El avance de los actuales diálogos de paz en La Habana, entre el Gobierno colombiano y las Farc, debe verse reflejado en la excarcelación de prisioneros políticos antes de la suscripción del acuerdo final de terminación del conflicto. No tiene sentido que se aproxime el punto sobre revisión de la situación jurídica de las personas condenadas o procesadas por pertenecer o colaborar con las Farc sin que las partes en diálogo abracen la posibilidad de abrir las puertas de las prisiones para quienes han sido confinados por razones netamente políticas, y en consecuencia del conflicto armado.
La sociedad colombiana, si anhela la paz estable y duradera, debe preparase para desprenderse de prejuicios, odios y rencores, muchos de ellos azuzados por medios masivos de comunicación con intereses en la guerra; el país debe recibir a los miles de colombianos que fueron confinados por razones políticas y en ocasión al conflicto, para que aporten en la construcción de la democracia desde sus opiniones e ideas de bienestar común.
Tiene razón la sociedad colombiana en sentir miedo; cómo no tenerlo si ha sido víctima de la distorsión de la realidad y la imposición de un lenguaje de odio desde las grandes cadenas de comunicación y la institucionalidad, sobre todo en tiempos de la seguridad democrática, donde toda disidencia o labor de denuncia fue considerada como “apología al terrorismo”; pero los tiempos están cambiando y, poco a poco, estamos conociendo las razones y las formas del cómo se inició y se ha desarrollado el conflicto social y armado colombiano. El conocer estos orígenes ayuda al país a entender que la personas privadas de la libertad en razón del conflicto no son ni ángeles ni demonios, son una consecuencia más del mismo, y muchas de ellas hasta tienen la condición de víctimas.
Desde esas lógicas de distorsión de la realidad se ha negado la existencia de prisioneros políticos. Los medios han conducido a la opinión pública a referirse únicamente a los “presos de la guerrilla”, ocultándole de manera descarada al país la existencia de miles de personas encarceladas no solo por rebelarse ante el Estado, sino por atreverse a ejercer el pensamiento crítico, la protesta social y la defensa de los derechos humanos, como es el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, el defensor de Derechos Humanos David Ravelo, los integrantes de la Marcha Patriótica, el líder social y sindical Huber Ballesteros y los defensores de Derechos Humanos Edgar Montilla, Ingrid Pinilla, Samuel Rojas y Ramiro Aterhortua, así como los integrantes del Congreso de los Pueblos recientemente encarcelados.
Este es el momento donde muchos y muchas colombianas esperamos verdaderos hechos de paz que abonen a la verdad histórica, donde se reconozca que la prisión política se ha usado como un arma de guerra en Colombia; en consecuencia, el Estado ha cometido abusos, ha consumado detenciones arbitrarias y montajes judiciales contra líderes sociales y populares, profesores, estudiantes, sindicalistas, defensores de derechos humanos y muchos civiles que viven en zonas altamente afectadas por la guerra quienes, sin ninguna condición, deber ser liberados.
Así mismo, la mesa de La Habana debe tener en cuenta que muchos de los prisioneros políticos, combatientes de las guerrillas o civiles estigmatizados, han sido confinados hasta por más de ocho años bajo investigaciones o condenas asociadas con el accionar rebelde. Muchos casos en flagrante violación a las garantías procesales y el debido proceso o a la espera de juicio en medio de la prisión, tiempo en el cual también han sido victimizados, con hechos de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, ya sea al momento de la captura o en desarrollo del tratamiento penitenciario, como se constata en los 71 casos de prisioneros políticos publicados en la Carta Humanitaria Internacional, para quienes han pedido libertad el premio nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel y otras personas del mundo de la academia y los derechos humanos.
Es absurdo no pensar en que muchos y muchas de estas personas privadas de la libertad tienen derecho a ser liberados, máxime si echamos un vistazo atrás y recordamos que muchos paramilitares han purgado tan solo ocho años de pena máxima por crímenes de lesa humanidad confesos, masacres y ejecuciones extrajudiciales que gozan de impunidad y en nada han aportado a los estándares de verdad, justicia y reparación. Por el contrario, estos actos de odio y sevicia contra la población nada han tenido que ver con un interés altruista de bienestar común, sino con interés individuales asociados al gran capital, al despojo y al desarraigo contra los humildes y los pobres del país.
Es necesario para la paz, para el país, para el continente, el reconocimiento por parte del Estado colombiano de la existencia de los prisioneros políticos y, en consecuencia, avanzar en ordenar sus liberaciones conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y la Constitución Política de Colombia, como forma de reconstrucción de la sociedad, de la verdad historia y reparación de los daños de quienes han padecido la prisión política.
*Abogada Titulada en la Universidad del Atlántico. C/ Magister en DDHH de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Directora de la Fundación Lazos de Dignidad – ONG de DDHH. Defensora de Derechos Humanos y de Prisioneras y Prisioneros Políticos en Colombia durante 11 años. Experta en Litigio Penal y Penitenciario.
