La pandemia nos mostró la fragilidad latente en nuestros cuerpos, mentes y economías. También nos reveló, quizás por primera vez con una contundencia global, que los efectos del deterioro de la naturaleza son una amenaza para nuestras civilizaciones. Existe un consenso científico sobre la relación entre la degradación de los ecosistemas y la migración de los virus a entornos y cuerpos humanos. A pesar de que todas las personas sufrimos algún impacto en mayor o menor medida a lo largo del último año y medio, la regeneración de las condiciones naturales no se volvió un tema prioritario en las discusiones públicas, y tampoco es probable que lo sea en las electorales.
Y como dice un amigo, la pandemia es solo un amistoso frente a las amenazas ambientales actuales: la crisis climática, la pérdida de la biodiversidad, la fragmentación y el deterioro de los entornos naturales, y la pérdida de soberanía de pueblos y comunidades que han cuidado la naturaleza durante décadas tienen consecuencias cada vez más palpables. Ya hemos visto el aumento en la frecuencia e intensidad de sequías, incendios y huracanes, seguidos de crisis humanitarias y migraciones forzadas como en Centroamérica. Los informes de organismos autorizados como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático muestran los altos niveles de consenso científico sobre el mantenimiento e intensificación de eventos climáticos extremos.
Y dan ganas de mirar para otro lado, pensar que habrá vacunas para todos los males y que nuevas tecnologías nos salvarán a la víspera de cualquier desastre. Pero esta es una opción tan insensata como irresponsable. Estamos en el punto en el que todavía podemos revertir tendencias, retrasar impactos mientras nos adaptamos, cambiar rumbos. Todavía. Y es deber de la política, el lugar del diálogo y los acuerdos sociales, encontrar la manera de hacerlo. La mayor crisis que enfrentamos como especie no puede pasar desapercibida del debate electoral.
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Todavía podemos revertir las grandes amenazas ambientales, retrasar impactos mientras nos adaptamos, cambiar rumbos y es deber de la política encontrar cómo hacerlo
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La ciudadanía tiene que poner un estándar electoral tan alto como sus preocupaciones por el futuro de sus hijos, el cariño por sus ríos o montañas o, sencillamente, su propia necesidad de respirar y comer. Algunas preguntas que deberían estar en el debate, entre muchas otras, son las siguientes:
¿Cómo contribuimos a combatir la causa principal de la crisis climática que consiste, precisamente, en la extracción y quema de combustibles fósiles? Aunque no se usen dentro de nuestras fronteras, el carbón y los hidrocarburos que se extraen en Colombia calientan la casa común y tienen efectos en nuestros propios ritmos de sequía y lluvias, en la agricultura, en las islas, en la Amazonía. ¿Qué proponen las personas que quieren ocupar cargos de elección popular? ¿Seguir explotando mientras haya mercado y apostarle a nuevas formas más invasivas y riesgosas como el fracking?
¿O girar el timón y gestionar una disminución gradual con un horizonte determinado de tiempo? Las enormes implicaciones que tiene este propósito no son motivo para desecharlo. Al contrario, invitan a reflexiones serias de política pública que incorporan a todos los sectores y que pueden ser una oportunidad maravillosa para estimular nuevas economías, diálogos y consensos:
¿Cómo se promueve una sustitución de exportaciones? ¿Cómo se desestimulan, poco a poco, los usos de hidrocarburos en el transporte, la agricultura, la industria y el comercio? ¿Cómo se racionalizan los usos de energía para usos colectivos como transporte público y se desestimulan los usos privados como el carro individual? ¿Cómo el transporte público se vuelve eléctrico? ¿Cómo se promueven formaciones académicas y técnicas dirigidas a detectar soluciones climáticas y fortalecerlas? ¿Cómo se capacitan trabajadores del sector minero energético para brindar un servicio favorable a la naturaleza?
Por otro lado, ¿cómo protegemos el privilegio de ser uno de los países más biodiversos del mundo? Nuestra riqueza natural nos hace menos vulnerables a las crisis. Todavía tenemos agua, suelos fértiles, variedades de semillas, sistemas naturales capaces de regularse y protegernos de los virus. ¿Qué importancia le dan los candidatos al sector ambiental en términos programáticos y presupuestales? El territorio es uno y todos sus elementos naturales están interconectados. ¿Seguirán compartimentando las políticas públicas por sectores que se anulan entre sí? ¿Continuarán promoviendo figuras de ordenamiento territorial que privilegian y catalizan trámites a megaproyectos destructivos (desde mineros, hasta de infraestructura o agroindustriales) sobre cualquier otra consideración ambiental o social?
Y para terminar esta columna, ¿cómo la protección ambiental a la vez genera oportunidades de redistribución, de generación de nuevas condiciones democráticas, reconciliación y construcción de paz? Ni la transición energética ni la conservación de la biodiversidad deberían continuar las prácticas del extractivismo, de imponerse a las malas sobre la voluntad y condiciones de vida de la gente. Las transiciones a las que nos obliga esta crisis ecológica deberían ser una oportunidad para profundas transformaciones en las formas de decidir sobre el territorio. En Colombia no sólo tenemos, todavía, agua, suelos y semillas; todavía tenemos comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas y urbanas que saben cuidarlas y regenerarlas. ¿Cómo pasan a ser protagonistas en este camino?
