Al Estado el Cauca se le salió de las manos, 17 homicidios en siete días, dos masacres en una semana y cientos de amenazas a sus pobladores dejan ver cómo a este departamento la mafia lo domina convirtiéndolo en el escenario de una guerra macabra.
Tras la masacre en Toribío el pasado martes 29 de octubre donde fueron acribillados la gobernadora del resguardo de Tacueyó junto con cuatro guardias indígenas y dos días después el jueves 31 de octubre la masacre de otras cuatro personas en Corinto y un homicidio en Caloto, el país se empezó a dar cuenta de la guerra a muerte que desde hace varios meses se libra en este departamento frente a la mirada inocente e impotente de sus pobladores que muy a la época ochentera de Colombia no salen de sus casas por miedo a ser las próximas víctimas.
Lo que sucede en el Cauca se debe a la importancia que tiene esta región para las economías ilícitas y los grupos armados ilegales. Se trata de una zona en la que se integra toda la cadena productiva del narcotráfico: hay cultivos ilícitos, laboratorios para el procesamiento y rutas para el tráfico ilegal, no solo de pasta base de coca, sino también de marihuana, un producto que se ha valorizado considerablemente por el incremento en la demanda y tras el cual hay intereses fuertes para su comercialización y control. Los carteles de narcotráfico en especial el de Sinaloa está pagando a las disidencias de las farc, frentes del ELN y otros grupos delincuenciales grandes sumas de dinero a cambio de mantener el control de la zona y brindar seguridad a la cadena productiva.
Precisamente, el crecimiento de grupos armados en la zona responde, en parte, al aumento de cultivos de coca en la región. Mientras que en 2016 había alrededor 12.600 hectáreas, los cultivos ascendieron a 31.000 hectáreas de acuerdo con informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, y la DEA.
Desde enero de 2016 hasta octubre de 2019 las retaliaciones a líderes de diferentes esferas sociales del Cauca que se atrevieron a denunciar esta situación han sumado 189 asesinatos, según un informe de Indepaz.
La comunidad más afectada han sido los indígenas del Cauca a los cuales por la defensa de su territorio y su gente les ha tocado llorar este año a varios de a sus líderes. Ya son 31 los que han sido asesinados en lo corrido de este año, estos 31 indígenas del Cauca se suman a la tenebrosa cifra de 115 indígenas asesinados este año en todo el país.
La población del Cauca cada día es más vulnerable y la presión de las mafias que dominan el lugar silencian sus voces cada vez de forma más vil, prueba de ello es que el Cauca fue uno de los departamentos en los que más se asesinó candidatos de cara a las elecciones regionales, según el Cuarto Informe de Violencia Política de la Fundación Paz y Reconciliación, se registraron casos como la masacre de Suárez, Cauca, en donde fue asesinada la candidata a la alcaldía, Karina García.
Este departamento ocupó el quinto lugar en la lista de violencia electoral con 16 hechos entre amenazas, asesinatos, atentados y secuestros. Por su parte, fue el tercer departamento que más presentó asesinatos, con cuatro casos y tres atentados a candidatos. Además, fue uno de los departamentos donde se presentaron más hechos violentos contra candidatos de partidos independientes.
Las soluciones a este fenómeno son varias pero de seguro militarizar la zona no es la más eficiente, esto lo confirmo el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, que dijo en una entrevista a la W Radio que la causa estructural de la violencia en la región es la escasez en la que vive gran parte de la población caucana que encuentra en las economías ilegales una forma de subsistencia.
El mandatario pidió al gobierno nacional que no solo envíe más militares al Cauca, sino que también disponga de recursos para inversión social en el departamento que ayude a sacar de la pobreza a los habitantes. “Mientras existan las economías ilegales no terminará la barbarie ni las muertes en el departamento”.
Lamentablemente con un gobierno que se enfrasca en su Ministerio de Defensa creyendo que la solución a todos los problemas de Colombia está en la milicia cierra las puertas a la posibilidad de soluciones reales y alternativas que verdaderamente les dará una buena calidad de vida a los caucanos, una de esas soluciones es la implementación efectiva del acuerdo de paz que permitiría combatir las economías ilegales que azotan el departamento.
La reparación real de tierras (la cual el partido de gobierno el cabeza de María Fernanda Cabal se opone vilmente) es el primer paso para recuperar la seguridad de la zona y asegurar que sean los campesinos verdaderos dueños de esas tierras quienes la trabajaran a la par de un plan ya estructurado en el acuerdo de paz como lo es la restitución manual de cultivo ilícitos enfocado a la creación de proyectos productivos financiados en primera instancia por el gobierno nacional de esta forma, con inversión social, el gobierno junto con las caucanos le podría dar un vuelco total a los dueños de la tierra y producción de esta en el departamento.
En contraste a esto el presidente Duque ha optado por enviar 2.500 militares más al departamento, este despliegue se efectuará a mediados de diciembre y se suma a los 1.350 nuevos militares que el presidente en agosto precisamente había desplegado en esta región para “garantizar la seguridad de las comunidades” pero que al parecer no han servido porque los ataques, amenazas, asesinatos y conflictos se incrementa cada vez mas.
