En derecho penal, según los tratadistas, la prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad criminal basada en el trascurso del tiempo. Para la prescripción de la acción penal es indispensable que se haya agotado el plazo señalado por la ley para poder ejercerlo, plazo que comienza a contarse desde la fecha de comisión del delito, y su duración varía de acuerdo con la legislación que se pretende aplicar.
Para nadie es un secreto que la nueva táctica de los abogados en Colombia es implementar maniobras dilatorias con el fin de lograr la prescripción de los cargos por los que son procesados. Lo que pretenden algunos penalistas, con la complicidad inexplicable de ciertos jueces, es que el tiempo pase para que varios de sus comportamientos delictivos queden en la impunidad a través de la figura de la prescripción. "Se encuentra en riesgo la efectividad de la justicia" afirma la Fiscalía, al considerar que no se pueden seguir aceptando dichas maniobras dilatorias que contribuyen a que se prescriban las acciones penales debido a los constantes e injustificadas solicitudes para aplazar el normal desarrollo del juicio.
Los colombianos casi con total certeza nos vamos a quedar sin conocer el papel de Odebrecht en la reelección de Juan Manuel Santos. Para la periodista Vicky Dávila, “En el Consejo Nacional Electoral, en el que investigan la entrada de dineros de Odebrecht a la segunda vuelta de la reelección de Santos, las cosas no están mejor. El expresidente anunció que su respuesta sería por escrito, no personalmente. Así ningún magistrado podrá controvertir su versión. Mucho más seguro, ¿no?... Allí todo terminará en nada, apoyado en la teoría de la prescripción que amamantó la Procuraduría de Fernando Carrillo en las primeras indagaciones, y que terminó condicionando y asustando a los eternos ineficientes magistrados del CNE, que constantemente eran llamados a rendir cuentas al despacho de la Procuraduría. Ellos lo cuentan con miedo todavía; aseguran que el gran cerebro de que no pasara nada fue Carillo. ¿Será?”. Por otra parte, en carta enviada al Consejo Nacional Electoral, el representante legal del Partido de la “U” dice que el expediente contra el expresidente prescribió. Según el diario El Espectador la petición de Álvaro Echeverry Londoño, actual secretario y representante legal del Partido de la “U”, fue radicada el 30 de agosto pasado y remitida a los nueve magistrados del CNE para su estudio inmediato. La tesis de Echeverry Londoño es que este expediente nació muerto. “De las anteriores precisiones se concluye que caducó de pleno derecho desde 2017 la facultad sancionatoria del Consejo Nacional Electoral en los términos expuestos en este escrito, al haber transcurrido más de tres años desde 2014 a partir de la ocurrencia de los hechos que dan origen a la presente indagación preliminar”.
Si las posibilidades que salga algo en el Consejo Nacional Electoral son bajas,
en la Comisión de Acusaciones de la Cámara
son casi inexistentes
Y si las posibilidades que salga algo en el Consejo Nacional Electoral son bajas, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara son casi inexistentes. El país recuerda lo que fue el Proceso 8.000 cuando el presidente Ernesto Samper fue investigado en el Congreso, pero finalmente los cargos se archivaron en 1996, entre otras cosas, por la intervención del entonces presidente de la Comisión de Acusación, Heyne Mogollón que, según William Rodríguez, habría sido sobornado para redactar un documento favorable al presidente. “Le dimos un dinero a Mogollón para que cogiera más valor. Aunque él estaba recibiendo de nosotros y también estaba recibiendo beneficios del presidente”, afirmó Rodríguez, unos de los integrantes del Cartel de Cali. Hoy en día en la Comisión de Acusaciones se puede estar cocinado un tamal similar al del proceso 8.000 dado que el autonombrado presidente de dicha Comisión, el representante del partido de la “U” por el Departamento de Cauca, John Jairo Cárdenas es un consumado admirador, por no hablar de adulador, del expresidente Santos. Con razón Vicky Dávila afirma en su último artículo en Semana: “¡Sin palabras! John Jairo Cárdenas debe renunciar, aunque sea por decencia. Él no puede investigar al expresidente. No queremos tener otro descarado Heyne Mogollón como en las épocas del expresidente Ernesto Samper y el Proceso 8000; este país no resiste otro “mogollonazo”.”
Doble a sencillo, amigo lector, que la verdad sobre a dónde fueron a parar los sucios fondos de Odebrecht, los colombianos nunca lo vamos a saber.
