Los residentes de los sectores de Lagos de Torca, Guaymaral y la Reserva Van der Hammen venimos alzando la voz en contra de las abusivas tarifas cobradas por la empresa COJARDIN S.A. E.S.P., que detenta el monopolio de los servicios públicos domiciliarios en la zona.
Como se evidencia en las facturas anexas de predios de la zona, el costo total (alcantarillado + acueducto) del metro cúbico de agua llega a $37.744 por metro cúbico sin ser consumo suntuoso, convirtiéndose en uno de los más caros de Bogotá.
Esta cifra exorbitante contrasta con la realidad de que estos predios se encuentran en áreas donde no existe un servicio de alcantarillado, a pesar de lo cual se cobra este concepto al 100% de la tarifa.
La falta de proporcionalidad y equidad en las tarifas es evidente. Los residentes deben pagar por un servicio que no están recibiendo, violando así sus derechos fundamentales como consumidores. Además, la facturación se realiza mensualmente, lo que multiplica el costo para los usuarios.
En ausencia de alcantarillado, COJARDIN S.A. E.S.P. debería cobrar únicamente los costos operativos de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), lo que representaría una fracción del monto actual. Sin embargo, la empresa ha optado por mantener tarifas desproporcionadas, aprovechando su posición de monopolio en la zona. Cabe mencionar que las PTAR no son de Cojardin, estas son propiedad de los conjuntos residenciales.
La pregunta que surge es: ¿cómo la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá entregó la concesión y el monopolio de todo este sector a COJARDIN S.A. E.S.P.? Los residentes exigen respuestas y acciones contundentes para poner fin a esta situación.
Ante la inacción de las autoridades competentes, los usuarios estamos organizándonos para para defender sus derechos y exigir a los entes de control que regule y vigile las tarifas incluyendo acciones legales colectivas para lograr que se respeten nuestros derechos como consumidores y se establezcan tarifas justas y proporcionales.
Hay un profundo malestar en la comunidad, que se siente desprotegida y vulnerable frente a los abusos de una empresa que detenta un monopolio peligroso y la necesidad de que las autoridades (Superservicios) actué con urgencia para garantizar la equidad y el respeto a los derechos fundamentales de los residentes.
