Para entenderlo podemos hacer una analogía con el funcionamiento de un horno de fundición. Es el corazón de una metalúrgica, y requiere gigantescas cantidades de energía para mantener sus altas temperaturas. Sin embargo, a pesar de las paradas o huelgas, el horno nunca se apaga, porque el costo que representa dejarlo enfriar y volverlo a encender, es mucho más alto que el de mantenerlo en funcionamiento.

Esto es precisamente lo que pasa con nuestra economía actual, que se basa en el consumo como impulsor del flujo de efectivo entre la industria, el comercio y los empleados. Si la economía se para, si el horno se enfría, perdemos todos y puede que, en el caso de Colombia, todo desemboque en una ola de violencia, saqueos e inseguridad que dejarán al país en un estado imposible de levantar.

Señor presidente, su sorpresiva llegada al poder, respaldada en votos sobre los que pesa un fuerte manto de duda, por supuestos financiamientos de narcotraficantes, lo ha puesto a usted frente al país en este momento histórico. Puede decidir entre ser recordado como el líder que logró sacar a Colombia de esta crisis o el que permitió que la mezquindad y la corrupción acabaran definitivamente con este país.

#SolucionesParaTodosYA

Referencias.