Con este pronunciamiento, el expresidente César Gaviria, presidente y vocero del Partido Liberal, aprovecha para tomar nuevamente distancia del gobierno Duque tras las objeciones a la JEP por parte del presidente.
El director del Partido Liberal se permite expresar su total desacuerdo con la decisión adoptada por el presidente Iván Duque de objetar parcialmente la ley estatutaria que regula la organización del funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz.
Esta decisión presidencial pone en riesgo lo avanzado en materia de terminación del conflicto con las Farc, se constituye en un incumplimiento grave por parte del estado de las obligaciones derivadas del acuerdo que permitió la desmovilización y el desarme de casi 10.000 excombatientes.
Ante esta grave situación anuncio que convocaré a la mayor brevedad posible a las bancadas de Senado y Cámara del Partido Liberal para que se adopte una decisión en conjunto y para que la postura de los congresistas y la votación en las plenarias de ambas cámaras sobre la aceptación o el rechazo de las objeciones planteadas por el Presidente sea un unánime.
Recomendaré a las bancadas que todos los congresistas liberales voten para rechazar las objeciones presentadas por el Presidente de la República.
En primer lugar, tenemos serias dudas sobre si resultaba o no pertinente la presentación de las objeciones tratándose de un proyecto de ley que fue de iniciativa gubernamental y que se tramitó con la participación de los representantes del gobierno y la Corte Constitucional revisó el proyecto y lo encontró Constitucional.
Por tratarse de un procedimiento especial -el del denominado fast track-, por tratarse de una ley estatutaria ya revisada por la Corte y por el hecho de que la propia Corte decidió en su parte resolutiva que el proyecto debería enviarse al Presidente para “su sanción” considero necesario que, antes de iniciar con el trámite legislativo en el Congreso, para estudiar las objeciones presidenciales se consulte a la Corte Constitucional si son posibles las objeciones o si por el contrario se debe negar su trámite.
En segundo lugar, manifestamos nuestro total desacuerdo con el hecho de que por la vía de objeciones presidenciales, calificadas de inconveniencia, se pretenda poner en discusión una decisión de la Corte Constitucional en clara violación de los principios de separación de poderes y de respeto por la cosa juzgada.
Algunas de las objeciones se refieren a interpretaciones adoptadas por la Corte para adecuar los textos de la ley a los mandatos constitucionales.
El presidente considera que esas interpretaciones, esa adecuación constitucional que hace la Corte, de los textos resulta inconveniente lo que constituye un desafío a la autoridad de la Corte.
En tercer lugar, quiero expresar mi completo desacuerdo con la interpretación que el Presidente de la República hace de los textos de la ley estatutaria de la JEP, varios de los cuales no traen las afirmaciones que el Presidente le endilga.
Ni el acuerdo suscrito con las Farc, ni la ley estatutaria, ni el acto legislativo que adopto el acuerdo y la jurisdicción especial de paz, ninguno de esos documentos deja sin castigo a los reincidentes. Bajo ninguna interpretación es correcto afirmar que los delitos atroces, o los delitos de los que han sido víctima los niños, o los delitos que cometan como excombatientes de las Farc que decidan reincidir quedarán en la impunidad.
Todo lo contrario, el cabal cumplimiento de la Jurisdicción Especial de Paz es lo que garantizará que, por primera vez en la historia de Colombia, tengamos un sistema de justicia que tenga la capacidad de hacer efectivos los derechos de las víctimas en materia de justicia, de verdad, de reparación y garantía de no repetición.
El Partido Liberal ha estado históricamente del lado de la solución negociada del conflicto. Acompañamos al presidente Juan Manuel Santos y varios de nuestros miembros más destacados fueron protagonistas de la negociación que permitió acabar con la guerrilla más antigua de América Latina, por esa razón no podemos permitir ni por un instante que retrocedamos en los logros alcanzados.
Habrá mucho por perfeccionar, hay mucho por arreglar, hay mucho por construir en el camino de una paz estable y duradera pero el primer supuesto de la construcción de ese bien -tan anhelado por los colombianos- es el cumplimiento de lo acordado.
Lamentamos que el Presidente de la República haya optado por el camino más difícil que es el del enfrentamiento institucional.
Como lo señalamos en una declaración anterior, perfectamente hubiese podido sancionar -como le correspondía- la ley estatutaria de la jurisdicción especial de paz para que no quedaran incertidumbres legales en su funcionamiento y proponer ante el Congreso de la República, con proyectos de acto legislativo o de ley, las modificaciones que considerara pertinentes. Ahí el Partido Liberal estaría dispuesto a buscar correctivos si es que fueran necesarios, pero siempre en cumplimiento de lo acordado.
Lideraremos un acuerdo con otras fuerzas políticas en el Congreso para que, si la Corte Constitucional considera que se deben tramitar, se rechacen las objeciones y se obligue a la sanción de la ley.
La falta de ley estatutaria no genera sino incertidumbre, no le sirve a nadie y pone en riesgo los avances en materia de terminación del conflicto y para eso no contarán con el Partido Liberal.
Cuando, como Partido, apoyamos la candidatura Iván Duque en la segunda vuela de la elección presidencial, el entonces candidato se comprometió a que las diferencias que teníamos en materia de paz se resolverían de acuerdo con lo que decidiera la Corte Constitucional, ahora debe honrar su palabra.
César Gaviria Trujillo
Expresidente de la República/ Jefe del Partido Liberal
10 de marzo 2019
