Una jurisprudencia decadente, libertina y disoluta, origen de grandes males en este país, fue la famosa sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional sobre la despenalización del consumo de la dosis personal de estupefacientes, cuyo magistrado ponente fue el Dr. Carlos Gaviria Díaz.
Dicha corte posando de libertaria y democrática, e interpretando el espíritu de la carta y haciendo gala de la más absoluta permisividad, dio rienda suelta al descontrol y desorden individual, con tal de que no se afectaran los derechos de los demás, alegando intimidad, órbita privada, dignidad y libre desarrollo de la personalidad.
Esto sirvió para construir y sustentar el insalubre concepto del uso de la dosis personal de estupefacientes, generando una verdadera pandemia de esta conducta, por la manera impune y desafiante que se hace de la misma, en cualquier lugar público, cerca de parques y colegios donde existen niños y jóvenes, quienes se ven expuestos a esta manifestación de “libertad” que perniciosa y destructiva avanza como un terrible cáncer, haciendo metástasis en el tejido social.
El célebre magistrado y demás compañeros de corporación desarrollaron y exaltaron casi hasta al paroxismo y de manera maniquea, sesgada y perversa los conceptos contenidos en los artículos 1º (dignidad humana), 2º (efectividad y protección derechos fundamentales) 5º (autonomía), 13º (igualdad) y 16º (libre desarrollo de la personalidad) de la Constitución Política.
Quisieron justificar la medida como un grito de “civilidad”, ¡vaya desfachatez! La misma fue un logro jurídico del materialismo ateo, las fuerzas de izquierda y un ataque demoledor contra los principios axiológicos de la nación colombiana (Dios, familia y patria). Por eso es paradójico que cualquier posición contraria a la misma se considere como fascista, reaccionaria y totalitaria.
Cabe anotar que la despenalización avalada y defendida con furor y estentóreamente por un amplio sector académico, intelectual y “progresista” de la sociedad colombiana está construyendo el nuevo modelo de ciudadano: uno desafiante de la autoridad, de los valores, de la ley, el orden y el respeto... una especie de nuevo bárbaro decadente, exigente en la demanda de melifluos y dulcetes derechos y libertades, alejado de lo básico, lo espiritual y moral. Esta es una subcultura que crece cada vez más por la permisividad de cortes indulgentes y legisladores somnolientos, responsables del nuevo “orden” social en nuestro país.
En el tema en concreto de las drogas está claro que el adicto no es un delincuente, y no será tratado como tal, sino conforme a un problema de salud mental, empleándose los medios médicos y terapéuticos que propendan a su rehabilitación de quererlo y aceptarlo. Sin embargo, de allí a no controlar su accionar, cuando otros miembros del conglomerado social, en especial una población vulnerable, como niños y jóvenes, reciban su ejemplo y exposición descarada, impune, empalagosa y desafiante de su comportamiento adictivo y consumo abierto, ya hay mucha diferencia.
Justo eso es lo busca el proyecto gubernamental: la “confiscación” de la sustancia y dosis mínima, cuando esta no se haga de manera privada, lejos de la órbita de otros ciudadanos y población vulnerable. No se está prohibiendo, ya ¡el monstruo convive con nosotros!, la está metiendo en cintura, dentro del ordenamiento jurídico de una sociedad que debe respetar la ley, la autoridad y la convivencia social.
La confiscación es quitar, incautar, en este caso la substancia cuando en lugar no apto se haga uso de ello; no está penando o castigando puniblemente la conducta de su consumo o uso. Así las cosas, el decreto que prepara el gobierno no es inconstitucional, al contrario es benéfico, proteccionista y de profilaxis social.
“Es hora de que lo malo y reprobable no sea mirado hipócritamente como bueno y casi ejemplar”, un cambio necesario de mentalidad para nuestro pueblo, para sacarlo de la permeabilización de nuestra vida doméstica por parte de la cultura de las drogas. ¡Muy bien presidente Duque!
