La democracia en América, la de norte y la del sur, ya no se parece a la que en 1835 Tocqueville reconoció diciendo que nada lo había sorprendido más que la igualdad de condiciones y su influencia prodigiosa sobre la marcha de la sociedad y de su revolución democrática. No es la época de reyes que se arruinan en las grandes empresas, si no de potentados que saquean al estado, no es la de nobles que se agotan en las guerras privadas, si no de élites que se lucran de guerras de beneficio privado adelantadas con recursos públicos. No es la época en la que los labriegos se enriquecen con el comercio, sino que son despojados por este y el negocio legal/ilegal es la fuente que nutre la barbarie y alienta a los poderosos y, los financieros ya son un poder político al que se desprecia y adula al mismo tiempo.
Colombia hace la síntesis de todo eso y refleja que la mejor forma de decir ya no es hacer, como decía Martí, si no imponer una mentira y sacarla adelante. La relación Estados Unidos-Colombia no puede leerse como de equilibrio o amistad recíproca, si no como una fórmula de sumisión de élites que tienen muy claro que con el gobierno de EE. UU. se configura la agenda del poder local y eso no lo discuten. Así ha ocurrido en gobiernos civiles o militares y así será en el 2019, según la agenda del presidente: reinventar la guerra interna, destruir y reconstruir a Venezuela y hacer de cada bien público un mal negocio. Es una dinámica de líneas paralelas. Por la línea interna, empuja el proceso de paz hacia una renegociación judicial, que doblegue el acuerdo político y lo sustituya paulatinamente, a la par que busca una excusa creíble que otra vez convierta a la guerra en fuente de inspiración y legitimación. El gobierno está urgido por terminar de crear al enemigo interno, para decretarlo y justificar la violencia que lo reafirme en el poder. Por la línea externa se esmera en demostrar que es el aliado perfecto de EE. UU. para liderar el complot contra el gobierno hermano y mantener viva la esperanza de concretar una invasión militar, antes que las olas migratorios pierdan su entusiasmo aquí y allá y entiendan que después de la guerra unos se quedarán con las riquezas, otros con el poder y ellos se quedarán con nuevos horrores y con sus propios muertos pero sin tierra para enterrarlos.
Ni teórica ni empíricamente puede decirse que Colombia avance en democracia, aunque se pregone o se intente exportar como modelo y referencia de otros. Se sigue matando como en el peor momento de barbarie y se trata a la ciudadanía como subalterna y delincuente, conforme a su lugar en el estrato, usado para marcar a las víctimas e identificar con mayor precisión a los poderosos que pueden gozar de impunidad y privilegios. El gobierno da muestras de tener angustia por su propio futuro, no por el del país, porque se le pasa el tiempo y no logra consolidar un mecanismo de escape, que le permita desencadenar su doble propósito de poder basado en la violencia. Del lado interno requiere al enemigo decretado para desplegar su fuerza y tratar de conjurar la presión social que ejercen amplias mayorías inconformes y ahogadas en impuestos impagables, precariedad y deficiencias en todos los sistemas sociales, mientras la injusticia crece entre impunidad y corrupción y; del lado externo requiere justificar conexiones con ese enemigo interno, que valide su retórica y facilite posibles ataques al territorio vecino con servilismo e intenciones coloniales para que américa sea toda de los americanos liderados por Trump y sus seguidores Bolsonaro, Duque, Macri y Lenin.
Dentro de las fronteras la depredación humana, anuncia que hay fascismo, aunque se pregone democracia, si se toma como base la secuencia de asesinatos selectivos, cuya rudeza ya supera al enero de 2018, que con 28 líderes sociales asesinados, valió para que el alto comisionado de derechos humanos en Colombia (Zeid Ra’ad) calificara la situación de alarmante por el elevado número de activistas y defensores de derechos humanos asesinados. 2019 en solo 6 días supera la tendencia del destino sangriento, que en fascismo serían simples crímenes o neutralizaciones, a la usanza de los falsos positivos, pero que si es en democracia, hacen responsable directo al presidente de la república, por tratarse de personas especialmente protegidas (líderes y defensores/as) y que por no ser fortuitas si no sistemáticas consecuencias de una violencia criminal (ya no atribuibles a la insurgencia), el gobierno se ve obligado a mirar hacia el único actor que no ha cambiado su posición: las elites y junto a ellas militares y terceros, actuando en connivencia o aquiescencia con el estado.
El gobierno ofreció democracia, pero entrega fascismo, según su actuar ajeno a las demandas del país, con nulo interés por desmontar internamente las empresas criminales, con negativa a llevar a juicio a los responsables de delitos de lesa humanidad, incrustados en batallones, brigadas y despachos, y sin ataques al modus operandi de sicarios que ejecutan, paramilitares que ordenan y militares y terceros que planean. Tampoco le interesa eliminar de la doctrina castrense la creencia en que “todo individuo descontento o inconforme es un enemigo en potencia”. Es decir no le asiste interés democrático por centrarse en un marco de tolerancia cero ante el ataque a líderes o defensores de derechos, ni tiene interés en superar situaciones graves como el estado de cosas inconstitucional del desplazamiento forzado (encubierto con migración). Tampoco defender, reconocer y proteger a las víctimas del conflicto armado. Menos, fortalecer las estructuras de la Justicia Especial de Paz y buscar la verdad, garantizar la devolución de tierras despojadas o simplemente impedir que agentes del estado o que actúen a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia mantengan su patente de corso para cometer los actos atroces que cometen contra la población civil negando las normas de coexistencia humana. El presidente capitanea el barco colonial hacia el país vecino y el suyo naufraga.
