Acaba de realizarse el Encuentro Nacional Popular Comunal en la Universidad Nacional de Colombia para conmemorar los 65 años de la acción comunal en el país y a su vez se ha presentado una nueva estrategia de vínculo directo de la acción del Estado central con los territorios, especialmente con los más apartados en las orillas rurales y urbanas. El evento muestra líneas muy promisorias y significativos riesgos que es necesario examinar.
La historia de la acción comunal ha sido una trama de luces y sombras; llegó como parte de una estrategia de modernización para América Latina, haciendo énfasis en el desarrollo de la comunidad; se sembró inicialmente como un operativo internacional para incidir desde los organismos multilaterales nacientes, con asistencia social y económica en el “tercer mundo”, en la perspectiva de detener la “amenaza comunista” y aportar a la integración de las “sociedades en desarrollo” desde el objetivo de ampliar la democracia liberal y los mercados; así se abrió un escenario para la alfabetización ciudadana de la población, para la presencia micro territorial del Estado con políticas sociales incipientes, dirigidas a afrontar la pobreza y a prevenir las violencias con refinados mecanismos de control.
Con la institucionalización de la acción comunal en los años 60, muy ligada al período bipartidista del Frente Nacional, las juntas se constituyeron en un factor de organización social funcional a las políticas del gobierno de turno; es decir, se convirtieron en instancias para bajar los servicios y ejecutorias gubernamentales al mundo de las necesidades cotidianas, aclimatando las respectivas clientelas políticas partidarias, con la construcción de infraestructura de vías, acueductos y viviendas. En el contexto de las movilizaciones rurales y urbanas de los años 70 y 80, las comunales se ampliaron en el territorio y emergieron como posibilidad de nuevas interpretaciones de las necesidades, de los derechos y del habitar colectivo; estas nuevas expresiones más autónomas, comenzaron a ser parte de un gran clamor de cambio y a su manera, fueron parte de los vientos de modernización del régimen municipal, de la descentralización política y de la renovación de los cargos de elección popular a nivel local.
Sin embargo, desde entonces se mantiene una gran tensión entre la posibilidad de una política pública que fomente la renovación comunal por vías democráticas, que impulse la gobernanza territorial, la promoción de la participación solidaria en barrios y veredas, que vivifique la democracia local, y las realidades de cooptación política, de instrumentalización de estos mecanismos organizativos para el establecimiento de clientelas que apropian indebidamente los recursos de las comunidades y desconocen otras formas organizativas. En medio de ese panorama, en Colombia hay juntas de muy diverso tipo, las hay de gran base popular y las hay autárquicas y desconocedoras de sus bases, las hay como plataformas participativas y las hay excluyentes y dedicadas a usufructuar particularmente de los bienes y servicios comunales.
En sus 65 años el camino comunal ha estado sembrado de luchas sociales, de victimizaciones de sus liderazgos cuando se han puesto al servicio de defender los derechos y la vida de las comunidades, pero también han estado rodeadas de cooptaciones e instrumentalizaciones; en décadas, la confrontación asociativa ha sido entre los modelos de democracia más directa y sustantiva, de participación popular, de fraternidad y vocerías democráticas, y los modelos representativos clientelares que posicionados como mecanismos de intermediación excesiva, no han sido factor de una verdadera integración social en los territorios.
Hoy, en el contexto de un viraje de las políticas sociales, las juntas comunales vuelven a ser convocadas, esta vez por el gobierno de Gustavo Petro, a ser parte de un programa de país, como actores claves para la transformación cívica de los territorios. El contenido de esa estrategia es un llamado a la democratización y a la ampliación de la base social, a fortalecer sus capacidades político-administrativas, jurídicas y financieras, a constituirse como empresas solidarias que impulsen una gran canasta de iniciativas socio territoriales inscritas en el Plan Nacional de Desarrollo para hacer de Colombia Potencia Mundial de la Vida, en aspectos como la atención en salud, el fortalecimiento de la economía popular, la construcción de vías e infraestructura de educación y servicios públicos básicos a través de las alianzas público-comunales, a impulsar la seguridad y soberanía alimentaria, la transición energética, la conectividad y el turismo sostenible, la protección ecológica y la promoción del deporte y la cultura, sin dejar de lado la tarea comunal de acompañar la construcción de paz total
Hay quizás algunos riesgos en esta convocatoria a forjar una alianza gobierno-comunales que es necesario discernir, para valorar el alcance y posibilidades de la generosa iniciativa del gobierno nacional: el mundo popular colombiano, urbano y rural, tiene una gran diversidad de expresiones formales e informales que en teoría confluyen o podrían confluir en las juntas, pero no sucede así en la práctica y esto acontece porque la democracia local es más social, interétnica, intercultural , intergeneracional, de género, interseccional, que formal; la junta más democratizada del país en cualquier territorio no agota la gran cantidad de expresiones participativas que también demandan espacios y oportunidades para ser artificies de los cambios que clama este tiempo.
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Los alcaldes y gobernadores se pueden preguntar con razón cuál es su papel en esta nueva agenda
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En otro frente, los alcaldes y gobernadores se pueden preguntar con razón cuál es su papel en esta nueva agenda, pues si no existen las sinergias adecuadas se puede terminar viviendo un fenómeno de recentralización y desconocimiento de funciones y competencias propias del régimen municipal, distrital y departamental, ¿cómo evitar centralismos en estos procesos?, finalmente hay una inquietud que está asociada con la necesidad de superar un mal endémico en las juntas comunales, que está ligado al fenómeno de la cooptación de organismos de participación ciudadana por castas y redes clientelares ligadas a la corrupción.
Hay expresado un nuevo horizonte de transformación social en Colombia y las Juntas tienen la oportunidad de ser factor de cambio frente a múltiples formas de politiquería y clientelismo. No es fácil, pero hay un camino. Se necesita eso sí que el proceso anunciado resuelva con un sentido práctico los retos de democratizar el país y de reconciliar la esfera pública con los territorios, donde se reproducen, a nuestro pesar, micro centralismos y autoritarismos en el actuar social e institucional.
