El domingo 10 de marzo el presidente Iván Duque anunció la objeción de seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP (Justicia Especial para la Paz), previamente aprobada por el Congreso surtida su revisión por la Corte Constitucional.
Esta decisión revela que el gobierno y su partido, el Centro Democrático (CD), no luchan contra la impunidad sino a favor de ella. Las objeciones producen inseguridad jurídica a la JEP que perjudica más de lo que beneficia a las víctimas. Dentro de las actuales funciones de la JEP hay una potencial amenaza para miembros de los partidos de gobierno, que han sido investigados ellos o cercanos por diversos crímenes durante el conflicto. El discurso del partido de gobierno a largo plazo produciría más víctimas de las que pretende defender.
La JEP, como columna vertebral del acuerdo de paz con las Farc, no suspende sus funciones, pero queda en vilo su piso jurídico e independencia, ambos fundamentales para su correcto proceder en busca de una justicia transicional que corresponda a lo pactado entre las partes. Ahora todo está en manos del Legislativo, que aprobará o no las objeciones. De rechazarlas, Duque no podrá más que firmar. Pero de aceptarlas, se deberán debatir nuevamente los artículos objetados y lo que se acuerde tendrá que ser estudiado nuevamente por la Corte. Dicho proceso podría tardar más de un año.
En los meses que puede tardar el trámite, la JEP operará sin un suelo jurídico firme, lo que puede provocar falencias en su funcionamiento. Esto debido a que no hay una claridad en la ley que limite o facilite algunas facultades de los magistrados. Ello puede entorpecer los procesos que estén en ejecución, afectar las sanciones provocando injusticias, por sentencias con menos requerimientos de los que aseguraría el suelo jurídico que proporciona la sanción presidencial.
Se reducen ciertas garantías en el debido proceso para quienes decidan acogerse. Esto sumado a la desconfianza que ha generado el asesinato sistemático de excombatientes, que según La Silla Vacía a febrero 27 sumaban 3 mil quinientos. La mezcla de dichas circunstancias aumenta el riesgo de reincidencia, que para febrero de 2018 según un informe de la Fundación Ideas para la Paz llegaba al 14%. Esta cifra es baja comparada con la reincidencia resultante del proceso con los grupos paramilitares que según el Centro de Memoria histórica, fue de un 30%. El aumento de la deserción provoca repetición de los crímenes, situación que afecta la seguridad y vida de las víctimas (hombres, mujeres y niños) del conflicto en las zonas comprometidas.
Es tal la preocupación por este tema, que luego de anunciadas las objeciones Duque visitó un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en La Paz, departamento del Cesar, y abordó el tema de la seguridad jurídica y la reincidencia. Confidencial Colombia cita en su artículo del viernes 15 de marzo al presidente: “Nada de lo que hay ahí (las objeciones) los pone en inseguridad”; “Donde tenemos nosotros que ser implacables, todos los que estamos acá, cuando hay reincidencia (...) ahí tenemos nosotros que aplicar con contundencia la ley y llevarlos a la justicia ordinaria”.
Entre las funciones de la JEP está: Recibir informes de todas las investigaciones y sentencias de la justicia ordinaria por conductas relacionadas en el contexto y en razón del conflicto armado. Individualizar responsabilidades, determinar quiénes serán beneficiarios de las amnistías y quiénes serán procesados para que se les sentencie por crímenes que pudieran cometer en el conflicto.
Entre los hechos que han sido investigados en el contexto del conflicto hay masacres, despojos, violaciones y secuestros por parte no solo de las Farc, sino de otros actores como el Estado y los Paramilitares. Es decir, que la JEP tendría acceso al material probatorio de hechos como la masacre del Aro, cuyos responsables fueron paramilitares y caso por el que la Fiscalía General de la Nación pidió en 2015 a la Corte Suprema de Justicia que se investigara al expresidente y miembro del CD, Álvaro Uribe Vélez, por una presunta responsabilidad siendo entonces gobernador de Antioquia. Actualmente la Corte Suprema tiene abiertos procesos por parapolítica contra congresistas miembros de partidos de gobierno: Partido Conservador, Opción Ciudadana. Y contra miembros de partidos ‘independientes’: Cambio Radical y Partido de la U.
El crimen de despojo de tierras según el Centro de Memoria Histórica tiene como mayor promotor con un 55% a los grupos paramilitares. Estos despojos, en gran medida hechos a pequeños propietarios, han sido adquiridos por quienes se denominan ‘terceros de buena fe’. Entre los propietarios de estos territorios hay corporaciones miembros de agrupaciones gremiales como Fedepalma, cuyo exsecretario general Andrés Augusto Castro Forero fue nombrado por Iván Duque director de la Unidad de Restitución de Tierras y Fedegan, cuyo presidente actual es José Félix Lafaurie, cuya esposa, la Senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, en septiembre de 2018 radicó un proyecto de ley en el Congreso para modificar el proceso mediante el cual restituyen las tierras a los campesinos despojados, arguyendo que la restitución podía ir en contra de los derechos de propiedad. La JEP tiene competencia, siendo el despojo un crimen de guerra, para decidir sobre responsables en estos hechos. Palmicultores y ganaderos ya han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia por este tema.
Finalmente, el Centro Democrático y el presidente, expresamente han repetido que les parece conveniente que crímenes como las violaciones a menores sean investigados por la justicia ordinaria y no por la JEP, argumentando que en esta última habría impunidad. La JEP evalúa los crímenes antes de determinar si otorga las amnistías, por lo que en lo que se refiere a delitos de lesa humanidad, puede decidir condenar a los implicados que mal que bien, terminarían pagando una mínima condena.
Esto, aunque parezca poco en relación con la idea de justicia que tienen los que apoyan las objeciones, es mucho más de lo que las víctimas podrían aspirar a conseguir en la justicia ordinaria. En un artículo del periódico El Colombiano de abril de 2015 se cita un estudio realizado por la Universidad de Las Américas de Puebla, México (Udlap), según el cual, Colombia es el tercer país con más impunidad en el mundo, solo superado por México y Filipinas. En 2017, la ONU en un estudio de la misma naturaleza, ubicó al país en el sexto lugar. Esto debido al estado precario del sistema de justicia y penitenciario.
El Tiempo en un artículo de 2015: "En Colombia, solo en dos de cada diez casos de asesinato las autoridades logran llevar a algún responsable ante los jueces. Y en al menos la mitad de esos procesos los acusados terminarán de nuevo en las calles".
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo el mismo año según RCN: "En el 2015 se habrían cometido en el país 3,5 millones de delitos y solo se produjeron 51.000 sentencias condenatorias, lo que equivale a solo el 6 % de las noticias criminales efectivas que se registraron en la Fiscalía".
Si Iván Duque desea que la justicia ordinaria asuma los casos de crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en el conflicto, deberá junto a esa convicción proponer una reforma a dicho sistema, que empieza con una financiación mayor del ente investigador (la Fiscalía), el sistema judicial y el sistema penitenciario (Inpec). De otro modo, la búsqueda de justicia de las víctimas se verá contrariada por ya no una posible amnistía, sino por el deterioro en capacidad e institucional de esa estructura que tanto defiende el gobierno nacional.
