El entramado se compone de varios eventos que parecieran no tener relación en su momento pero que con el tiempo se han venido entrelazando en un mismo objetivo. Comenzó en pleno desarrollo de la campaña presidencial con la denuncia de la visita de Juan Fernando Petro, hermano del actual presidente, a la penitenciaría de la Picota a entablar conversaciones con los narcos y criminales con el objetivo de otorgarles supuestas prebendas a cambio de contar con su ayuda para la campaña de Petro. Este evento en su momento se conoció como el Pacto criminal de la Picota.
El escándalo salpicó no solo al hermano del presidente sino, al actual Comisionado de Paz Iván Danilo Rueda Rodríguez, quien debe explicar a los colombianos y a la justicia cuál ha sido su verdadero rol, pues da la impresión de que ha venido actuando más como intermediario de criminales que como vocero del presidente en desarrollo de su política de paz total.
La prueba reina de que tales acercamientos buscaban otorgar beneficios en contraprestación a su ayuda, se encuentra en el proyecto de ley de modernización y humanización del sistema penitenciario, en el cual se introdujo el mico que favorecería a los narcos. La denuncia la hizo el fiscal general, Francisco Barbosa, durante un debate en la Comisión Primera de la Cámara, donde además criticó el punto con el que se busca que personas condenadas por delitos de lesa humanidad tengan beneficios. Esa propuesta provocó un reversazo del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien pidió que se modificara esa parte del proyecto.
La trampa que denuncia el fiscal tiene que ver con el artículo 8 de la reforma al sistema penitenciario, que modifica el artículo 63 del Código Penal, en el que se habla de la suspensión de la ejecución de penas. Esta sería una estrategia para darle amnistía a los narcotraficantes porque, según Barbosa, si no les funciona el sometimiento, entonces utilizarían esta norma para hacerle trampa al país.
Otro evento que llamó la atención fue el desespero mostrado por Petro para liberar y nombrar Gestores de Paz a criminales y terroristas como algunos miembros de la llamada “primera línea” o al “gatico”, entre otros. Hace pocos días y, a instancias de un juez de la República se logró la libertad de Jorge Alfonso López hijo de la “gata”, que purgaba una pena de 29 años de cárcel por el asesinato de periodista Rafael Enrique Prins. Por su irracionalidad, este tipo de nombramientos lleva a pensar que en cualquier momento pudiera hacerse efectiva la posesión de Luis Alfredo Garavito, convicto asesino en serie de niños y agresor sexual colombiano, como director del Instituto de Bienestar Familiar.
Otros beneficios que han generado gran controversia se encuentran en el proyecto de ley de sometimiento a la justicia. Se trata de disminuir las penas de los narcos y otros criminales hasta en un 40% y dejar en propiedad de aquellos el 6% de los bienes y recursos que denuncien como adquiridos dentro de actividades ilegales. Si se tiene en cuenta que las utilidades, bienes y recursos de estos bandidos son billonarios, este tipo de decisiones significan dejarlos prácticamente en libertad y disfrutando de una inmensa riqueza, que les permitiría “vivir sabrosito”.
Finalmente, el caso que encadena todos estos sucesos se da con las denuncias hechas contra el hijo del presidente. Una de ellas se refiere al supuesto pedido de dinero a narcos por parte de éste a cambio de ingresarlos a la ‘paz total’ que lidera la Casa de Nariño. La otra, efectuada por la exesposa quien reveló que el Nicolás Petro diputado del Atlántico recibió más de 600 millones de pesos del ex narco Santa Lopesierra y del turco Hilsaca, dineros que según la denunciante estarían orientados a financiar la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de la República.
Si bien la denunciante aclara que estos dineros no ingresaron a la campaña presidencial, sino que fueron apropiados por Nicolás Petro, lo cierto es que las anteriores denuncias no solo dejan entredicho la transparencia de la campaña presidencial de su padre sino, la de la política de Paz total, bandera de la campaña Petro y merecen (por las diferentes aristas que presentan), la atención de la Procuraduría, la Contraloría general, la Fiscalía y el Consejo Electoral.
Finalmente, es necesario que en la investigación en contra del hermano y del hijo del presidente se involucre también al actual comisionado de paz Daniel Rueda para que explique su relación con el llamado pacto criminal de la Picota.
