En la mañana del día viernes 23 de marzo entré a la biblioteca del colegio donde soy profesora y me encontré con un cuadro esperanzador, se trataba de una libre y entretenida lectura de dos pequeños y grandes protagonistas a la vez, dos niños de primaria que no pasaron inadvertidos ante los adultos que entramos en aquel lugar. Yo no pude seguir el ritmo de mi tarea porque ese cuadro avivó en mí y en mis colegas, la convicción del gran impacto positivo que tiene la educación que brindamos a los niños y jóvenes, y por ellos, a las familias que hacen parte de nuestra comunidad montelibanesa.
Este cuadro vivo toma especial relevancia justo en estos días en los que se expone en los medios una imagen distorsionada de la empresa que dio vida, y que durante más de treinta años ha sostenido a este colegio que es referente de formación integral en la región; la Fundación Educativa de Montelíbano es un colegio creado por Cerro Matoso con la misión de ofrecer un servicio educativo de alta calidad a la comunidad de Montelíbano (Córdoba), pero desafortunadamente este es un hecho que no vende ni atrapa la atención de la opinión pública y mucho menos la de quienes están ahora en medio de la jugosa demanda tan sonada en los medios de la desinformación. Es impactante para quienes conocemos la cara real de la situación y somos testigos de la importante inversión social que CMSA ha hecho en el Alto del San Jorge, que se ignoren sus aportes a la educación, así como todos los demás proyectos que velan por el progreso de sus habitantes y por la protección del medio ambiente.
Desde que llegué a Montelíbano supe del compromiso de Cerro Matoso con la educación, no solo con el sostenimiento de la fundación educativa, sino con el amplio abanico de generaciones beneficiadas con el programa de becas que promueve el acceso a la educación superior (sería interesante abordar los testimonios de estos beneficiados, algunos de ellos publicados en redes). A esto se suma la remodelación del edificio contiguo a la Fundación Panzenú, el cual fue donado al Sena con el propósito de brindar nuevas oportunidades de formación tecnológica de alta calidad, dirigido a los habitantes de Ayapel, Buenavista, La Apartada, San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano, beneficiándose así más de 200 mil habitantes. ¡Tremendo daño el que hace CMSA!
Es difícil comprender los motivos que tienen las personas que presentan quebrantos de salud afirmando que la explotación minera es la causante de todos sus males, y más aún el interés de la firma de abogados que dicen “defender sus derechos” cuando Cerro Matoso ha respondido por muchos de los compromisos y deberes que le corresponden al Estado. ¿Quién ha proporcionado mejoramiento de las condiciones básicas de las comunidades que hoy se lamentan de la explotación niquelera en Cerro Matoso? ¿Qué ha pasado con las regalías que se han destinado al mejoramiento del municipio?
Recientemente tuve la oportunidad de leer varios testimonios edificantes sobre la labor de Cerro Matoso, pero el que me pareció más interesante fue el de un exempleado de la compañía, quien luego de leer las publicaciones de la prensa a raíz de las supuestas decisiones de la Corte constitucional expuso que en una ocasión hicieron la inversión de 38 a 40 millones de dólares en la instalación de una chimenea, parte del proyecto de sistema de gases para uno de los hornos de la empresa, para cumplir no solo con las leyes colombianas sino con parámetros internacionales, que son mucho más exigentes. Ante esto, fue grande la sorpresa de los funcionarios del Ministerio de Ambiente, quienes manifestaron que “una inversión por la cual no se va a recibir un dólar de ganancia, es algo que nadie hace en Colombia”.
Una compañía que es referente para la industria nacional y que no ha sido sancionada en 35 años de funcionamiento por los exigentes entes de control del Estado, es una garantía de la seriedad en sus compromisos con las personas que hacemos parte de CMSA de modo directo o indirecto; sí, porque lo que gira en torno a la empresa que está siendo señalada en estos momentos, pone en entredicho la subsistencia no sólo de sus empleados, sino de todos los entes que se benefician a diario de ella: contratistas, proveedores, comerciantes, colegios, fundaciones y familias enteras en el Alto San Jorge.
Conviene acercarse con una mirada objetiva a la realidad de CMSA, a su influencia positiva en la región y admitir el progreso traducido en una cadena de compromisos sociales que tristemente no son valorados por muchos de sus habitantes que cayeron en la trampa de juicios resentidos y que aprovechan ahora la coyuntura política para sacar provecho personal. Inquieta el profundo interés de quienes ostentan el poder para “defender los derechos” de los “más vulnerados”.
