“Vivimos una época que promueve los sueños tecnológicos más delirantes, pero no quiere mantener los servicios públicos más necesarios” Zizek.
En las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, denominado “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que se comenzará a discutir en el Congreso de la República en las sesiones extraordinarias citadas desde el 5 de febrero de 2019, está contenido el “Pacto por la calidad y la eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos”.
En el diagnóstico del mencionado “pacto” se reconoce que el 81 % de los usuarios del servicio público de energía eléctrica en el país reciben subsidios. Este esquema de subsidios es calificado como ineficiente y se estima que costaría en los próximos cuatro años, 8.5 billones de pesos, citando las proyecciones realizadas por el Ministerio de Minas y Energía.
Ante este diagnóstico en las bases del PND se define como objetivo la focalización “correcta” de la asignación de los subsidios de los servicios públicos domiciliarios, estableciendo como finalidad “asignar los recursos públicos a quien más lo necesite”. En este propósito se señala en el documento que la estratificación, como es utilizada actualmente, no es un instrumento adecuado para la focalización de estos subsidios. Al respecto, se sugiere utilizar para la asignación de los subsidios: la información catastral o identificar la población elegible a través del Sisbén.
Sin duda alguna, no se trata de una discusión estrictamente técnica, de la definición de los instrumentos adecuados para la asignación de los subsidios a los servicios públicos domiciliarios. La intencionalidad cierta es lograr recortar en los próximos cuatro años, los recursos destinados para estos subsidios, con el criterio de otorgárselos a “lo más pobres entre los pobres”, tratando de excluir de la asignación de estos subsidios a la clase media.
Pero aún hay más, además de pretender reducir por esa vía la cantidad de beneficiarios de los subsidios en todo el país, se pretende revisar el consumo básico de subsistencia aplicable, que actualmente se encuentra en 173 Kwh en el servicio público de energía eléctrica. Es decir, los próximos cuatro años se pretenden reducir los beneficiarios y el consumo subsidiado.
Lo que ha sido suplicio para los usuarios beneficiarios de los subsidios de los servicios públicos domiciliarios, en el Presupuesto General de la Nación cada año, ahora se pretende incluir en el PND 2018-2022. En concordancia con lo expresado por el ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla, después de haberse aprobado la “Ley de Financiamiento”, se revisarían todos los subsidios con el objetivo de “ajustarlos a la realidad fiscal del país”.
No aceptaremos un “pacto” que pretende seguir con el desmonte de lo poco que se conserva del Estado social de derecho y deteriora los derechos de la población.
