Tuvimos la oportunidad de interactuar académicamente en Madrid con varios colegas y amigos. Los puntos de encuentro sobre lo general, no son hoy de gran dificultad: no la hay sobre temas generales como el modelo de Estado o los derechos fundamentales; sin embargo, se va creando preocupación cuando surge en el discurso la retórica sobre la realidad ‘in situ’ de los derechos humanos y eclosiona la pugnacidad cuando nos adentrarnos en puntos ‘suaves´ de los que, en verdad, ni se quisiere ni oír: ¿qué pasa con la justicia? -situación actual Colombia-. O, por qué encontramos los estados en opacidad? -punto Cataluña. Y, ahí es Troya.
Debates interesantes, hallamos en todas partes; aquí y allá, son temas del común; no se requiere ser un experto, un erudito para entender su importancia, la necesidad de su análisis y, sobre manera, el cómo resolverlos. Curiosamente en uno y otro tema en lo primero en que se piensa es en reformas. Ya lo hemos dicho: no son necesarias.
Para el valor justicia el punto no es de reformas sino un acuerdo nacional sobre la crisis en que han caído las personas y, por supuesto, seguir protegiendo el valor. Allá igual. Qué más que la autonomía otorgada y la situación, casi país, en protección y desarrollo que ofreció y ofrece España con reconocimiento como comunidad. Que hace falta reforma, no se crea.
Para el valor justicia el punto no es de reformas
sino un acuerdo nacional sobre la crisis en que han caído las personas
y, por supuesto, seguir protegiendo el valor
Cuando se avanza en puntos de análisis, de intervención, de diálogo, nos preguntamos cuál es el interlocutor en casos de corrupción y debemos responder que ante la circunstancia de posibles hechos punibles la única y válida intervención es la de autoridad competente; empero, si es la propia autoridad la que se ha corrompido, cómo seguir. No obstante, una voz de aliento se debe: el valor justicia es incorruptible.
Ninguna solución parece aproximarse, solo alarmas, angustias, desasosiego. Y, allá, en la madre patria, no debería haber salidas diferentes a la institucionalidad española. Así lo entienden muchos, pero se está en vilo sobre los desarrollos.
Muchas preguntas, señoras y señores, muchas. Surgen inquietudes: ¿De dónde vino la crisis de corrupción en la justicia? ¿Desde cuándo se estaba dando? ¿Cuál la apuesta de Estados Unidos en el tema? ¿Cuál el modo de operación real de esos actos de corrupción que hoy se conocen, tienen a todos atónitos, y son del todo repudiables? ¿Por hacer un poco de debate, hasta dónde llegaron los tentáculos de la corrupción? Ya se sabe, por lo menos, de un caso en la Corte Constitucional y otros se estudian y, por supuesto, se deben aclarar con prontitud pues volver, retomar después de un tiempo, a otros escenarios sería no solo patético sino indeseable y, con grave daño institucional. ¿Cuál la razón para que un magistrado, que aparece implicado en la investigación, no le haga el bien a la justicia de retirarse? La magistratura no es solo un cargo más, un empleo adicional, sino un honor; al respetarlo se protege la institucionalidad; favor muy pequeño al carácter de la magistratura la mera solicitud de licencia; por ello urge, insisto, implementar un cambio reglamento de las cortes, para posibilitar la separación del cargo de funcionarios que en ciertas condiciones pongan en riesgo la función y el mandato. Por fortuna tanto la academia, en especial la Academia Colombiana de Jurisprudencia, como algunas de las asociaciones de abogados y otros se ha venido pronunciando en tono de reproche y, en algunas oportunidades de forma propositiva, como, repito, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en buenahora. De resalto, los simposios realizados en la Pontificia Universidad Javeriana (4 certámenes de reflexión, el 10 de octubre, el último). A pesar de ello aún se echa de menos el pronunciamiento de universidades, las Ong, por poner algunos ejemplos, ya que es la sociedad toda la que debe producir el rechazo, el análisis y, la proactiva propuesta.
Urge, insisto, implementar un cambio reglamento de las cortes,
para posibilitar la separación del cargo de funcionarios
que en ciertas condiciones pongan en riesgo la función y el mandato
Y, allá -en España-: ¿cuál el empeño del separatismo? ¿Cuáles los riesgos para el comercio? ¿Cuáles los riesgos financieros? ¿Cuáles los de mercado? ¿Qué razones constitucionales los impulsan? ¿En la base de la autonomía no existe entonces, el paso por el acuerdo y la autonomía? ¿Cuál fue la verdad de la consulta del domingo 1 de octubre? ¿Cuál la participación? ¿Cuáles los daños ocasionados a la institucionalidad? ¿Cuál la realidad en la participación en ese ejercicio popular? ¿Hay dudas? Y, ¿cuál la razón de la impactante manifestación en contra de la separación? En fin, el perjuicio es evidente.
En resumen, muchas preguntas sin respuesta real. Como se dice: Falta retorno.
Son preguntas de urgente resolución. Aquí y allá.
