El debate acerca de la presencialidad en la educación y de las condiciones para lograrla se está tiñendo de populismo, tanto de parte del gobierno como de sus críticos, incluidas organizaciones y movimientos en trance electoral. A fotos de colegios públicos de formidable infraestructura publicadas en redes sociales por el gobierno, por ejemplo, se les oponen otras que muestran la precariedad de las dotaciones de las escuelas. Los afectados, finalmente, más de diez millones de niños y jóvenes, ven su futuro comprometido y los distintos actores han sido incapaces de armar una alianza efectiva y estratégica en defensa de sus derechos, particularmente el de la educación y la problemática de la presencialidad.
Por supuesto que los niños y los jóvenes necesitan de la presencialidad en la educación. Requieren de sus maestros y de la socialización con sus compañeros en espacios físicos. El confinamiento y el cierre de las instituciones educativas han tenido un fuerte impacto en su salud mental. Ansiedad, depresión, sentimiento de aislamiento, agotamiento, temor por el regreso a clases, incertidumbre, forman parte del abanico de estados por los que muchos atraviesan.
La presencialidad plena, sin embargo, resulta imposible. Después de un más de un año de ordenados los primeros confinamientos y los cierres de los colegios (en el mundo y Colombia) se nos aproxima un nuevo pico pandémico y las experiencias de Chile y otros países europeos, en donde, de lejos, ha habido mayor diligencia en las vacunaciones y, a pesar de ello, el número de contagios va en alza, nos recuerdan que el cuento va para largo. En Chile, el país juicioso de la clase, los colegios han retornado, casi en forma total, a la virtualidad, al menos hasta mediados de abril. Nadie se atreve a sugerir que en menos de un año habrá retornado la normalidad escolar del 2019.
La alternancia será, en el mejor de los casos, la fórmula para ofrecer el servicio educativo a más de 10 millones de niños y jóvenes en Colombia. En ciudades como Bogotá y Medellín, el retorno a clases ha sido un hecho gradual, aunque, ojo, nos referimos a un modelo en el que niñas y niños asisten a clase en forma presencial dos veces por semana. En Bogotá, en donde el proceso puede calificarse de exitoso, van 112 de 390 instituciones educativas que han aprobado los protocolos de bioseguridad para incursionar en el modelo. Sin que sepamos si habrá, de nuevo, suspensión de la presencialidad por el tercer pico…
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Alternancia será el modelo que nos regirá para 10 millones de niños y jóvenes, pero alternancia sin internet no es posible
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La alternancia, sin embargo, es un modelo difícil de poder en marcha, por decir lo menos, en un país en el que cerca de la mitad de los hogares carece de acceso a internet o a dispositivos. En el campo, no más del 5% de los hogares rurales cuenta con conectividad; es un hecho en la zona rural de Bogotá, en el Caquetá o en las costas. Y en las ciudades, con mayor cobertura de acceso que en el campo, para muchos niños y jóvenes el acceso a la red, aún con deficiencias, era posible, justamente, en las sedes educativas. De ahí que, para millones de niños y jóvenes, las cuarentenas y la suspensión del servicio educativo han representado una ampliación de las desigualdades. Ignoramos la magnitud de la deserción escolar en áreas desconectadas, del aumento del trabajo infantil, especialmente en áreas rurales.
No podemos olvidar que de los algo más de 10 millones de niños y jóvenes matriculados en la educación preescolar, básica primaria y media, más del 80 % corresponde a la educación pública. La falta de conectividad y de otros elementos clave en la dotación, afecta a los estudiantes de las instituciones educativas públicas.
El mapa de la pandemia, así como el de la conectividad, muestra inmensas disparidades en el país. Es un despropósito referirse a soluciones de orden nacional, sean desde el gobierno nacional o de las organizaciones sindicales. Es probable que puedan promoverse esquemas de mayor presencialidad en áreas con criterios que atiendan características propias de los territorios. Por ejemplo, dar prioridad a zonas de baja prevalencia de covid y, simultáneamente, reducidas tasas de acceso a internet, en las que la virtualidad se dificulta.
Hay, también, protagonistas importantes en el interés por la presencialidad: los padres. Con o sin conectividad, la vida de los hogares se ha visto trastornada por las enormes dificultades de madres y padres en la pandemia. Bien porque hayan perdido el empleo, bien por la necesidad de acompañar a los hijos en la virtualidad (¿hay algún niño en los primeros grados que tenga la capacidad de asistir a clase virtual, atento, sin apoyo?) y, en muchos casos, por dejar de percibir, de forma obligada, ingresos. ¿Podemos imaginar la situación de madres cabeza de hogar con hijos que dejan de asistir al colegio? Hay que recordar que, al menos durante un año, en el mejor de los casos, el modelo que regirá será el de la alternancia.
Dentro de los padres de familia hay que incluir, desde luego, a los mismos docentes. Satisfacer las obligaciones académicas en forma virtual, preparar clases, evaluar, corregir, a la vez que acompañar a los propios hijos, es tarea descomunal. Se han crecido en este año, el más difícil de sus carreras.
Es entendible que los docentes de mayor edad, sin vacunas, se encuentran en alto riesgo de cara al virus y están en su derecho de manifestar sus temores y no pueden ser despedidos por ello.
Alternancia será el modelo que nos regirá. Alternancia sin internet no es posible para millones de niños. Internet debe ser garantizado por el estado como parte determinante del derecho a la educación. La presencialidad es un tema complejo que debe tratarse con responsabilidad y con la mira del interés superior de niñas y niños.
